Todo el peso de la estrategia anticrisis para enfrentar los que ya se consideran efectos devastadores de la recesión económica mundial sigue recayendo en el Banco Central, mientras el gobierno continúa su política de oídos sordos a los reclamos de la sociedad de que no solo ponga un stop a los compromisos que implican la expansión del gasto público, sino que mejore la calidad del mismo.

A pesar de que las teorías económicas están siendo muy cuestionadas vale la pena recordar que la experiencia revela con claridad en cuales momentos corresponde a la política monetaria llevar la principalía en la lucha contra la reducción del crecimiento de las actividades económicas. Cuando la economía pareciera estar en la trampa de la liquidez, situación actual, corresponde a la política fiscal desempeñar el papel de motor del crecimiento.

Desde hace casi un año las economías desarrolladas vienen bajando las tasas de interés drásticamente a fin de reanimar la inversión y el empleo, pero éstas no reaccionan. Por el contrario, todos los días se anuncia la quiebra de una importante empresa como el emporio norteamericano de Donal Trump o la empresa automovilística sueca Saab. Más aún, las revisiones de las proyecciones del FMI y de las agencias calificadoras de riesgos en vez de reflejar optimismo, muestran pesimismo sobre las perspectivas económicas para los próximo dos o tres años.

Con razón las economías desarrolladas están procediendo por el lado fiscal, otorgando recursos al gobierno central para la ejecución de un amplio y profundo plan de obras públicas y de gasto social que dinamice el aparato productivo. Las que arrastran déficits fiscales (DF) corren un riesgo de altas expectativas inflacionarias. Las que cuentan con finanzas equilibradas y altas reservas internacionales netas como China tienen mayor capacidad de maniobra. Y es que los DF conducen inevitablemente a presiones inflacionarias.

A las medidas de flexibilización de las normas bancarias que el Banco Central viene aplicando desde finales del año pasado, para producir una tendencia a la baja en las tasas de interés de la banca, adiciona en esta semana la reducción de un 2 por ciento en las reservas de encaje legal de los Bancos Múltiples y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, hasta un monto global de 10,500 millones de pesos. Además, autoriza la evaluación de los mayores deudores comerciales en función del historial de pago, si con la sumatoria de los créditos individuales superiores a 10 millones de pesos no se llega al 60 por ciento del total de la cartera.

También autoriza a evaluar solo el 20 por ciento del monto total de las líneas de crédito vía tarjetas de crédito, cuyos tarjetahabientes estén clasificados en Categorías A y B. Propicia un mejor grado de gestión del riesgo al aprobar que los bancos suban sus reservas genéricas sobre la calidad de la cartera de 1 a 2 por ciento, reconocimiento de cierta tendencia negativa en la morosidad de la cartera, consecuencia directa de la crisis, y bajo el entendimiento de que dicho incremento le será considerado por la DGII como un gasto para fines de ISR.

Todas esas disposiciones envían señales positivas de que la tasa de interés debe bajar e inducir a una reactivación de la demanda de crédito en sectores claves en la generación de riqueza y empleos como la industria de la construcción. Sin embargo, la realidad es que no se observa un incremento de la demanda de crédito y que el costo de los créditos vigentes bajará de manera gradual, diferente a cuando se disparó.

Nuestra economía aparenta estar en una encrucijada. El impulso tiene que venir por el lado fiscal y el gobierno no tiene un centavo, por haberlo gastado todo en la fiesta electoral.

http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=44893 Julio Caminero