CARACAS -- El proceso judicial emprendido contra el alcalde de Maracaibo y líder opositor, Manuel Rosales, y la decisión del presidente Hugo Chávez de tomar los puertos y aeropuertos controlados por gobernadores contrarios a su gobierno, renovaron las tensiones en el país.

Al clima de conflictividad se sumaron la intervención de una planta de la estadounidense Cargill, los ataques del mandatario contra el grupo local Empresas Polar, las huelgas que tienen paralizadas dos de las mayores ensambladoras de autos, y los crecientes reclamos de algunos sindicatos de empleados públicos en demanda de mejoras salariales.

Luis Vicente León, director de la encuestadora privada Datanálisis, dijo a la AP que el incremento de la conflictividad que se considera proviene del oficialismo responde a una "receta típica del autoritarismo moderno que de alguna manera intenta crear lo que la literatura llama 'una bóveda de miedo'".

"Está mandando el mensaje de que es capaz de ir contra quien sea, no importa cuán fuerte seas", explicó.

León expresó que Chávez ha pisado el acelerador de su proceso socialista, tras el triunfo en el referendo de la enmienda constitucional del 15 de febrero. Precisó que las recientes acciones tomadas contra la oposición y el sector privado se enmarcan dentro de ese contexto de "radicalización" de su proceso político.

"Para consolidar tu revolución tienes que crear enemigos, pero eso es un mal necesario dentro de esa revolución. Si él no asume esos riesgos la revolución no puede avanzar", acotó.

La Fiscalía General acusó el jueves a Rosales, prominente opositor, de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado de Zulia entre el 2002 y el 2004, y solicitó su detención preventiva, lo que el líder opositor denunció que la medida respondía a "una orden" de Chávez.

Rosales, que fue candidato a la presidencia en los comicios de diciembre del 2006, fue elegido alcalde de Maracaibo en los comicios regionales de noviembre pasado.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, obispo Roberto Lückert, dijo a la emisora local Unión Radio que la denuncia de la Fiscalía responde a una "estrategia política" de Chávez para generar "nerviosismo" y "crispación", y distraer la atención en la antesala de la aplicación de una serie de medidas económicas.

En medio del conflictivo escenario político y social, Chávez dijo en la víspera que el sábado presentará al país una serie de medidas económicas para hacer frente a la crisis mundial que ha impactado a Venezuela por el lado de la caída de los ingresos petroleros, que son la principal fuente de financiamiento del país.

Aunque Chávez ha insistido en que su "programa económico bolivariano" no implicará grandes costos para los venezolanos, se considera inevitable que la población, agobiada por una inflación del 30%, sufra algún tipo de impacto debido a que de cada 100 dólares que ingresan al país 94 provienen de las exportaciones petroleras.

El precio promedio de la cesta de crudos venezolana ha caído en los últimos siete meses cerca de 72% para descender a niveles de 37 dólares por barril, lo que ha llevado a los analistas ha estimar que este año el país dejará de percibir unos 50.000 millones de dólares, y lo que llevará los ingresos por exportaciones petroleras a cerca de 40.000 millones de dólares.

La Asamblea Nacional, integrada en su mayoría por oficialistas, aprobó la semana pasada una reforma a la ley de descentralización que le abrió el camino al Ejecutivo para intervenir las autopistas, puertos y aeropuertos.

Apoyado en esa regulación Chávez ordenó la toma de los puertos y aeropuertos de los estados Zulia, Carabobo y Nueva Esparta, en manos de gobernadores opositores, quienes denunciaron que la medida viola la Constitución y busca limitarlos financieramente.

El Nuevo Herald

http://www.elnuevoherald.com/256/story/409245.html