lunes, 23 de febrero de 2009
El país no sale de un sobresalto: los sobresueldos en la Cámara de Cuentas; el avance del narcotráfico; la inseguridad ciudadana; la prolongación del período de los diputados; el indulto; las constantes violaciones; la Reforma Constitucional; el fallo de la Sun Land, y ahora la compra de las bombas Shell de gasolina por parte del Estado.

Tengo 3 semanas escribiendo sobre la dichosa Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial que el Presidente de la República convocó para consensuar entre las ?fuerzas vivas de la nación? cuáles serán las soluciones para enfrentar esta grave situación internacional, que afecta a los países más ricos del planeta y que muy pronto, cuando se sienta el efecto de la disminución de las remesas y del turismo, comenzará a afectarnos a nosotros.

La primera semana comentaba acerca del poco entusiasmo que este evento estaba generando entre una parte importante de la sociedad civil, que simplemente demandaba algo tan sencillo como el cumplimiento de las leyes vigentes.

Y también sobre la desconfianza que suscitaba, sobre todo dentro del principal partido de oposición, el incumplimiento de pactos anteriores, pomposamente anunciados, que, habiendo sido fruto de diálogos y consultas en los que se había contado con una gran participación de la ciudadanía, como el caso de la Reforma Constitucional, han sido desconocidos por el gobierno: si no se han cumplido los acuerdos pasados, ¿por qué habría que esperar que se cumplieran ahora?

Luego mencioné que importantes funcionarios anunciaban, antes de que la cumbre culminara, la imposibilidad de cumplir con los reclamos que desde hace tiempo viene haciendo la sociedad civil en relación con el cumplimiento de la Ley 66-97 de Educación y con la asignación del 10% del Presupuesto Nacional a los municipios, alegando el ?desorden administrativo de la administración anterior?.

De ahí lo extraño del anuncio de la Secretaría de Hacienda de que saldría a buscar prestado 900 millones de dólares para adquirir las estaciones de gasolina Shell, que detallan los combustibles al consumidor final.

He preguntado a varias personas de las que participan en la Cumbre si este tema fue discutido y consensuado, y, aparentemente, no lo fue a pesar de que implica un endeudamiento por más de 31,000 millones de pesos sin contar los intereses; qué más servirían si se invirtieran en la educación y en los municipios del país que en un negocio que debería estar destinado a ser explotado por la empresa privada.

Porque el papel del Estado no es detallar combustibles ni competir con el sector privado sino hacer que se cumplan las reglas, tanto por parte de los que gobiernan como por parte de los gobernados.

Desearíamos que la Cumbre culminara con efectivas acciones y no simplemente igual que en ocasiones anteriores como un ejercicio politiquero y retórico, pero no podemos dejar de preguntarnos: ¿para qué celebrarla si de todas maneras el gobierno va a hacer lo que quiera, con consenso o sin él?