CARACAS -- El líder opositor Manuel Rosales recibió el viernes un permiso del concejo para separarse temporalmente del cargo de alcalde de Maracaibo, a fin de preparar su defensa "en un lugar seguro", por un proceso judicial por presunta corrupción, se informó oficialmente.

Daniel Tonne, presidente del Concejo Municipal de Maracaibo, dijo a la prensa que Rosales tendrá inicialmente un plazo de 90 días, contados a partir del 3 de abril. Maracaibo, ciudad petrolera, está ubicada a unos 500 kilómetros al oeste de Caracas.

"La solicitud es en virtud que se mantiene resguardado, en un lugar seguro, preparando su defensa", indicó Tonne.

De acuerdo a la ley del Poder Público Municipal, el alcalde tiene la opción de solicitar una prórroga, pero de "no hacerlo, debe declararse su 'ausencia absoluta' y en un plazo perentorio habría que llamar a elecciones para elegir un nuevo alcalde", agregó Tonne.

El dirigente opositor Elías Mata, un cercano aliado de Rosales, fue designado alcalde interino de Maracaibo.

Rosales, quien fue elegido alcalde en noviembre pasado, fue acusado en marzo por la Fiscalía de incurrir en el delito de "enriquecimiento ilícito" durante los años 2000-2004 cuando fue gobernador de estado occidental del Zulia. La fiscal que sigue el caso solicitó su detención preventiva mientras se le sigue juicio.

El alcalde ha rechazado la acusación, y sostiene que el proceso en su contra responde a "una orden" del presidente Hugo Chávez.

Desde la semana pasada se desconoce su paradero, sin embargo, sus aliados descartan que haya huido del país, tal como denuncia repetidamente el oficialismo.

Los miembros de Un Nuevo Tiempo (UNT), partido del cual forma parte Rosales, insisten que el alcalde esta dispuesto a enfrentar la justicia, pero que en la actualidad no existen "condiciones de un justo proceso".

El alcalde "está resguardado de la persecución policial y haremos lo posible por resguardar su vida", dijo Omar Barboza, presidente del partido opositor Un Nuevo Tiempo.

Líderes de oposición afirman que Rosales, ex candidato presidencial en el 2006, enfrenta una "persecución alevosa y cobarde... ordenada por el gobierno, que demuestra que no hay justicia, que es un juicio político, y que corre peligro su integridad física".

El ministro de Comunicación, Jesse Chacón, negó el martes que el proceso responda a una acción política, y afirmó que lo que hay es "un hecho de corrupción".

Agregó que "existen suficientes indicios para llevar adelante un juicio".

El Nuevo Herald