Desde hace años vengo expresando, en público y en privado, mi profunda preocupación por el papel del ministerio público en el marco teórico y práctico de la reforma judicial. Confieso que después de la promulgación y entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal mi inquietud es mayor. Tengo la impresión de que, de manera particular, en la actualidad, la institución del ministerio público ha perdido el norte de su misión y, por ello, hay reiterados ejemplos de miembros del mismo que han sido acusados de infracciones muy graves, incluyendo complicidad en escandalosos casos de narcotráfico. Este es un mal no exclusivo del ministerio público, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional y en otros estamentos públicos, se ha producido este fenómeno.

Ahora bien, hay otro aspecto que debe ser examinado y que produce en la sociedad y en la familia jurídica desasosiego y tribulación. El ministerio público, genuflexo ante el poder político, económico y social y acompañante y defensor gratuito de personas inculpadas de la comisión de actos violatorios de la ley penal. Siempre he creído que el ministerio público debe defender, esencialmente, el derecho de las víctimas y de la sociedad. Los acusados para tratar de demostrar su inocencia contratan abogados, si son litigantes pudientes y se les provee de asistencia legal gratuita, si tienen escasos recursos. Afortunadamente en el caso de nuestra Suprema Corte de Justicia, sus magistrados tienen excelente formación jurídica, gran experiencia y una comprobada independencia de criterios.

Es lógica y natural la histórica decisión del más experimentado y competente jurista dominicano en derecho de familia, el magistrado Víctor José Castellanos Estrella. La cuestión se refiere a una querella con constitución en actor civil interpuesta por violación a los artículos 8, 12, 67, 71, 96, 97, 109 y 110 de la ley 136-03 y 345, 357-1 y 357-2 del Código Penal Dominicano.

El ministerio público ante la Suprema Corte de Justicia, en una decisión contraria al derecho, violando el principio de que la jurisdicción penal ejercida por los jueces y tribunales dominicanos son los únicos aptos para conocer y decidir los asuntos que versen sobre la competencia de los mismos, produjo un dictamen sobre la querella en que expresa ?Declarar la incompetencia de la Procuraduría General de la República para conocer de los hechos alegadosÖ en razón de la competencia por el territorio y en razón de la personaÖ? El asunto es muy grave ya que lo que se encuentra en juego es el derecho de un padre responsable a compartir y disfrutar de la visita, presencia y del cariño de sus hijos. El magistrado Castellanos, al conocer el recurso de objeción contra el dictamen del ministerio público ya citado, en sus funciones de juez de instrucción especial de la jurisdicción privilegiada, recordó con precisión suiza ?Öque todo juez o tribunal, es juez de su propia competencia y, por consiguiente, no le otorga el poder al ministerio público para decidir él la competencia de un asunto, sólo solicitarlo y que el juez o tribunal decida la misma cuando lo considere pertinente?. En una verdadera lección el magistrado Castellanos agrega ?Öestando en la fase preparatoria al ministerio público sólo le corresponde la investigaciónÖ?. Más aún, el magistrado recuerda que ?el Código Procesal Penal plantea una categoría especial de competencia denominada ?competencia universal?, mediante la cual aquellos hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional, resultan competentes los tribunales dominicanos, especialmente del Distrito Nacional?. La decisión comentada que debería ser objeto de estudio en las Escuelas de Derecho es un freno a la pretensión de impunidad sustentada en la falta de tacto y en el poder político, social y económico. Por las razones antes expuestas el magistrado Castellanos considera lo siguiente: ?procede declarar con lugar el recurso de objeción incoadoÖ y por consiguiente la incapacidad legal del ministerio público para declara su incompetencia en la etapa preparatoria de un proceso penal, correspondiéndole sólo a los jueces o tribunales su pronunciamiento; que en cuanto al fondo del recurso de objeción resulta procedente ordenar la continuación de la investigaciónÖ? La decisión no pudo ser más justa y conforme a derecho ?ordena la continuación de la investigación del caso que nos ocupa a cargo del ministerio público?. Sin embargo el ministerio público, para complacer el poder, utilizará nuevas tretas, argumentos y subterfugios para tratar de avasallar los derechos de un padre digno y que ama profundamente a sus hijos.

Recientemente el honorable y abnegado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado Jorge Subero Isa, al referirse al auge y peligrosidad de la delincuencia, especialmente del narcotráfico, expresó ?La suerte es que los jueces están formados de manera tal que son impenetrables ante cualquier amenaza y presión?. La decisión del magistrado Castellanos Estrella se orienta en esa dirección de la dignidad, del decoro y la justicia.

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