Para un grupo de dirigentes, el Gobierno tiene en marcha un plan para acallar a la disidencia en el seno de los trabajadores, y así acabar con el movimiento sindical.

El representante del Movimiento Solidaridad Sindical y secretario general de La Causa R, Daniel Santolo, recordó que esta semana se les abrió un expediente por subversión a dos trabajadores petroleros del estado Barinas, quienes protestaban por irregularidades en las operaciones de unos taladros en esa entidad.

Pero a ellos se les suma la detención de cinco ex trabajadores de la contratista petrolera Vincler Sodinsa, tras una protesta a las puertas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el lunes pasado.

Tras ser trasladados al retén de La Planta, el miércoles el Tribunal Décimo de Control de Caracas les dictó medida privativa de libertad y se les imputaron unos 15 delitos.

El abogado de los imputados, Pedro Camargo, dijo que "la situación es muy violatoria de todo concepto de derechos humanos, es una exageración. Yo pienso que este Gobierno ya está cayendo a un nivel de represión y de violaciones de todo tipo", de acuerdo a un comunicado de prensa de Provea.

Persecuciones y retrasos
Además de estos dos casos, 11 trabajadores de empresas contratistas de Sidor están sometidos a régimen de presentación semanal por las protestas que protagonizaron a finales de diciembre del año pasado.

"La judicialización de la protesta busca someter a los trabajadores", denunció el dirigente del Movimiento de Solidaridad Sindical en un programa de entrevistas transmitido por la emisora Unión Radio.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones, Ygor Lira, añadió que el "plan macabro", como lo calificó, incluye no sólo la persecución de dirigentes sindicales, sino también el retraso obligado a la negociación de los contratos colectivos, situación que afecta especialmente al sector público.

Recordó que desde el mes de febrero los trabajadores de la Cantv tienen vía libre para iniciar la discusión de su convención, pero el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social aún no los ha convocado.

"Le hacemos un llamado a la presidenta de Cantv para que se siente a negociar. Nuestra lucha principal debe ser el contrato colectivo", dijo el representante de los trabajadores telefónicos.

La convención de esta empresa se vence el 18 de junio.

No obstante, hay sectores que se encuentran en peores condiciones. La administración pública centralizada, que agrupa a unos 800.000 obreros y empleados, ya suma cuatro años con su contrato expirado.

A los trabajadores del sector eléctrico les paralizaron la negociación de sus nuevas condiciones contractuales y el Ministerio del Trabajo no los ha convocado nuevamente.

La nómina petrolera sufre estos males también. El 21 de enero de este año se venció la convención colectiva que ampara a los trabajadores de este sector y no hay señas que indiquen el inicio de las negociaciones. Extraoficialmente, Pdvsa indicó hace pocos días que el proceso se iniciaría después de las elecciones de la directiva de la Futpv, pautada para el 20 de mayo.

Sindicatos en extinción
Otro asunto que preocupa a los líderes sindicales es la inminente aprobación de la Ley de Propiedad Social, que obliga a la igualdad de sueldos entre los trabajadores de las empresas socialistas que el Ejecutivo nacional aspira impulsar. Para Santolo, el fin principal de los sindicatos es mejorar las remuneraciones de los empleados, pero la igualdad salarial deja sin razón de ser a estas organizaciones y, por lo tanto, los obligará a su desaparición.

Pero el dirigente del Movimiento de Solidaridad Sindical agregó que la normativa, que se encuentra en manos de la Asamblea Nacional para su aprobación, dejará a los trabajadores alejados de la protección de las normas laborales.

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Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL