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Con la CTA de Pablo Micheli al frente, organizaciones políticas y sociales enfrentadas al Gobierno realizaron una marcha a la Plaza de Mayo en repudio a la Ley Antiterrorista, aprobada en el Congreso.
La movilización fue el punto de partida de una serie de protestas que la central disidente, en alianza con una decena de agrupaciones de izquierda, tiene previsto realizar en 2012 contra esta norma, que considera "un cheque en blanco para que jueces repriman a los luchadores".
"Esta ley es la legalización de la represión sobre la protesta social. A partir de ahora todos estamos sospechados de terroristas", señaló Micheli, a la cabeza de la movilización que se realizó por la Avenida de Mayo en el centro porteño.
Entre otras, participaron el Partido Obrero (PO), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Proyecto Sur, Libres del Sur, el MAS, la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por su titular, Nora Cortiñas.
"Esta ley no se condice con la situación del país y amenaza la paz, porque la protesta social debe ser respetada. Se votó sin ningún tipo de consenso de los organismos de derechos humanos y sociales. Hoy tenemos un Código Penal que ya a través de Blumberg y su dinero fue recibiendo cambios y ahora debemos soportar esto que viene de Estados Unidos y la GAFI. El Gobierno debe estar centrado para decir que no cuando quieren imponernos cosas que no son convenientes para nuestro pueblo", dijo Cortiñas.
La histórica dirigente, con su pañuelo blanco en la cabeza, se ubicó a la cabeza de la columna que desembocó en las puertas de la Casa Rosada, donde también estuvieron los ex candidatos presidenciales Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Jorge Altamira (PO), la dirigente del MST Vilma Ripoll (procesada y embargada por cortar la Panamericana) y la porteña Myriam Bregman.
"La CTA tiene que estar en la calle contra esta ley y seguiremos con otras acciones. Pedirle a Cristina que la vete es ya imposible pero ojalá la Corte Suprema de Justicia sí la anule", señaló Micheli.
La Ley Antiterrorista, promulgada este miércoles por la Presidenta, no solo fue resistida por la oposición, sino también criticada por dirigentes y organismos afines al oficialismo, a partir de los alcances que podría tener a futuro en la criminalización de la protesta social o el ejercicio del periodismo.
A pesar del rechazo de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles y figuras del derecho como el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, fueron incorporadas dos modificaciones al Código Penal argentino para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos.
La modificación del artículo 41 del Código Penal fue el punto central del debate: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo", señala.
Ante los cuestionamientos realizados a este artículo, en el Congreso se incorporó otro párrafo, con el cual se trató de reparar la ambigüedad del texto: se estableció que las agravantes "no se aplicarán cuando él o los derechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
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Por Pedro José Madrigal Reyes
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