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Foto 0 en Asociaciones de inmigrantes de Albacete desarrollan un programa para potenciar el acceso a la vivienda: pega esta imagen en tú pagina, Foro, Myspace o Ebay con este código...
 Encontrar un piso en alquiler es complicado y si se ha llegado a España como inmigrante buscando una vida mejor resulta todavía más difícil. Y la cosa se ha puesto más cruda por la actual coyuntura económica, en la que muchos no pueden optar a comprarse una vivienda por las duras condiciones que imponen los bancos y apuestan por el alquiler.
El problema no es nuevo porque el colectivo de inmigrantes se encuentra con muchas trabas a la hora de encontrar una vivienda para alquilar. A los prejuicios se suma la enorme competencia que hay en la actual coyuntura con los ciudadanos nacionales para encontrar un piso en alquiler a un precio razonable.
El aumento de la inmigración que acompañó al ‘boom’ económico por el que atravesaba el país con la llegada del nuevo siglo hizo que Albacete, como todo el país, recibiera muchos inmigrantes buscando una vida mejor. Muchos la encontraron y, para su asombro, otros tuvieron que vivir en circunstancias tercermundistas en el llamado primer mundo. De ahí que durante años se repitieran los asentamientos de inmigrantes por toda la ciudad, y que hubiera que buscar soluciones para ofrecer un alojamiento digno a las decenas de inmigrantes que malvivían en la calle o en ruinosas naves abandonadas. En muchas ocasiones el problema no estaba en que los inmigrantes no quisieran un hogar digno, sino en las dificultades que encontraban para que alguien les alquilara una vivienda aún teniendo un trabajo estable con sus correspondientes ingresos.
Es ahí cuando en el año 2006 las oenegés albaceteñas comenzaran a desarrollar un programa pionero en Albacete denominado “Apoyo para el acceso a viviendas de alquiler para personas inmigrantes“. Primero fue “Justicia y Paz” y después “Albacete Acoge“, y ambas asociaciones desarrollan en la actualidad el proyecto. El objetivo, mediar entre propietarios y aspirantes a inquilinos para que el colectivo de trabajadores inmigrantes pudiera encontrar alojamientos dignos. «No queremos estar perpetuamente aquí porque el objetivo es que la relación entre los propietarios y los inquilinos sea directa», reconoce la presidenta “Justicia y Paz”, Juani Palacios, que recuerda que de hecho cuando pasan cuatro años en una misma vivienda se invita a que ambos mantengan una relación directa «aunque siempre pueden recurrir a nosotros si en algún momento nos necesitan».
Los primeros momentos fueron difíciles porque había muchos prejuicios a la hora de alquilar una vivienda a inmigrantes, estereotipos que todavía hoy se mantienen. La prueba es que en muchas ocasiones se pide más dinero cuando el que llama para alquilar un piso es directamente una persona inmigrante que cuando lo hace un nacional. «Les pedían 650 euros por pisos que tenían en alquiler por 450», asegura Gema González-Mohino, la trabajadora social de ‘Justicia y Paz’.
De ahí la importancia del papel mediador que juegan estas asociaciones, que se encargan de encontrar los pisos, contactar con los propietarios, explicarles el proyecto para tratar de convencerlos de que alquilen su vivienda a ciudadanos inmigrantes y realizar todas las gestiones para que fructifique en un contrato. Ese arrendamiento está avalado por el Plan Nacional de Alquiler Garantizado y se contratan seguros multirriesgo del hogar, con lo que se busca dar una mayor tranquilidad a los arrendadores frente a los posibles impagos. Incluso ayudan a las familias con la concesión de microcréditos en el caso de que no puedan hacer frente a los pagos o para abonar la fianza.
No obstante, aseguran que no tienen casos de impagos y suelen dejar la casa en cuanto ven que no pueden hacer frente al coste antes de que se cumplan los cuatro meses de plazo máximo sin pagar «porque no quieren tener problemas».
Hay nacionalidades que están prácticamente vetadas a esos alquileres como por ejemplo los rumanos «pero nosotros no podemos hacer esas distinciones, si un propietario nos indica que no quiere un inquilino de tal o cual nacionalidad, no alquilamos el piso», explica la trabajadora social de ‘Justicia y Paz’. Esos prejuicios también los notan en ‘Albacete Acoge’ cuya coordinadora, Mª Carmen Ortega, reconoce que «es muy frecuente encontrar negativas por este motivo» y añade también a la población africana entre los colectivos que vetan en mayor proporción los arrendadores.
«Hay gente que te dice abiertamente que no quiere inmigrantes y otros que ponen problemas», señala González-Mohino.
También encuentran recelos entre las comunidades de vecinos de los pisos en los que residen los ciudadanos inmigrantes, «pero eso es al principio, porque tenemos casos en los que luego están encantados», explica Juani Palacios. Recuerda el caso de unos chicos de Mali, unos de los primeros beneficiarios de este programa, que al principio vieron como una señora de más edad recelaba mucho de su llegada «pero ahora está encantada porque le ayudan muchas veces a subir la compra».
Lo normal es que no haya problemas ni entre arrendadores e inquilinos ni entre éstos y los vecinos del inmueble, «aunque a veces nos encontramos con gente muy obsesiva que ve problemas donde no los hay», afirma la presidenta de ‘Justicia y Paz’.
Entre ambas organizaciones cuentan con más de sesenta pisos alquilados en la actualidad, pero la lista de espera es grande ya que más de 200 personas pidieron el año pasado acceder a una de las viviendas en alquiler para inmigrantes.
Pese a que cuentan con una importante bolsa de viviendas muchas finalmente no se pueden alquilar porque las trabas que pone el arrendador, porque el propio inquilino no se presenta, por el elevado coste o porque la vivienda no reúne las condiciones deseadas.
Lo normal es que los precios oscilan entre los 400 y los 500 euros «porque el mercado del alquiler en Albacete no tiene unos precios demasiado bajos», reconoce Mª Carmen Ortega, pero hay casos más caros y otros más baratos. Hay casas que se alquilan por habitaciones con precios que oscilan entre 80 y 120 euros para las individuales y entre 170 y 180 para las dobles.
Los sudamericanos son los principales usuarios de este servicio (especialmente bolivianos y colombianos), seguidos de subsaharianos (sobre todo de Mali y Senegal) y de árabes (fundamentalmente marroquíes).
Pero la crisis he endurecido todavía más la situación del colectivo de trabajadores inmigrantes. Muchos se han quedado sin trabajo y sin un contrato resulta muy complicado encontrar alguien que les alquile una vivienda. Ese es precisamente el principal requisito que se pide a aquellos que quieran aspirar a alquilar una casa. Hasta ahora era el varón el que ofrecía su contrato como aval para el alquiler de la vivienda, pero eso ha cambiado con la crisis. Ahora son más mujeres, sobre todo aquellas que trabajan cuidando ancianos o enfermos, los que aportan su contrato para poder optar al arrendamiento. «Tienen mucha voluntad de seguir adelante», asegura González-Mohino.
Este primer requisito dificulta mucho que en las condiciones actuales puedan encontrar una vivienda en alquiler, pero, como explica la coordinadora de ‘Albacete Acoge’ «para un gran número de propietarios no es suficiente con que tengan ingresos sino que piden un trabajo estable y para ello es necesario mostrarles el contrato».
En la búsqueda de pisos, las oenegés utilizan todo tipo de tácticas, desde ir apuntando todos aquellos que se anuncian por la calle, hasta recurrir a los portales especializados de Internet o a los anuncios de los periódicos gratuitos pasando por las propias inmobiliarias. «Sabemos que no podemos buscar pisos en el centro», reconoce la trabajadora social de ‘Justicia y Paz’ que explica que lo normal es encontrarlos en los barrios como San Pablo o el Ensanche, «donde encontramos viviendas más económicas».
Una vez alquilada la vivienda por parte de una familia o un grupo de inmigrantes no se olvidan de ella. Realizan un seguimiento entre los inquilinos, pero también con los propietarios y los vecinos para comprobar que se paga religiosamente todos los meses, pero también para ver cómo conviven en su nueva comunidad de vecinos.
Estas visitas se van reduciendo con el paso del tiempo conforme se va comprobando que no existen problemas de convivencia con el objetivo de que el beneficiario alcance una plena autonomía. Para ello, en un primer momento incluso se les orienta sobre cuestiones básicas como las normas sanitarias, clases de castellano e incluso sobre información laboral.
También las oenegés han notado la crisis económica y cuentan ahora con menos recursos para hacer frente a estos programas, tanto públicos como privados.
Fuente: La Verdad
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Por azahara
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