A fin de hacer frente a los graves desafíos que la crisis financiera internacional plantea al país, se harán necesarios profundos cambios de políticas económicas que incluyan estrictas medidas de austeridad para constreñir el gasto público y una reorientación de los objetivos oficiales para priorizar las exportaciones.
La cuestión es si el gobierno está consciente de esa realidad y dispuesto, además, a aceptarla.
La situación de incertidumbre que abate los mercados del Primer Mundo ha dejado espesas sombras sobre la economía, a despecho de la visión optimista de instancias oficiales que la creen blindada y protegida de cualquier influencia exterior nociva.
La adopción de medidas correctas podría mejorar el panorama, no obstante la sequía crediticia resultante del colapso de grandes fondos de inversión que ha obligado a los gobiernos de Estados Unidos y Europa acudir en rescate de la banca para evitar un crac similar al del primer trimestre del siglo pasado.
El país requiere de un plan maestro de largo alcance que elimine las perniciosas distorsiones que afectan la actividad productiva, especialmente a la industria, y que reoriente la acción de las diversas entidades gubernamentales vinculadas al comercio exterior con vista a una consolidación de nuestra capacidad exportadora.
El optimismo oficial se basa en cifras sobre el crecimiento sustentado en pilares muy frágiles, como el comercio, con un crecimiento constante de las importaciones, el sector financiero, las comunicaciones y el aumento sostenido del gasto público.
Mientras aumentan las importaciones, las ventas de bienes del país en el exterior decrecen.
En el sector textil de zonas francas, por ejemplo, del pico alcanzado en el año 2000, estimado en US$2,456 millones, bajó el año pasado a poco más de US$1,000 millones, con una tendencia a cerrar este año con apenas unos US$750 millones, lo que sumado al cierre temporal de las exportaciones de Falconbridge acentuará el déficit de la balanza comercial.
Existe consenso entre las diferentes firmas de economistas de que ese déficit superará este año los US$3,250 millones, con algunas de ellas sitúandolo en alrededor de US$5,000 o más millones, cifras éstas difíciles de manejar dentro de un esquema de política de estabilidad económica sostenible.
Otros indicadores y estadísticas demuestran que lejos del blindaje que se pretende protege la economía, ésta se encuentra a merced de factores ajenos al control de las autoridades, lo que hace impostergable la adopción de políticas y medidas de salvamento, con una visión de largo alcance.
Además del déficit ya apuntado en el intercambio comercial, se calcula un déficit fiscal de un 30%, con tendencia a seguir creciendo por efecto del incremento del gasto del gobierno.
Según estimaciones correspondientes al periodo enero-julio del presente, el gasto público registró alzas cercanas a un 30% mientras los ingresos marcaron una dirección distinta.
Fuentes oficiales admitieron un descenso en las recaudaciones, estimado entre un 5 y un 9 por ciento, y se prevé que continúen cayendo a causa de las altas tasas de interés que han encarecido el dinero, afectado la producción y disminuido el consumo.
Otro aspecto negativo aparece en la situación de la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un déficit próximo al 12% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con empresarios y economistas.
De continuar las tendencias actuales, podríamos vernos enfrentados en el corto plazo al cierre inevitable de empresas, especialmente en el sector de zona franca, ya golpeado por la competencia asiática y la vulnerabilidad que implican los altos costos de producción, y la consiguiente pérdida de miles de empleos que conllevarán adicionalmente problemas muy serios de carácter social y político.
El panorama es desalentador, pero el gobierno está en capacidad de asumir acciones para atenuar los efectos de la crisis mundial de los mercados financieros y la recesión que amenaza seriamente a Estados Unidos y a otras economías del Primer Mundo.