Los bolivianos deben acudir hoy a las urnas para intentar resolver lo que el vicepresidente Alvaro García ha llamado un ''empate catastrófico'' entre las fuerzas y movimientos políticos antagónicos que ha paralizado al país más pobre de la región en medio de una severa crisis.

El presidente Evo Morales, su vicepresidente García y ocho prefectos (gobernadores), seis de ellos opositores, someterán sus cargos a un referendo revocatorio que el propio gobernante ha planteado como salida para zanjar la disputa política mediante el voto de los cuatro millones de electores del país.

Las encuestas adelantan que el mandatario será ratificado al igual que sus más duros opositores. Ni la Iglesia Católica ni la mediación internacional lograron sentar a las partes para buscar una salida negociada hasta ahora.

El jefe de la misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Stein, afirmó que todo indica que será una ''elección razonablemente tranquila y que existen las condiciones en todas las regiones de Bolivia''. Unos 125 observadores de la OEA estarán en distintos lugares del país.

García definió esta confrontación como ''empate catastrófico'' entre las fuerzas conservadoras y los movimientos sociales que buscan un cambio.

Morales dijo ayer en un acto público que el referendo ''redefinirá'' el escenario político y ''obligará'' a un ``reencuentro de las autoridades y a una reconciliación del pueblo''.

El gobernante aspira a ganar la consulta para en los dos años y medio que le restan en el poder avanzar en su reforma constitucional y en la redistribución de tierras, procesos que se encuentran paralizados.

En tanto, los opositores buscan consolidar su proyecto de gobiernos locales autónomos. Ambas visiones aparecen como fuerzas irreconciliables.

Sin embargo, gran parte de la ciudadanía y analistas esperan poco de la consulta, la quinta que se realiza en Bolivia en este año. Se considera que no hay un ánimo conciliador de las partes que acuden a las urnas convencidas de que derrotarán al otro. Entre mayo y junio, hubo cuatro consultas en cuatro regiones que impulsan gobiernos autónomos.

La batalla política ha afectado a instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, paralizado por la renuncia de cuatro de cinco magistrados; la gestión legislativa está bloqueada por falta de acuerdos en el Congreso, y el órgano electoral está dividido.

A los problemas políticos se suman los económicos. En los pasados doce meses la inflación alcanzó el 14.7 por ciento y algunos alimentos escasean.

Con precios altos en las materias primas, el crecimiento alcanzó el 4.7 por ciento el año pasado, uno de los más bajos en la región. Las exportaciones aumentaron de $2,868 millones en el 2005 a $4,780 millones en el 2007.

El Nuevo Herald