La Comisión Europea propondrá este miércoles a los Veintisiete una acción coordinada frente a la crisis económica centrada en el aumento del gasto público y las rebajas fiscales selectivas, con la esperanza de espolear la actividad y el consumo y dinamizar el mercado laboral. Hacen falta medidas "inmediatas", aunque temporales y limitadas a ciertas áreas, explicó este martes el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, que también insistió en la importancia de la coordinación entre los estados miembros. Según ha avanzado el Gobierno alemán, Bruselas quiere que la UE habilite unos 130.000 millones de euros (en torno al 1% del PIB comunitario) para frenar la caída de la actividad.

El dinero procedería de los fondos comunitarios, de los presupuestos de los 27 países de la Unión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Bruselas, que ha encontrado en Berlín la mayor resistencia a su plan de reactivación, insiste en que el aumento del gasto público no implica dejar de lado las reglas de estabilidad presupuestaria, pero ya ha anticipado que será flexible a la hora de evaluar las desviaciones en el déficit público. "No se suspende la aplicación del Pacto de Estabilidad", explicaron este martes fuentes comunitarias, pero se tendrá en cuenta el contexto económico.

En el capítulo del gasto, la Comisión cree que hay que compensar con inversión pública la debilidad del sector privado.Para ello, además de recurrir a las arcas nacionales, propone acelerar la ejecución de los proyectos financiados por los fondos de cohesión y adelantar los pagos a los países previstos para los próximos años (en total, la política de cohesión tiene un presupuesto de 247.000 millones de euros de 2007 a 2013). También plantea acelerar las transferencias del Fondo Social y revisar los requisitos para acceder al fondo de ajuste a la globalización -dirigido a la reinserción de trabajadores despedidos por los cambios en los flujos de comercio mundial- e incluso aumentar su dotación, fijada ahora en 500 millones de euros anuales.

La Comisión descarta la concesión de ayudas directas a la industria -tampoco a la automovilística, que las reclama desde hace semanas- y aboga por concentrarse en facilitar a las empresas el acceso a la financiación, para impulsar la inversión. Considera que los préstamos del BEI pueden desempeñar un papel importante en este ámbito y propondrá a los Veintisiete ampliar su capital para permitirle conceder más créditos. En el ámbito tributario, Bruselas no recomendará a los países rebajas fiscales generalizadas -como ha hecho Reino Unido, al recortar 2,5 puntos el IVA-, consciente de que no todos los países tienen el mismo margen presupuestario.

Pero sí les instará a adoptar bajadas selectivas de algunos impuestos, por ejemplo para los productos "verdes". En esa línea, el comisario europeo de Industria, Günter Verheugen, ha sugerido la concesión de una "prima o bonus" a los compradores que adquieran un vehículo nuevo menos contaminante, una medida que apoyaría al mismo tiempo al sector automovilístico y a la reducción de emisiones. En cualquier caso, desde el Ejecutivo comunitario dejaron hoy claro que no se trata de prescribir un catálogo detallado de medidas que todos los países han de aplicar, pues existen múltiples instrumentos para lograr los objetivos citados y las acciones concretas dependen de la situación de cada economía, sus necesidades, prioridades y situación presupuestaria. Pero, como recordó Almunia, resulta imprescindible la coordinación entre las medidas nacionales para lograr el máximo beneficio para todos.