El diputado aseguró que los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela con otras naciones u organismos internacionales no están encima de la Constitución nacional, por lo que el país no está en la obligación de aceptar una sentencia a favor de Leopoldo López

Diputado Carlos Escarrá | Nelson Castro

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) no tiene la capacidad ni la ética para enjuiciar a Venezuela por el caso del ex alcalde de Chacao Leopoldo López, sobre quien pesa una inhabilitación política por "choro", afirmó Carlos Escarrá, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

"La CIDH no tiene ni la capacidad, ni la ética, ni historia, ni absolutamente nada para enjuiciar a Venezuela ¿Quiénes están en la CIDH? Allí están los peleles vestidos de toga que van a seguir las instrucciones del imperio (Estados Unidos). Ellos no van a decidir racional, independientemente nada. Éste es el caso de un ladrón (Leopoldo López) y la CIDH no es un organismo imparcial", destacó el también abogado constitucional, en el programa Dando y Dando, de Venezolana de Televisión (VTV).

Escarrá aseguró que los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela con otras naciones u organismos internacionales no están encima de la Constitución nacional, por lo que el país no está en la obligación de aceptar una sentencia a favor de Leopoldo López, tal como ya lo había aclarado Clodosbaldo Russián, controlar general de la República.

"No puede haber ninguna decisión de ningún organismo internacional que esté por encima de la Constitución venezolana, de tal manera que hay prevalencia de nuestra Constitución, hasta el punto que el artículo 336 de ésta reza que una de las potestades de la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) es verificar si los tratados internacionales se adecúan a nuestra Carta Magna, por lo tanto éstos están por debajo de la Constitución. Lo que debe prevalecer, en definitiva, es el texto constitucional", explicó.

El parlamentario refirió que en otros países se han inhabilitado políticamente a funcionarios públicos sin que tales acciones hayan causado revuelo internacional. Mencionó el caso de la ex senadora Piedad Córdoba.

"La inhabilitación es una medida, es una sanción complementaria prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para los choros, para los ladrones de la cosa pública", acotó en relación al caso que se le sigue a López.

El Nacional