Para: Ciudadanos venezolanos
De: Diego Arria S.
En medio de las graves circunstancias de todo género, que atraviesa el país, el jefe del Estado demuestra abiertamente que solo le interesa desmantelar las instituciones democráticas de Venezuela, estafando la decisión colectiva de la Nación que lo rechaza mayoritariamente. En efecto, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 10 de noviembre, cuatro de las cinco leyes propuestas por Hugo Chávez, con las cuales, al amparo de dar contenido a lo que éste ha llamado ?Poder Popular?, inexistente en la Constitución de la República, pretende implantar un Estado comunista en Venezuela. Las ?leyes? avaladas son: la ?Ley del Poder Popular?, ?Ley de la Controlaría Social?, ?Ley de Planificación Pública? y la ?Ley de Comunas?. Pero ya la Asamblea Nacional acelera el paso para aprobar antes del 4 de enero próximo las siguientes leyes: Ley del Sistema Económico Comunal; Ley de Universidades, que permitirá ejercer control total de los institutos de educación superior, violando la autonomía de que gozan históricamente; reforma la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, para apropiarse de las estaciones de radio y televisión, valiéndose de nuevas causales, al igual que para ejercer un control absoluto del Internet; y reforma de la Ley de Cooperación Internacional, que le permitirá al régimen restringir la cooperación que tradicionalmente proporcionan gobiernos amigos a las organizaciones de nuestra sociedad civil. Para terminar de ejecutar su maniobra inconstitucional, el Presidente de la República ha solicitado a la Asamblea Nacional, cuyo periodo está por expirar, una nueva ?Ley Habilitante? que por cuarta vez lo facultará para legislar por decreto. La urgencia (bajo la excusa de legislar como consecuencia de los daños causados por las lluvias en el país) viene dada porque el cuerpo legislativo llegará a su término el próximo 5 de enero, y el mismo no ha demostrado más que el ser espurio en su existencia; acomodaticio en su actuación, y servil ante un caudillaje militarista y extranjerizante que lo ha despojado de toda legitimidad y auctoritas. Más claro imposible: Ponerle fin a la democracia, y bajo el supuesto de asignar todo el poder al pueblo, darle en realidad todo el poder a Hugo Chávez. Es evidente que este paquete de leyes crearía un Estado paralelo al Estado constitucional, al cual pretende sustituir asignándole no solo los recursos financieros, sino competencias exclusivas de la Asamblea Nacional y de las gobernaciones y alcaldías. ¿Y qué significarían las ?Comunas Socialistas? Según palabras del mandatario "?La Comuna es la esencia de la organización del Estado de la revolución bolivariana. Una entidad local socialista.... Cada comuna recibirá recursos del Estado, contará con un Parlamento Comunal y una Carta que garantizará la primacía del interés colectivo sobre el interés particular". La realidad es que esta figura, aparte de INCONSTITUCIONAL, no es más que la reminiscencia de las organizaciones comunales ("Soviets"), de los ?Comités de Defensa de la Revolución? cubana, y de los ?Congresos Populares? de la Libia de Kadafi, regímenes que para garantizarse la obediencia de sus pueblos recurren al terror y a la violación flagrante de los derechos humanos y que han servido de inspiración al mandatario nacional. Con esto, no sólo se pretende crear una "entidad socialista" (modificando a la establecida por la Constitución de la República), y reemplazar a la Asamblea Nacional, sino lo que es más grave aún: sustituir a nuestra Carta Magna por una "nueva Constitución", como lo reconoce expresamente el propio mandatario al señalar la creación de "una Carta que garantice la primacía del interés colectivo sobre el particular". Las consecuencias prácticas de tales propuestas no se harán esperar: Por un lado, bajo la idea del poder para el pueblo, pasando por encima de todos los principios constitucionales vigentes, se eliminaría, tal y como sucede en Cuba, el mecanismo de elecciones directas, dejándose para "el pueblo" la competencia de escoger al presidente de la República, bajo la cesión de la soberanía popular en las Asambleas Populares. Esto sería aplicable, obviamente, para todos los otros casos de elección popular. Hugo Chávez lo precisa así: ?El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce a través del poder popular que no nace del sufragio (?) sino que se expresa en comunidades, comunas y auto gobierno de las ciudades? ¿Qué hacer ante esta amenaza a la institución democrática, a la libertad, y hasta a nuestras propias vidas?
1.Informar debidamente a todos los sectores del país para que se entienda qué es lo que está en juego al promulgarse todas estas leyes;
2.Denunciar ante todos los organismos y la comunidad internacional esta amenaza real de ruptura del orden democrático y de violación del orden constitucional que pone en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos;
3.Promover un referéndum abrogatorio en los términos del Artículo 74 de la Constitución de la República respecto a todas las leyes promulgadas a partir del 26 de septiembre 2010;
4.Que los diputados, en oposición al régimen, propongan formalmente el primer día de instalación de la Asamblea Nacional, la derogatoria de todas esas leyes, al igual que las que las que se aprueben antes del 5 de enero de 2011, por ilegítimas, al ser contrarias a la voluntad popular y a la Constitución Nacional; además de haberse sancionado ignorando la nueva representatividad democrática resultante de las elecciones de septiembre;
5.Que estos diputados declaren, en representación de la mayoría del pueblo de Venezuela, que desconocen y desconocerán dicha legislación por ser contraria a los valores, principios y garantías democráticas, llamando al país a actuar en consonancia con dicho desconocimiento. Esto implica que los diputados electos, desde el primer día de sus funciones, asuman su responsabilidad como representantes del pueblo venezolano, negándose a hacerle el juego al grupo oficialista que presida la Asamblea Nacional. Necesariamente deberán plantarse y ejercer el derecho que establece el Artículo 350 de la Constitución de la República, que solo ellos pueden invocar de acuerdo a la interpretación restrictiva y acomodaticia del Tribunal Supremo de Justicia. Del ejemplo que los diputados den al desconocer formalmente dichas leyes, dependerá la reacción de la población en una desobediencia generalizada, como corresponde a la circunstancia que enfrentamos en el país. A esta acción deberían sumarse los gobernadores, alcaldes, concejales y miembros de las asambleas legislativas de los Estados.
¿Resignarnos o Activarnos? Si nada se hace, todos los ciudadanos, independientemente de nuestras diferentes y legítimas inclinaciones políticas, tendremos nuestros derechos civiles, económicos, políticos y sociales severamente conculcados, pues el derecho a elegir y a ser elegido mediante elecciones directas, libres y transparentes, no tendrá cómo ser ejercido: Quedará en adelante subordinado al estado socialista. En estas graves circunstancias se impone un llamado a la unidad de todos los demócratas, cualesquiera sea nuestra ideología o nuestras convicciones respecto al país; un llamado a actuar sin reservas en pro de salvaguardar los derechos inherentes a nuestra condición de venezolanos libres. Al poder solo lo puede frenar el poder. El país democrático está en manos de quienes pueden ejercer el poder, que aparte de los que lo han usurpado, a partir de septiembre son los que eligió el pueblo, y particularmente la mayoría del pueblo, que son los 65 diputados que conforman la representación democrática nacional. Si los diputados que representan la mayoría nacional no inician con firmeza la resistencia democrática no habrá nada que hacer, y estaríamos dando paso franco a una dictadura, la cual afectaría profundamente a todos los venezolanos