El Gobierno responsabiliza al sector privado de la escasez de arroz blanco en el mercado nacional, por privilegiar la producción de versiones saborizadas antes que la presentación del rubro a precio regulado.

Pero la responsabilidad de abastecer el mercado con el rubro no recae sólo en la agroindustria privada, pues el Gobierno tiene una alta participación en este mercado.

De acuerdo con cifras de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), mientras que Primor aporta al mercado 8% del arroz que se produce, y Arroz Mary tiene 24% de participación, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) lidera el segmento arrocero con la comercialización de 46% del producto que sólo se coloca a través de los puntos de venta de Mercal.

Durante 2008, CASA compró 156.500 toneladas de arroz a productores nacionales e importó 228.306 toneladas del rubro. Este producto es procesado y empaquetado en su mayoría por la industria privada que es subcontratada por CASA.

Así como en los comercios privados se evidencia escasez de arroz en los anaqueles, en los diversos puntos de ventas de la red Mercal tampoco se consigue el rubro con regularidad; salvo en los mercales a cielo abierto donde las personas deben hacer varias horas de cola para adquirir el producto.

La ausencia de arroz blanco en los anaqueles derivó en la intervención de las plantas procesadoras de arroz, comenzando por la ocupación temporal de arroz Primor, marca que comercializa Empresas Polar, y que se extienden al resto de las empresas del sector.

Durante la transmisión del Aló Presidente, el ministro de Agricultura, Elías Jaua, explicó, por petición del presidente Chávez, que las plantas fueron intervenidas porque la agroindustria ha creado mecanismos de producción de arroz saborizado que "burla el control de precios y condiciona el consumo".

Por su parte, el primer mandatario señaló que la industria "busca obtener mayor ganancia aprovechándose de los productores primarios y de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para mejorar la producción.

"Se han negado una y mil veces a producir arroz regulado. Me cansé, le dije a Elías que los intervenga y si se ponen cómicos los expropiamos y lo pasamos de propiedad privada a propiedad social", aseveró.

La intervención avanza

El presidente del Indepabis, Eduardo Samán, informó que ayer en horas de la mañana se reunieron las autoridades del Gobierno con los trabajadores y la gerencia de la planta Primor en Calabozo, estado Guárico, para instalar al personal de fiscalización que ocupará por 90 días las instalaciones. Revisaron la mercancía en inventario y se determinó la planificación de la producción de arroz.

En los alrededores de la planta, donde se concentraron diversas personas, se escuchó el canto de "oligarcas temblad".

Dijo que hubo un consenso con la empresa para revertir la producción que estaba en 90% arroz saborizado y 10% regulado, a fin de equilibrarla.

También indicó que se solicitó a Primor que dejara de producir arroz saborizado por el momento, ya que hay suficiente producto en inventario.

A pesar de que el ministro Jaua aseguró en Aló, Presidente que ya se estaba produciendo arroz regulado, será a partir de mañana que serán incorporadas las máquinas empaquetadoras del producto regulado en la planta Polar en Calabozo.

Samán explicó que las máquinas fueron desincorporadas de las líneas de producción porque la empresa no estaba fabricando arroz regulado ya que no les daban las estructuras de costos.

La planta trabajará normalmente y deberá incrementar su producción a 100% de la capacidad instalada, en vista de que venían trabajando a 50%.

Estiman que la producción y abastecimiento de arroz se normalizarán en los anaqueles al cabo de un mes. "Nosotros pensamos que esta situación se va a solventar rápido, porque con la ocupación de esta planta se ha observado un cambio de conducta en el resto de las industrias".

Hoy está previsto que inicien las inspecciones en la planta de Arroz Mary en Portuguesa y en el resto de las procesadoras de arroz en todo el país. Aquellas empresas que estén produciendo la versión regulada no serán ocupadas temporalmente.

Angie Contreras C. EL UNIVERSAL

Mientras las autoridades oficiales aseguran que cuentan con suficientes recursos para atender la brecha de ingresos generada por el comportamiento de los precios del crudo, las obligaciones con las empresas y los trabajadores se incrementan.

El Estado está en mora con las contratistas y éstas a su vez no han podido atender los compromisos con los empleados. La situación más crítica se registra con las compañías que les prestan servicios a Pdvsa y la CVG.

Las directivas de las corporaciones estatales señalan que están en proceso de negociación con los proveedores para solventar las deudas, pero las obligaciones tanto de la industria petrolera como de las empresas de Guayana estarían superando los 8 millardos de dólares.

Los estados financieros de Pdvsa al cierre del tercer trimestre de 2008 señalaban que las deudas con los proveedores estaban en 7,8 millardos de dólares, y las contratistas de la CVG estiman que los retrasos en las cancelaciones ascienden a 372 millones de dólares.

La atención de esos compromisos se complica cuando actualmente la cesta venezolana promedia 36 dólares y en el presupuesto se fijó un valor de 60 dólares. Los recursos que está recibiendo el fisco se están destinando para el funcionamiento mínimo del Estado. En casi dos meses, el Gobierno central ha desembolsado 9% del gasto de este ejercicio que asciende a 167,4 millardos de bolívares fuertes (77 millardos de dólares).

Deuda petrolera Pdvsa hasta los momentos es la que tiene más compromisos y para atenderlo ha exigido a las empresas una reducción de 40% en los costos de los servicios.

El presidente de la estatal, Rafael Ramírez señaló hace unos días que si no se revisan las tarifas no se seguirá contando con los servicios de las empresas. "Estamos revisando los contratos a cinco años, porque no se pueden mantener las tarifas y eso se debe entender".

Luego de cinco meses de retrasos, Pdvsa anunció en un comunicado que hoy se comenzarán a atender los compromisos con más de 90% de los proveedores incluyendo a las cooperativas, pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría de las clínicas y demás servicios de salud.

Las compañías le han pedido a la estatal que reanude sus pagos semanales e intermedie con la banca en la renegociación de los financiamientos, lo que permite mantener la operatividad.

Pero esos atrasos en los pagos han tenido efectos. En Oriente dos taladros están paralizados y los trabajadores han estado realizando reclamos por la tardanza en las cancelaciones salariales. Situación similar se registra en Occidente, en especial con los empleados de los muelles del lago de Maracaibo.

Otros compromisos La CVG también se enfrenta a las mismas dificultades.

De acuerdo a lo indicado por los gremios, más de 200 empresas están afectadas por los atrasos en las cancelaciones y de no registrarse los desembolsos se impactará el empleo que generan esas compañías.

En el sector construcción, el Estado realizó las cancelaciones de las deudas en diciembre, pero las erogaciones en los primeros meses de 2009 han sido bajos, en especial para las grandes obras de infraestructura.

Aunque el primer mandatario nacional en sus discursos asegura que invertirá en diversos proyectos, las compañías han recibido notificación de que las obras en este ejercicio marcharán de manera más lenta, en especial las que ejecutan las empresas públicas no petroleras.

Las obligaciones, adicionalmente se reflejan en las convenciones colectivas.

El contrato de los trabajadores del sector petrolero todavía no se ha comenzado a discutir, debido a que la industria ha señalado que no negociará hasta que los sindicatos realicen los comicios internos.

La mora con las convenciones colectivas se observa en el Metro de Caracas, a los empleados ahora se les desconoce el contrato y el Gobierno contempla dar un incremento lineal.

Mayela Armas H. EL UNIVERSAL