El caso judicial seguido al ex Capitán Quirino Ernesto Paulino, iniciado en el país a raíz de su apresamiento el 18 de diciembre del 2004 y luego, procesado en la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Sur de New York (en Manhattan) cuando fue extraditado a los Estados Unidos a principios del año siguiente, desde su inicio tuvo gran repercusión en la sociedad dominicana, no solo por el volumen de la droga incautada(más de una tonelada de cocaína), sino por la dimensión del alcance político que ha tenido.

En el contexto de lo que siempre pareció una estrategia para desacreditar a sus adversarios, y más allá de la verdadera connotación política que se supone tendrá este caso al final de las investigaciones más profundas, la administración peledeísta no escatimó esfuerzos para politizarlo introduciendo ese ingrediente desde la primera etapa del proceso.

Cuando Quirino Ernesto Paulino fue detenido a fines del año 2004, a pocos meses de iniciado el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las nuevas autoridades pretendieron crear la impresión que el confeso traficante era un producto exclusivo del gobierno anterior del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con quienes estaría estrechamente vinculado, aupado por parte del mando militar de entonces y hasta por el mismo ex Presidente de la República, Ingeniero Hipólito Mejía. Los fiscales y parciales al gobierno hicieron ingentes esfuerzo porque en este caso aparecieran importantes políticos, militares y ex militares, vinculados con el gobierno perredeísta que recién era desplazado del poder, pero al mismo tiempo, el oficialismo y sus parciales se abstenían de hacer mención a importantes personalidades de su propio gobierno, sobre las cuales habían serios indicios de su relación con el acusado.

A pesar de la profusa alharaca que hicieron medios y comunicadores afectos al gobierno, señalando los supuestos vínculos de Hipólito Mejía y sus relacionados con la red de narcotraficantes que aparentemente dirigía Quirino, el Ministerio Público no encontraba cómo implementar una acusación directa a ningún miembro de ese gobierno.

Una acusación por Difamación e Injuria que hizo en los tribunales el Senador (PRD) Hernani Salazar al Doctor Marino Vinicio Castillo, quien lo había acusado de ser cómplice de Bladimir García, otro extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, dio oportunidad a que este reconocido abogado y el Buffet que integra con sus hijos, aprovechara para desviar el fondo de la acusación que se le hizo, hacia el supuesto vínculo del ex Presidente Hipólito Mejía tanto con este narcotraficante como con Quirino. Los Castillo, son políticamente aliados al gobierno del PLD, acérrimos adversarios del PRD y con una aversión personal enfermiza hacia Hipólito Mejía, era entendible que buscaran con ansiedad cualquier vestigio de complicidad de aquel gobierno en este o cualquier caso de narcotráfico para contribuir a la causa política de sus aliados y a la catarsis de sus propias hostilidades.

Citados como testigos (por recomendación del Dr. Castillo) ante laJueza Esther Agelán de la Quinta Sala Penal del D.N, el ex Presidente Mejía y algunos ex jefes militares, fueron sometidos a interrogatorios donde se procuraban respuestas comprometedoras que pudieran ser tomadas como base para que al ex mandatario se le implementaran acusaciones formales. No se trataba únicamente de desacreditar al ex Presidente y su gobierno, se buscaba la descalificación electoral de la organización política a que pertenecía. Por delante estaban las elecciones congresuales y municipales del 2006 y era necesario que al votante se le creara la percepción de la necesidad de no votar de nuevo por congresistas y autoridades municipales, pertenecientes a un partido que ?había hecho un gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico?.

Además del ex Presidente, también se hizo comparecer al Ex Secretario de las Fuerzas Armadas, General José Miguel Soto Jiménez; al ex Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Radhamés Zorrilla Ozuna y al ex Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Sierra Pérez. Quirino Ernesto Paulino pertenecía al Ejército Nacional y al parecer nunca compró una lancha ni le gustaban las actividades marítimas, posiblemente eso evitó que como ex Jefe de la Marina de Guerra, yo también fuera llamado a declarar para explicar cualquier cosa.

Otros oficiales y funcionarios cercanos al ex Presidente Mejía, también fueron citados, tanto por el Ministerio Público que investigaba directamente el caso de Quirino como por instancias del clan Castillo en el proceso judicial contra la figura principal de esa familia de abogados, quienes estaban empeñados en desviar la atención de la acusación que se le hacía, involucrando en aquel caso a la mayor cantidad posible de allegados al ex mandatario.

El ex General José Miguel Soto Jiménez, aun sin haberle hecho la pregunta y con el aparente propósito de contribuir a la intención de quienes pretendían acorralar judicialmente a su antiguo Comandante en Jefe, en la exposición que hizo ante la Magistrada Esther Agelán, expresó que en algún momento recomendó al ex Presidente Hipólito Mejía la cancelación de Quirino Ernesto Paulino como Capitán del Ejército Nacional y que el mandatario no lo hizo. Esta afirmación pareció un manjar para los abogados Castillo, quienes buscaban ansiosamente una arista por donde atrapar al ex Mandatario. Este hecho aun no se deja de mencionar cuando se quiere fastidiar a Hipólito Mejía.

El General Soto Jiménez era el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, pero en esas funciones no tenía incumbencia en las investigaciones y operaciones más confidenciales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Esta función la tenía el Mayor General EN, Manuel Antonio Lachapelle Suero, quien dirigía ese departamento gubernamental. De ser cierto que fue solicitada y no se dio curso a la cancelación de Quirino, la explicación estaría en la confidencialidad del seguimiento que se le hacía a quien ya se sabía estaba en actividades ilícitas. Está claro que esas informaciones solo eran manejadas por el Presidente de la República, el jefe de la DNCD y los contactos de la DEA en el país. Al Secretario de las Fuerzas Armadas no había necesidad de enterarlo de este rastreo que se estaría realizando en el más absoluto secreto.

A esta cautela contribuiría también el hecho de el Director de la DNCD no depende de la Secretaría de Estado de las FFAA, por lo que su incumbente no está en la obligación de informarle de su labor. Además, en este caso, existía el ingrediente que el General Soto Jiménez, personalmente no se llevaba muy bien con el General Lachapelle Suero, como tampoco eran buenas sus relaciones con ninguno de los demás jefes militares.

En la actualidad, el caso Quirino, seguido una Corte Federal norteamericana, se maneja en una interesante etapa. Aparentemente él y otros acusados se han acogido a garantías que ofrece el sistema judicial americano a los acusados que, con valiosas informaciones, contribuyen a descifrar los casos más confusos. Quirino y la mayoría de los extraditados, habrían dado informaciones que comprometen a personas del país que aun no han sido incluidas en el expediente y son figuras relevantes de la red de narcotráfico de la que formaba parte.

Esta situación da otro matiz a la implicaciones políticas que puede tener este caso, ya que no resultará tan fácil señalar únicamente los involucrados de un bando político cuando es casi seguro que hay también de otros litorales, especialmente del oficial, quienes no podrán evitar su identificación, esta vez, canalizada por el inflexible sistema judicial norteamericano.