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Pero el financiamiento de ese ?saldo insoluto? desprovisto de toda delimitación entre lo pagado y lo financiado, se ha convertido en unos agujeros financieros insondables para los usuarios que son arrastrados hacia sus profundidades. También, por las elevadas cantidades que implica, constituye una formidable transferencia de recursos de los tarjeta-habientes hacia las entidades financieras. Y eso sucede con la tolerancia y apoyo de la Superintendencia de Bancos (SB).

A marzo de 2010, en República Dominicana los consumidores llevaban en sus billeteras un poco más de 1.7 millones de tarjetas de crédito, revela el Departamento de Sistema de Pagos del Banco Central (BC).

Informa que el monto total del financiamiento con tarjetas de crédito (incluyendo el capital y los intereses por pagar, en pesos y en dólares) que en marzo de 2010 reportaron las entidades de intermediación financiera (EIF) superó los RD$15,050 millones. También en ese mismo mes, el consumo en los puntos de ventas pagados por los usuarios durante los 20 y 22 días antes del vencimiento de los estados de cuenta, alcanzó los RD$9,281.3 millones.

Por ambas operaciones las EIF engrosaron elevadas ganancias, en la forma de cobro de comisiones o de intereses. También, la mayor parte de las veces, por la misma operación realizaron ambos cobros. Por ejemplo, según las memorias de 2009 presentadas por de ocho bancos múltiples y de tres asociaciones de ahorros y préstamos -que incluyen a las instituciones más grandes-, durante ese año estas entidades percibieron comisiones por tarjetas de crédito que suman los RD$4,260.8 millones.

Este ingreso proviene de la comisión de 5% que pagan los establecimientos comerciales sobre las ventas y que con frecuencia, a través de los precios, se la cargan a los consumidores tarjeta-habientes. Pero también incluye el costo de emisión y renovación de la tarjetas que se les cobra a los usuarios. Para las EIF estas comisiones representan ?una parte muy lucrativa de las tarjetas de crédito?, reconoce Julio César Muñoz, director de la Oficina de Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos (Prousuario).

Las EIF cobran además cargos por mora, por retiro de efectivo, por sobregiro, y una tasa de interés por financiamiento que dependiendo del tipo de tarjeta varía de 3.5% a 7.5% mensual, lo que en términos anuales equivale a 36% y 90%.

Según el BC, durante 2009 el promedio mensual del monto financiado de las tarjetas de créditos por parte de las EIF fue de RD$15,556.9 millones, lo que equivale a 1.9 veces el monto consumido y pagado durante ese año. Si a ese monto financiado se le aplica las tasas anuales de interés que se les cobra se observa que ?la parte muy lucrativa? de las comisiones sólo representa la menor cantidad de los ingresos que los bancos obtienen del negocio de las tarjetas de crédito.

Sin embargo, la forma en que estos intereses se calculan ha sido motivo de protestas de muchos usuarios, y de las entidades de protección al consumidor.

Tras pedir por el momento el anonimato, un usuario de tarjeta de crédito de un importante banco del país cuenta que al recibir su estado de cuenta observa que tiene una deuda de RD$45,000, de los cuales decide saldar RD$25,000 y financiar los restantes RD$20,000. Pero en el siguiente estado, observa un cargo de RD$5,500 por los intereses correspondientes al financiamiento del mes anterior, lo que representa una tasa de 27.5% mensual, si se compara con el supuesto saldo insoluto (lo que anualizado significa 330%). Realiza varios intentos de reclamo ante Prousuario, pero no le aceptan la queja, porque primero debe reclamar en el banco donde se supone deben entregarle ?un número de caso?.

Con su reclamación por escrito se presenta al banco y allí alegan que el financiamiento se inició 40 días atrás, desde el primer día en que consumió y no desde el día en que realizó el pago parcial. Esto significa que aunque haya pagado RD$25,000, el cargo por intereses se aplicó sobre el monto de los RD$45,000.
Tras mucha insistencia, el banco le acredita RD$2,000, y el usuario solicita la cancelación de la tarjeta. Pero ese mes, aunque no consumió nada, se le cargó el costo por la renovación, unos RD$1,200. Le dicen que para anular la tarjeta debe dejar el balance en cero; o sea que, ?debo pagar la renovación a futuro de un plástico que iba a ser destruido delante de mí?, afirma. De nuevo tuvo que empeñarse a fondo en su reclamo y ?después de mucho ruego?, se presentó un gerente que aceptó cancelar la tarjeta sin que tuviera que pagar la renovación de un plástico que minutos después sería destruido.

Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor, recuerda lo que hace un mes le manifestó una empresaria importadora sobre su tarjeta de crédito: ?Si yo debo un millón y pago 999 mil pesos, y quedo debiendo un peso, me calculan los intereses sobre el millón?. La funcionaria se pregunta: ?¿Tú crees que eso es justo??

Explica que mantiene un reclamo ante la Asociación de Bancos Comerciales para que los contratos de adhesión de los servicios financieros sean registrados en Proconsumidor, como manda el artículo 81 de la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. ?Todos los contratos, por ley, deben estar registrados aquí, y los bancos se resisten. Alegan que ya los tienen registrados en su ente regulador (la SB)?, explica Paulino.

Posiblemente, el artículo 83 de la Ley 358-05 les atemorice. Su aplicación es potestad de Proconsumidor y señala lo casos en que las cláusulas de estos contratos son ?abusivas? y por lo tanto son ?nulas? y sin efecto alguno.

Tanto Proconsumidor como la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) han recibido decenas de quejas de tarjeta-habientes que se consideran engañados. ?Lo que yo quiero es que más usuarios de los bancos vengan aquí, porque con el peso de la gente nosotros sí podríamos aplicar los artículos de la Ley y de la Constitución?, expresa.

instructivo confuso. ?Las entidades de financiamiento han ganado la batalla de la interpretación sobre el concepto de que el financiamiento nace desde el mismo momento en que el cliente consume en su tarjeta?, reconoce Julio César Muñoz.

Mientras, hasta la Superintendencia de Bancos es fiel defensora de los argumentos de las entidades que regula. Por ejemplo, el organismo realizó una evaluación sobre el cumplimiento de la normativa y el resultado fue ?que el nivel de cumplimiento es el adecuado?, informa Muñoz.

El 19 de abril de 2009 la Asociación de Bancos explicó a Fundecom en una carta: ?Nuestras instituciones aplican los cargos por mora e intereses a las deudas de tarjetahabientes tal como lo establece la normativa bancaria vigente en nuestro país?.

El gremio se refiere al ?Instructivo para al Cálculo y cobro de los Intereses y Comisiones Aplicados al Consumo de Tarjetahabientes?. Esta circular de la SB de julio de 2001 establece que las EIF ?deberán realizar el cobro de los intereses y comisiones por el financiamiento otorgado a sus clientes, sobre la base del saldo insoluto, es decir, sobre el balance promedio diario de los recursos efectivamente utilizados para financiar el consumo?.

Muñoz considera que el lenguaje del citado instructivo ?es perfectible? y atribuye su actual falta de rigurosidad a que data de 2001, antes de que entrara en vigencia la Ley Monetaria y Financiera. Informa que ya se elaboró un proyecto sobre un nuevo instructivo que hace meses fue sometido a la consideración de la Junta Monetaria.

Tanto los bancos como la Superintendencia aseguran que este artículo permite cobrar sobre el total consumido, si el usuario se atrasa u opta por financiar aunque sea una ínfima parte de ese consumo. Y para esta ?interpretación? resulta irrelevante que solo por consumir los usuarios hicieran que los bancos se ganaran, por ofrecer el servicio de medio de pagos, mucho más de RD$4,300 millones en comisiones en los puntos de ventas. Se entiende que también se le puede aplicar los intereses.

?Sólo nos ceñimos a la normativa?, dice Muñoz, ante lo cual, para evitar ese cobro, el usuario solo tiene dos obligaciones: ?Pagar todo y pagar a tiempo?.