Autogolpe en paquete

El conjunto de 26 leyes constituye un golpe de estado porque es una violación flagrante y masiva de la Constitución; además es un autogolpe porque el autor de la violación masiva del orden constitucional es el Presidente de la República. Si este golpe se relaciona con las inhabilitaciones que impuso a través de su tarambana legal, se tiene un gobierno de facto. No es como en las dictaduras militares tradicionales, sino en el más sofisticado envoltorio del neoautoritarismo, consistente en el ejercicio despótico del poder embolsado en una retórica falsamente democrática e institucional.

La Vuelta a lo Básico. Tal vez algunas cuestiones obvias conviene repetirlas. La primera es que Chávez no dejará voluntariamente el poder y tratará de mantenerse allí mediante todos los artilugios legales e ilegales que pueda emplear, hasta el límite que lo permitan las fuerzas que lo confrontan.

Un régimen autoritario no reconoce sus límites en la ley sino que la concibe como barrera a transgredir para lograr sus propósitos. En éste, la ley carece de importancia sustantiva, como expresión del pacto social; más bien es coartada, para mostrar que lo que hace el gobierno no es autoritario sino mera apelación a procesos legislativos democráticos ("nosotros, los dueños del país, cumplimos la ley"); en otro sentido es ideología ("no es que nosotros queramos imponer nuestra particular visión, es que la ley está vigente y ha sido producto de amplios consensos").

La ley no es para cumplirla sino para revestir de legalidad la arbitrariedad.

Las veces que ha querido y podido, Chávez ha vulnerado la Constitución. Con frecuencia, las fuerzas que se le oponen no lo han logrado impedir. Un régimen neoautoritario necesita cobertura legal y se afana en producir leyes y decretos que puedan ser presentados en los foros internacionales como muestra de su apego a la estructura institucional, la que, por otra parte, perfora.

Véase el caso de la FAN. Desde hace meses, Chávez y el alto mando militar emplean consignas desechadas por el referéndum del 2-D; se refieren a la institución como "bolivariana" que es, en el contexto actual, sinónimo de chavista; y sostienen el papel de la milicia. Todos estos planteamientos fueron rechazados en la consulta electoral pasada; sin embargo, el gobierno los puso en práctica. Ahora la ley viene a dar una tapadera a procedimientos adoptados despóticamente para enrostrarle a la sociedad el dominio de quienes dominan y para darle excusas a los débiles de alma que, argumentan, no es que compartan lo aprobado, pero aunque la ley sea dura, es la ley.

Con estos procedimientos, el gobierno de Chávez se transformó en un régimen neoautoritario al controlar todas las ramas del Estado y camina hacia el totalitarismo en la medida en que ya no se contenta con dominar por arriba, sino que quiere hacerlo por abajo, mediante el control de la sociedad civil (educación, iglesia, cultura, medios de comunicación y organizaciones populares).

Por eso es una falacia afirmar, como si fuera un hecho obvio, que Chávez, en todo caso, sólo llegará como Presidente a 2013. Chávez no irá más allá si y solo si se le impide; de lo contrario, ya vendrá la enmienda constitucional para permitirle unos añitos más en el poder. Es decir, la vieja consigna, tan vituperada por los moderados, emperadores del agua tibia, considerada como pecado de radicalismo y que rezaba "¡Chávez, Vete Ya!", al final tendrá que volver, a menos que si se reelige el 2012 se diga que no se le aceptará en la presidencia ni un minuto más después de ... 2019.

En conclusión, Chávez no se irá por procedimientos previamente establecidos, sino que lo hará por presiones sociales -lo cual incluye la de muchos de los que han sido o son sus partidarios-.

La Vida Continúa. Lo anterior no desestima la apelación a los procedimientos que serían efectivos en una democracia, como recurrir a los tribunales, denunciar irregularidades ante la Fiscalía o la Contraloría, o asistir a las elecciones. En un régimen democrático se aspira a que esos instrumentos marchen con una mínima eficacia; en un régimen neoautoritario, cumplen otras funciones. Cuando se hacen gestiones o denuncias ante el Tribunal Supremo, nadie espera justicia en casos de connotación política; sin embargo, se logran algunos propósitos, como evidenciar la sumisión de esta especie de bufete del Presidente, y airear ante la opinión temas como el de las miserables inhabilitaciones.

Votar cumple una misión, en el sentido de unificar fuerzas, promover liderazgos alternativos, difundir ideas; pero, son eventos esencialmente -y no marginalmente- fraudulentos. Lo normal es que los procesos eleccionarios en regímenes neoautoritarios le sirvan a éstos para lubricar sus engranajes, para dar apariencia institucional y para resolver sus contradicciones; y lo usual es que los resultados sean amañados como ha ocurrido en Venezuela desde 1999 hasta la fecha. Incluso, el referéndum del 2-D, de resultado inesperado para el gobierno, también fue amañado, lo cual explica el ignoto paraje al cual fueron confinados sus verdaderos resultados. En otros casos, la abstención puede cumplir un papel -como ocurrió en 2005- de alerta sonora frente a condiciones electorales impresentables; pero su empleo depende de circunstancias que no parecen estar presentes.

Hoy, la sociedad democrática más activa se inclina por convertir el acto electoral en una ocasión de protesta; sin embargo, la amenaza de la abstención, en este caso como subproducto no deseado, está presente como manifestación de protesta de chavistas y antichavistas frente a las complejas operaciones políticas de sus dirigentes. La abstención, cuando no es un deliberado propósito político compartido, podría terminar favoreciendo al gobierno en las actuales circunstancias, y sería gesto de desencanto en caso de no atajársele a tiempo con una táctica sugestiva.

Elecciones y Crisis. Podría existir una posibilidad de convertir las próximas elecciones en un elemento decisivo de la crisis política actual. No cabe duda de que si las elecciones fuesen libres y limpias, el gobierno recibiría una derrota descomunal; no lo son, ni lo serán. Sin embargo, si los más ambiciosos renuncian a la diversión suicida, pudieran colocarse límites a la capacidad de fraude del oficialismo. Tal vez colearle la parada a Chávez que quiere convertirlas en un plebiscito (yo o el caos) y transformarlas en un nuevo referendo contra la reforma constitucional.

Subsiste el dilema que tienen opositores y chavistas críticos: ¿convivir con Chávez hasta el día del Juicio Final o procurar un acuerdo nacional para su relevo? Esto no lo resuelven las elecciones sino una sabia dirección política con pensamiento estratégico que sea capaz de insertar las elecciones en el contexto de la crisis.

Carlos Blanco
El Universal