Por una parte autoriza a la Secretaría de Hacienda a contratar y desembolsar un monto máximo de RD$19,013 millones como financiamiento de apoyo presupuestario por medio de títulos o bonos a ser emitidos en el mercado local así como por medio de créditos bancarios obtenidos en el sistema financiero local, lo que seguiría provocando un efecto de contracción de la economía desviando recursos que podrían estar destinados al sector privado para el sector público.

Y por la otra, autoriza a dicha Secretaría a contratar financiamientos externos por un monto de US$2,455 millones, de los cuales US$1,900 millones serían para obras de infraestructura.

Estas inéditas autorizaciones de operaciones de crédito público, así como las demás detalladas en el Proyecto de Presupuesto se pretenden justificar en la aplicación de los artículos 37 y 38 de la Ley No.423-06, Orgánica de Presupuesto y 21 de la Ley de No.6-06 de Crédito Público; y según lo establecido en el referido Proyecto de Presupuesto el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a realizar esas operaciones de crédito público por los montos indicados según las condiciones generales de contratación consignadas, debiendo sólo informar el Secretario de Hacienda al Congreso al vencimiento de cada trimestre sobre las operaciones realizadas en el marco de la autorización general.

Esto equivaldría a decir que la facultad del Congreso de autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República prevista en el artículo 37, inciso 13 de nuestra Constitución, se reduciría, conforme la interpretación que han dado las autoridades del Poder Ejecutivo a dichas leyes, a aprobar dentro del proyecto de presupuesto sometido los montos globales de crédito público proyectados para el año.

Por lo que la atribución prevista en el inciso 12 del artículo 37 relativa a votar el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos y la de aprobar empréstitos prevista en el inciso 13 quedarían reducidas a una sola.

Peor aún, como de conformidad con el artículo 115 de la Constitución el Congreso no podrá modificar las partidas presupuestarias sometidas por el Ejecutivo a menos que cuente con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, la autorización previa a su contratación de estos préstamos contenida en el proyecto de ley de presupuesto, podría pretenderse que también estaría sometida a esta mayoría especial, que no aplica para la aprobación de empréstitos. Esta peligrosa interpretación que no se compadece con la letra y el espíritu de estas recientes leyes, anularía en gran medida el poder de control y contrapeso reservado al Poder Legislativo, por lo que podría viciar el proyecto de ley de presupuesto de inconstitucionalidad.

Por eso es indispensable que se aclaren previamente los propósitos de esa autorización, para que aprobando el proyecto de Ley de Presupuesto nuestros congresistas no estén firmando un peligroso cheque en blanco que lesione aún más nuestro Estado de Derecho.