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Colombia en llamas
Por Fernando Londoño Hoyos

Cuando lo habíamos ganado casi todo, resolvimos echarlo a perder. La rueda de prensa del 29 de octubre, en la que se fueron de baja 27 oficiales y suboficiales de nuestro Ejército y se decidió el fin de la carrera militar del general Mario Montoya, quebró la lógica histórica y nos lanzó al desastre.

Desde aquel hecho funesto se han desencadenado las tragedias que hoy vivimos y a las que ya no estábamos acostumbrados. Cilindros de gas sobre Roberto Payán; secuestros masivos en una carretera en Norte de Santander y en un paraje del Putumayo; explosivos en puentes del Guaviare y Huila; vuela en pedazos un centro comercial de Neiva; se suceden bombas en Cali, sembrando terror y muerte; otra bomba para Bogotá, como a finales del 2008; Medellín vuelve a ser víctima del terror; dos policías muertos y 16 heridos en Nariño; otros corren pareja suerte en Arauca; y escribimos estas líneas con el dolor de los muertos del Cauca y Nariño, miembros de patrullas de la Policía y el Ejército, y de muchos indígenas awas.

En la guerra, todo es cosa de saber quién está a la ofensiva. Y hoy son las Farc las que atacan y nuestras Fuerzas Militares y de Policía las que no atinan a defenderse. En los últimos tres meses no hubo un solo hecho de armas a favor de la República. Estrictamente hablando, no se ensayó ninguno. Parece nuestro aparato militar como esa ballena varada en la playa, que describió Churchill cuando el ataque por Anzio. Del gato montés de otros días, pasamos a esa triste condición.

La rueda de prensa famosa fue la conclusión de una cadena de equivocaciones. Veníamos entregándoles a los buitres los hombres que exigían. El general Arias Cabrales y el coronel Plazas, por el Palacio de Justicia; el mayor César Maldonado, por el atentado a Wilson Borja; el subteniente Ordóñez, por los guerrilleros del Eln que llevaban cédula de sindicalistas en el bolsillo; el teniente Castro y sus soldados, por los policías desuniformados de Jamundí; el general Quiñones y sus infantes de marina, por la masacre de Chengue; el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, por pacificar el Cesar, y el general del Río, por Urabá; el almirante Arango Bacci, por nada que sepamos, y los pilotos de Santodomingo, por dolo eventual en un bombardeo, son casos aparentemente aislados en una lista no exhaustiva de las infamias de la Fiscalía y la justicia ordinaria contra nuestros héroes.

Pero faltaba lo peor. Acusándolos, sin ninguna oportunidad de defensa, fueron sacrificados 27, desde generales hasta sargentos, porque supuestamente eran autores de falsos positivos, es decir, de asesinar civiles. Hoy sabemos que a los militares los mataron en vida sin saberse por qué. Y, para rematar, se tomaron a propósito dos decisiones colosales: no habrá ninguna operación militar sin visto bueno del Comando General, que lo dará previo concepto jurídico favorable; y las bandas emergentes serán del cuidado exclusivo de la Policía. Con eso basta.

La justicia penal militar no existe. El doctor Camilo Ospina y el doctor Mario Iguarán derogaron la Constitución Nacional en media página de sandeces. Lo que ha permitido maravillas como la última providencia del Tribunal de Cundinamarca, que acaba la Fuerza Aérea.

Cuando un piloto de guerra deba abstenerse de lanzar bombas porque eventualmente le causen agravio a un extraño a la guerra, mejor le valdrá no despegar su nave. El daño colateral que en todas partes se lamenta, aquí significa 60 años de cárcel para la tripulación. Así no habrá ninguna que dispare.

Hace tres meses no hay denuncias por falsos positivos. Claro. Porque en este tiempo los únicos positivos son de las Farc. Que nunca son falsos.
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