Combate frontal contra la corrupción en Weblogs de Yaaqui.com

Los hemos denunciado en cantidad de comentarios: la enorme corrupción, el contrabando, la evasión de impuestos y el tráfico de influencias han caracterizado a los cuatro sucesivos regímenes de Arena. La lucha contra estos jinetes del Apocalipsis en la administración pública nunca se dio, es más se toleró a ciencia y paciencia de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía General de la República. Cuántas veces se mencionó que en tal o cuál institución existían "anormalidades" o "faltantes", un eufemismo utilizado por estos funcionarios areneros, inmediatamente salían informes y explicaciones para "desvanecerlos"; en algunos casos los Ministros, presidentes de autónomas o directores de dependencias gubernamentales, eran retirados o renunciaban de sus cargos "por enfermedad" o "razones personales".

La deshonestidad ha sido "algo normal" en los gobiernos de la dictadura militar, también en los regímenes neoliberales de Arena. Los mafiosos una y otra vez han salido en "caballo blanco", las mismas instituciones controladas por el gobierno les extienden finiquitos y constancias de "buena conducta" para que se postulen nuevamente a cargos públicos y sigan medrando en el erario nacional. Ustedes lo están viendo claramente con la postulación a ocupar cargos en la Corte Suprema de justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, en la Fiscalía General de la República, en la Corte de Cuentas y paremos de contar.

Los sinvergüenzas de la política, encabezados por Rodolfo Parker, del PDC y Ciro Cruz Zepeda, del PCN, son los primeros en salir a la palestra para postular con debida anticipación a sus candidatos a magistrados. Una y otra vez violan la Constitución, reforman las leyes a su antojo o "hacen recomendaciones" para emitir decretos transitorios que les permitan compartir "el pastel de la corrupción". ¿Alguna vez les habrá interesado escuchar las opiniones de los salvadoreños? Ya lo hemos dicho: hace unos años atrás por decisión popular, ambos partidos fueron condenados a desaparecer, el voto de las mayorías así lo sentenció. Sin embargo, un fallo plagado de anormalidades emitido por la Corte Suprema de Justicia, al menos por magistrados carentes de escrúpulos, les dio nueva vida, con los resultados que ya todos conocemos.

La misma oficina de Probidad que funcionaba en la Corte Suprema de Justicia fue eliminada a pesar del voto razonado y en contra de magistrados honestos como René Fortín Magaña, Marina de Avilés y Mirna Perla. En El Salvador existen leyes suficientes para procesar a los ladrones, a los funcionarios deshonestos. La misma Constitución faculta a la Fiscalía General de la República y entendemos que por petición expresa también a la Corte de Cuentas a "investigar por denuncia o de oficio los casos de enriquecimiento inexplicable de los mismos y proceder a su consignación, cuando se acredite que hay motivos para presumir, fundamentalmente, falta de probidad en su actuación, de acuerdo con el procedimiento que señala la ley".

El pueblo de manera general no se puede expresar en los medios de publicidad ni tiene forma de hacerse escuchar en las altas esferas gubernamentales; pero estamos seguros que quisieran que todos los funcionarios del régimen, así como los diputados, los presidentes de autónomas y más, declararan a cuánto asciende su fortuna, en el entendido que antes de asumir sus cargos también hicieron una declaración jurada de sus bienes materiales. La ley lo manda y debe ser de acatamiento forzoso. O sea, siempre que el enriquecimiento sea "inexplicable" procederá la denuncia y consignación de los funcionarios involucrados. La idea me suena bien al oído, aunque siempre subyace la duda sobre la demarcación de lo "explicable" y lo "inexplicable". Además, para que esta idea tenga realidad, sería necesario que todos los ciudadanos, lo reiteramos, sepan a cuánto ascienden los ingresos reales, honestamente percibidos, de los funcionarios públicos. ¿No lo cree señor Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas y Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República?

A las nuevas autoridades por asumir sus cargos el 1 de junio próximo, les hacemos el mismo llamado: para poder distinguir entre lo "bien" y "lo mal" habido es necesario informar al pueblo a cuánto ascienden los ingresos reales, los normales de los funcionarios que ocuparán puestos de Ministros, Viceministros, Gerentes, Directores, Presidentes de autónomas y más. Sólo publicando y dando a conocer el monto de las percepciones reales de los altos funcionarios se podrá saber (o deducir) si sus fortunas son resultado de su personal corrupción, o sin son simples consecuencia del funcionamiento "normal" del sistema.

Al pueblo no se le teme, en el pueblo se apoyan y basan su gestión los buenos gobernantes. Si una de las promesas de campaña del FMLN y de Mauricio Funes, fue combatir la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal, pues manos a la obra y a proceder con sabiduría y firmeza desde el mismo inicio de la nueva administración pública. Lo que debe guiar a los funcionarios del partido de izquierda es un verdadero interés por servir a la colectividad. Nosotros estamos obligados a creerlo así, pues ya demasiado ha sufrido esta pequeña nación por las millonarias estafas, saqueos y robos al Estado por parte de altos dirigentes y funcionarios del partido Arena.

El otro aspecto es la austeridad. El incapaz presidente Antonio Saca siempre pidió "austeridad y sacrificio" al pueblo; sin embargo, nunca dio muestras de "predicar con el ejemplo", pues la partida publicitaria de la Presidencia de la República, fue millonaria, ostentosa, ofensiva. Así no hay forma de tener la autoridad moral para imponer cargas fiscales adicionales y restricciones económicas a la población, de por sí con grandes limitaciones, sin empleo y amenazada diariamente por la vorágine de la delincuencia común. La misma "partida secreta" de la presidencia de la república debe ser eliminada, es una forma más de garantizar al pueblo que se procederá con honestidad, rectitud y servicio a la colectividad.

En tal sentido, en los primeros 100 días del nuevo gobierno, quisiéramos ver materializados al menos cuatro puntos: austeridad en el gobierno, sobre todo cero inversión en publicidad; combate total a la corrupción, dirigida a las aduanas terrestres, área y marítima, a todos aquellos lugares donde ya ha sido detectada; reformas puntuales en el Ministerio de Hacienda para impedir la evasión fiscal y, por último, dotar de medicinas a los hospitales públicos y al Seguro Social. Con esto se estaría mandando un mensaje positivo y de aliento a la población. En síntesis, decir que se va a castigar a los funcionarios deshonestos no es suficiente. Perseguir el llamado enriquecimiento "inexplicable es (o debería ser) sólo un primer paso en la lucha contra la corrupción.

Si por tantos años hemos dado seguimiento a todos los casos de corrupción y hemos señalado con nombre y apellidos a los funcionarios deshonestos del partido Arena, también estaremos atentos a la forma de proceder del nuevo gobierno, es nuestro deber y una actitud responsable ante las demandas de la población.