Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración rechazan las restricciones al acceso a sistema sanitario público establecidas por la Consellería de Saude de la Xunta de Galicia

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El articulado de la ley autonómica establece trabas al acceso a la tarjeta sanitaria para los extranjeros. A partir del próximo 1 de enero, el Sergas exigirá una antigüedad mínima en el padrón de 183 días antes de autorizar la tarjeta sanitaria, indispensable para toda consulta o receta médica. Esta condición para acceder a la tarjeta va a limitar el acceso a la atención primaria en los centros de salud. El nuevo reglamento, en vigor desde el 29 de septiembre, viene a incrementar las barreras que encuentran las personas extranjeras en acceder al derecho a la salud y plantea rebajar un derecho en lugar de garantizarlo.

La Orden de la Consellería de Saude vulnera el propio marco legal español, que reconoce y garantiza el principio de universalidad del derecho a la salud y es contraria a leyes estatales como la Ley General de Sanidad 14/1986 y de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (diciembre 2009) que establece en su artículo 12: ?Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles? sin incluir periodo mínimo de empadronamiento como ahora hace intenta el Servizo Galego de Saúde.

Además, contraviene normas internacionales al establecer criterios limitantes que rompen el principio de equidad como queda establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966) y el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos (1948).,

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración reivindican el derecho a la salud como un derecho universal y sobre el que no puede establecerse una limitación por vía administrativa como se establece en la Orden de la Consellería de Saude de la Xunta de Galicia al establecer, además del empadronamiento, una antigüedad de 183 días de residencia en España

El argumento esgrimido por los valedores de la iniciativa en relación a un supuesto abuso por parte de las personas inmigrantes como justificación para instaurar el presente reglamento no puede servir como coartada para menoscabar el derecho fundamental a la salud de las personas más vulnerables.

No es cierto que las personas inmigrantes vengan a Galicia o a España para aprovecharse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria. Numerosos estudios concluyen que, en general, las personas extranjeras utilizan menos los servicios sanitarios que la población española. El último ejemplo lo tenemos en el estudio desarrollado en la Gerencia de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que concluye que, a igual edad y enfermedad, los extranjeros que provienen de países con rentas bajas acuden menos al médico de familia.

Tampoco es verdad que las personas inmigrantes generen un coste económico al sistema de salud superior al que aportan vía impuestos. Debemos recordar que el Sistema Nacional de Salud responde a un modelo de prestación no contributiva que se financia mediante los impuestos en el que cada persona aporta según sus ingresos y recibe servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades de salud.

Lo que está constatado es que limitar el acceso exclusivamente a los servicios de urgencia, más costosos que la atención primaria, puede llevar a un agravamiento o cronificación de la enfermedad a causa de un diagnóstico o tratamiento tardío. La atención de urgencias será mucho más costosa para el sistema de la misma forma que lo sería el tratamiento de patologías transmisibles que podrían haber sido atajadas con una atención primaria adecuada.

Médicos del Mundo y el Foro de Inmigración reclaman el papel que las Administraciones Públicas tienen que jugar en tiempos de crisis para garantizar el acceso a los servicios de salud. Ambas organizaciones van a supervisar las consecuencias de estas restricciones al derecho a la salud de las personas desempleadas, en situación de exclusión social, e inmigrantes, y ejercerán las medidas a su alcance para la defensa de este derecho.