Como en todo régimen comunista, el que pregona la revolución castro-chavista está focalizado en inhibir la diversidad de pensamiento, la coexistencia de ideologías y el discernimiento político.Ha estrangulado económicamente a las organizaciones políticas que pregonan democracia, a los centros de estudio de pensamiento autónomo, y ahora se focaliza en las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos universales consagrados en la Constitución Nacional, como lo son, entre otros, los derechos humanos, la propiedad privada, la libertad económica y la libertad de expresión. En Venezuela, como en otros países del mundo libre, existen instituciones internacionales que promocionan y financian foros de discusión, formación de pensamiento y difusión de ideas sobre libertad y democracia. Algunas de ellas son la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que contribuye a la cooperación y comprensión de temas como la economía social de mercado, descentralización y democracia, o como la norteamericana National Endowment for Democracy (NED), que promociona el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas en todo el mundo. Así como otras ONGs nacionales como Cedice y Transparencia Venezuela, que promulgan también las ideas de libre mercado y de transparencia de la gestión pública, respectivamente. El Gobierno exacerbado por la credibilidad y aceptación de estas organizaciones que difunden ideas contrapuestas al comunismo de Chávez, busca inhabilitarles su ejercicio en el país. Un avance en este sentido fue la ponencia que dictara hace casi diez años el magistrado Jesús E. Cabrera, dictaminando que las ONGs que recibían financiamiento internacional no eran "venezolanas", por lo cual no tenían derecho de participar como Sociedad Civil en la actividades especificadas para ésta en la Constitución.Otro paso, fue el que dio Conatel en 2009, cuando dictó una medida en contra de una campaña a favor de la propiedad privada lanzada por Cedice y Asoesfuerzo, para contraponerla al proyecto de "Ley de Propiedad Social", que discutía la Asamblea Nacional.El argumento falaz de Conatel fue que esas propagandas contenían mensajes"que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población" y pudieran "fomentar en el colectivo conductas tendientes a alteraciones del orden público y que pueden ser contrarias a la seguridad de la Nación". O sea, cualquier nueva campaña a favor de los derechos humanos o democráticos podría ser descalificada por Conatel, exponiendo a los ONG y los medios a medidas disciplinarias por parte del ente regulador.Lo insólito de todo este estrangulamiento a la promoción y difusión del libre pensamiento en Venezuela, es que contrasta radicalmente con la promoción de las ideas del supuesto Socialismo del Siglo XXI, que patrocina y lidera el Gobierno de Hugo Chávez por el mundo, incluyendo donativos y financiamientos preferenciales a gobiernos, ONGs e incluso proyectos individuales de afectos a su proyecto castrocomunista. Para Chávez y sus acólitos, pareciera que autodefinirse "revolucionarios" les da una patente de corso que le es vedada al resto de la humanidad.