La decisión de ampliar los mecanismos del plebiscito y referéndum en el marco constitucional, es correcta por el hecho de que el poder emana del pueblo y nadie puede limitar al soberano. Agradezco el apoyo personal de los diputados del PL y la UD que defendieron estos derechos.

Lo que los operadores de justicia erróneamente consideraron un delito hace 2 años, cuando el pueblo con quinientas mil solicitudes solicitara ser consultado en la cuarta urna, hoy, a todas luces es una acción constitucional amparada en la ley; si dijeran lo contrario que aquella iniciativa era ilegal, entonces esta iniciativa presentada al Congreso Nacional y esa reforma sería inconstitucional

Los principios que se han utilizado para justificar las reformas que hoy aprueba, el Congreso Nacional, se desconocieron hace más de año por el Juez, el Fiscal y la Corte de Justicia al satanizar con argumentos espurios e ilegales, la iniciativa ciudadana y la encuesta para colocar la cuarta urna en las elecciones generales.

La encuesta estaba basada en la Constitución y en Ley de Participación Ciudadana aprobada en nuestra administración por el propio Congreso Nacional.

Ha quedado al descubierto la falta de principios y valores éticos en la formulación de criterios jurídicos y políticos para deslegitimar nuestra administración y ejecutar el golpe de Estado del 28 de junio. Lo mismo que la terrible decisión de la Corte, sin ningún juicio previo, ordenar asaltar mi casa a balazos, secuestrarme y desterrarme a Costa Rica sin respetar mi investidura como Presidente. Fue una violación total a la Constitución y todas las leyes del país.

Esas acciones y artificios jurídicos solo se construyeron con el fin de ejecutar el golpe de Estado de junio de 2009 como lo reconoció el mismo embajador de EEUU Hugo Lorens en su análisis jurídico.

Mi administración presentó la misma iniciativa ciudadana amparados en la Constitución, para que el pueblo fuera consultado y MICHELETTI contesto liquidando la democracia, con un golpe de Estado militar, hecho que sacrifico a honduras y es condenado por todos los países de la tierra.

Las razones para romper el orden constitucional definitivamente no fueron jurídicas, sino políticas y esencialmente económicas; coordinadas por los grupos de poder Factico de Honduras prestos a responder con la sumisión de siempre a los dictados de las extremas derechas norte americanas para imponernos un modelo económico Neo liberal que solo ha generado dependencia y pobreza.

Mi política exterior, independiente y soberana, de acercarnos a la integración latinoamericana, Brasil de Lula, a la Nicaragua de Daniel, a la Cuba de Fidel y Raúl, a la Venezuela de Hugo Chávez, a Correa y Cristina, a la iniciativa del ALBA, y Petrocaribe es lo que realmente resintió al imperio y al gobierno mundial de las transnacionales.

El temor al socialismo es lo que mueve a la derecha a atacar con saña a nuestro pueblo y a destruir nuestra democracia. Los argumentos jurídicos que esgrimieron, no eran otra cosa sino las maquinaciones, las falacias a que nos someten los inversionistas de la esclavitud por más de 100 años.

Después de haber soportado por 189 años toda clase de atropellos no hacía falta que nuestro pueblo pagara un precio tan elevado por su libertad, y que hasta ahora reconozcan la necesidad de cambiar el rumbo de la historia y el derecho del pueblo a ser consultado.

La avaricia desmedida de unos pocos no puede condenarnos a tantos al sufrimiento.

Pido al pueblo que no desmaye, que continúe la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente y mi retorno; la redefinición de las estructuras de distribución del ingreso y de la riqueza que produzca mayor igualdad y oportunidades reales en el desarrollo y bienestar para todos los hondureños y hondureñas.

Hace falta que el gobierno de Porfirio Lobo reconozca, como su verdadera oposición, al FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR donde están representados también las fuerzas políticas del PL Y LA UD; es necesario que cese la persecución, intimidación y liquidación contra los que promovemos un mundo mejor, debe detenerse de inmediato el acoso contra los miembros de la Resistencia nacional; se debe terminar de una vez por todas con la fabricación de argucias jurídicas contra los que nos oponemos a este sistema de sometimiento y que nos resistimos a heredar la esclavitud neoliberal a nuestros hijos.

El destierro a más de 187 hondureños entre los que se incluye a mi familia, es una injusticia mayúscula, es un acto ilegal, un delito del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y una violación a la Constitución.

Compatriotas, hoy nos han reconocido un derecho, nuestra misión sigue siendo cumplir con nuestra responsabilidad histórica, hasta entonces, nadie tiene la opción de celebrar ni descansar.

José Manuel Zelaya Rosales, Presidente Constitucional 2006-2010
Coordinador General Frente Nacional de Resistencia Popular