25 Marzo 2009, 11:15 AM http://www.elnacional.com.do/opiniones/2009/3/25/11282/Democracia-de-gatillo-alegre

El comandante policial de Salcedo, coronel Eulogio Taveras dice que los grupos que organizan las protestas mantienen ?una especie de guerrilla urbana?. ¿Con qué intención se expresa de ese modo? Un joven de 20 años fue baleado en el pecho el martes por la mañana cuando caminaba por una de las militarizadas calles de Salcedo. En Bonao, un joven de 23 años fue baleado en la pierna izquierda. Una crónica de este diario, en la edición de ayer, martes, informa que ?agentes del Departamento Swat de la Policía enviados de Santiago, patrullaban las calles?.

La represión sigue siendo la respuesta a las huelgas y movilizaciones en demanda de obras de infraestrucura, rebaja de los precios de los alimentos y acceso a servicios básicos como la salud y la educación.

La reunión al final de la pasada semana entre el presidente Leonel Fernández y los integrantes del mal llamado Consejo de Seguridad Ciudadana, fue la amenaza, la represión policial en Salcedo y en Bonao y la militarización de las poblaciones donde hay protestas es la acción.

¿Qué intención hay en las palabras de un oficial que denuncia que personas de Licey, San Francisco de Macorís y Navarrete llevan a Salcedo material subversivo? El coronel Taveras es parte de un cuerpo represivo al servicio de un gobierno que no cuestiona la coerción de clase.

El presidente Leonel Fernández y los funcionarios a su servicio, pretenden explicar a partir de los hechos de violencia en las calles, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes infractores. No dejan de buscar explicación al uso de las armas contra los manifestantes, y las palabras del oficial policial son parte de esto.

La Policía dispara contra un vehículo ocupado por varias personas y no tiene reparo en confesar que lo hizo sólo porque no obedecieron una orden de detenerse. El Gobierno militariza las calles de cualquier pueblo y ofrece garantías a los agentes policiales y a las patrullas militares que disparan a matar. Es una velada orden de matar.

Es deber de conciencia llamar la atención sobre estas acciones y clasificarlas como corresponde: coerción de clase. Las autoridades entienden que el efecto del trabajo ideológico no es suficiente para hacer convivir la gobernabilidad con la injusticia.

En una situación en que más del 40% de la población vive en la pobreza y el gasto social supera en poco el 7% del Producto Interno Bruto, Leonel Fernández dice que no hay recursos suficientes para aumento salarial y construcción de obras comunitarias, pero también proclama que la estabilidad macroeconómica y la recuperación de la confianza han blindado esta economía contra los efectos de la crisis y que para que esta economía fracase ?tiene que fracasar primero el mundo?.

Sólo los beneficiarios de la crisis aplauden esas palabras. En la población, la inconformidad crece.

En varias comunidades del país hay protestas en demanda de mejores condiciones de vida, y a esto se une la demanda de aumento salarial de los médicos y la reconocida precariedad en los sueldos de los maestros y otros servidores públicos, y la rigidez de sueldos y salarios que Joaquín Balaguer dejó en herencia desde la dirección del Estado como recurso para la acumulación rápida de capitales por los inversionistas privados.

Leonel Fernández tiene el compromiso de prolongar esta situación, y lo está cumpliendo. Si no ha pagado un costo político mayor es por la atomización del movimiento popular y por la ausencia de principios en el sistema de partidos.

Miguel Vargas Maldonado, ex candidato del Partido Revolucionario Dominicano, sólo por demagogia y atendiendo al proyecto de convertir en instrumento del sistema a una parte del movimiento popular, dice que apoya las protestas. ¿No fue, acaso, funcionario del gobierno de Hipólito Mejía, un gobierno que reprimiendo las protestas contra los apagones mató cuatro personas en apenas tres días en el año 2002? Para traer esto a la memoria, sólo hay que buscar los archivos de los diarios.

Además de apoyar los reclamos, hay que exigir que cese la represión. La Policía no tiene derecho a cazar dirigentes populares. Que lo entienda de una vez.