domingo, 19 de abril de 2009
Es creciente el reconocimiento de que los derechos culturales de las personas no solo constituyen un componente relevante de la ciudadanía, sino que representan también un aspecto determinante del desarrollo, la cohesión social y la consolidación de la democracia con amplios espacios de participación. Organismos internacionales como UNESCO y CEPAL incorporan hoy esta óptica en el diseño de sus políticas. Por eso hay que saludar que el tema de la cultura y los derechos culturales figure como Artículo (53) en el Proyecto de Reforma Constitucional.

Más de ochenta reconocidos intelectuales, artistas, activistas de la cultura, científicos, profesores universitarios, han presentado una propuesta de modificación al referido Artículo 53, que viene a resolver numerosas limitaciones que el proyecto original presentaba.

Con este propósito, la UASD, la FLACSO, el CIES y la Red Cultural, estimularon un rico debate entre especialistas en el tema cultural, que finalmente culminó en la propuesta de referencia. Este es un importante acontecimiento, no solo por la riqueza de la propuesta sino porque quizás por primera vez en el país los intelectuales y artistas se movilizan y presentan concretamente propuestas de orden político-constitucional al estado.

La propuesta que este grupo de intelectuales entregó al congreso deja mucho mejor explicitado que el proyecto original del Ejecutivo el lugar de la cultura en la dinámica del desarrollo y en la construcción de la democracia. Introduce así la dimensión de la ciudadanía cultural como componente de la democracia que debemos construir, dando garantías a los ciudadanos de que el estado protegerá y promoverá la cultura, asumiéndola como un proceso creativo y libre, que debe protegerse, no sólo estimularse.

De esta forma el estado asumiría la tarea de la promoción de la cultura sosteniéndola en la ciudadanía cultural, lo que permitiría controlar el intervencionismo estatal en esta materia, al tiempo de garantizar dicho proceso como eminentemente creativo. De ahí que el estado como se argumenta en la propuesta deba garantizar no solo la libertad creadora, sino los derechos de sus creadores, protegiendo también a sus consumidores. De aprobarse la propuesta tal como ha sido entregada a la Presidencia de la Cámara de Diputados, el estado se colocaría como garante de la producción cultural y de la dimensión ciudadana que le es consecuente.

Un asunto vital es el del compromiso del estado con la salvaguarda de las identidades que nos definen como nación, donde el estado, al tiempo que se compromete con su defensa, reconoce el respeto a la diversidad cultural como condición necesaria de una sociedad democrática.

Otro aspecto central de la propuesta de los intelectuales, artistas y organizaciones académicas que presentaron la propuesta que hoy comento, es el del patrimonio cultural. En la misma la producción de bienes culturales en el espacio del estado/ nación se considera patrimonio común de la nación, el cual el estado tiene el deber de proteger. Esto implica reconocer los derechos de los productores de bienes culturales, ante los cuales el estado debe producir las garantías consecuentes, en un marco temporal determinado.

Al mismo tiempo, la propuesta reconoce que el estado debe asumir no sólo la protección del patrimonio público (bienes culturales propiedad del estado) como bienes culturales de la nación, sino también el patrimonio cultural privado en manos de ciudadanos. Esta propuesta sugiere pues una vía inteligente para resolver un complejo problema: la existencia de patrimonios culturales privados, la existencia de un patrimonio público, los derechos de autor y las debidas protecciones de los consumidores de cultura, pues ante ellos el estado debe garantizar sus derechos.

Ojala la Asamblea Revisora acoja esta importante contribución al proyecto de reforma constitucional, que al fortalecer la ciudadanía cultural apoyará la consolidación de una democracia moderna.