SANTO DOMINGO/República Dominicana- Al conmemorarse este miércoles el Día Internacional de los Derechos Humanos, los representantes de instituciones que promueven su defensa en el país aprovecharon la celebración para denunciar la exclusión social en la que supuestamente viven los trabajadores haitianos y las mujeres dominicanas.
Tras solicitar la eliminación de las actividades de desigualdad social en el territorio nacional, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes afirmó que los migrantes haitianos no tienen contratos laborales que garanticen condiciones de trabajo dignas y un desenvolvimiento armónico en su empleo.
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De acuerdo con la organización, los trabajadores de nacionalidad haitiana suelen ser repatriados después de realizar una labor digna en el país, por lo que solicitan a las autoridades estatales que propicien la formalización de los contratos laborales, a fin de que sirvan como un mecanismo eficaz para "luchar" en contra del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Resaltó, además, que en los tribunales ordinarios de justicia dominicanos suelen emitir decisiones que afectan a los trabajadores haitianos y benefician a sus empleadores, lo que se traduce ? a su juicio- en una transgresión garrafal de los derechos inherentes al ser humano.
Al igual que la Unión Europea, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes solicitó la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No son suficientes
La representante de la Unión Europea en el país, Alicia Escuin, reconoció a su vez los esfuerzos de las autoridades estatales en la labor de velar por la defensa de los derechos humanos; sin embargo, manifestó la necesidad de intensificarlos para que las mujeres y los niños tengan una mejor calidad de vida.
"La República Dominicana debe continuar trabajando en mejorar la situación de todos los derechos fundamentales de las personas", dijo Escuin durante su intervención en un panel de derechos humanos, auspiciado por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según la diplomática, el Estado debe ser protector de los sectores a los que se les transgrede de manera constante sus derechos establecidos en tratados y convenios internacionales.
"Todos lo estamentos sociales deben vigilar, denunciar los abusos y contribuir a que la situación mejore y progrese", puntualizó, al tiempo que pidió al Gobierno el cese de los actos de impunidad judicial.
De su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó que los enfrentamientos entre civiles y agentes policiales representa un gran problema de "violación" a los derechos humanos, ya que han causado unas 350 muertes en el transcurso de este año.
Problemas en América
La celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sorprende a las naciones americanas con una deficiencia en el cumplimiento y defensa de las normas establecidas en este convenio internacional.
Entre los principales problemas que enfrentan los gobiernos latinoamericanos y que representan grandes piedras de tropiezo para el cumplimiento de los derechos humanos están: la exclusión social, la violencia de género, la impunidad judicial, la precariedad carcelaria, el narcotráfico y la falta de seguridad ciudadana.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, exhortó a los gobiernos a que "este día sea un día para la acción y no sólo para la celebración".
En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que en los últimos años se han trasgredido las garantías fundamentales de los seres humanos, experimentando así grandes retrocesos en materia de seguridad pública y condiciones carcelarias.
Mientras que en El Salvador, las pandillas son culpadas por las autoridades policiales de cometer al menos el 75 por ciento de los homicidios que se registran a diario, al igual que Guatemala donde en los primeros meses de este año se registraron unos 5 mil 113 homicidios.
La situación en Suramérica no es distinta, aunque se observan avances en países como Argentina y Perú.
En Chile, Amnistía Internacional aseguró que los puntos pendientes en relación a este tema se centran en el maltrato a los indígenas, la violencia contra las mujeres y la situación carcelaria.
En tanto, organizaciones no gubernamentales de Colombia alertaron que desde la llegada de Álvaro Uribe al Gobierno, 13 mil 634 personas han muerto "fuera de combate".
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