La solución final ya está de camino: el PP y el PSOE han decidido que el cierre de un sitio en Internet lo decidirán cinco personas: el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia. Los jueces no decidirán sobre el cierre de los mismos, es decir, que no entrarán a valorar si el sitio en cuestión vulnera la ley en relación a la propiedad intelectual.

La única garantía judicial, tan en boca de unos y otros, es la que ofrece la Justicia. Sólo a ella le debería competer el cierre de un sitio en Internet. Pero no, aquí, en este país, los tics franquistas afloran en cuanto se les lleva la contraria.

Pero aún queda lo mejor: esos cinco sujetos investidos de poder por el mismísimo Dios podrán  interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

En esta frase se esconde la hipocresía de quienes, para defender un derecho (propiedad intelectual), se erigen en juez y parte. Señores del PP y PSOE: el ánimo de lucro ya está contemplado en el Código Penal (art. 270): “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

¿Por qué entonces es necesaria una comisión para juzgar un hecho ya contemplado en el Código Penal? Porque así podrán cerrar cualquier sitio por el mero hecho de enlazar a contenidos audiovisuales que vulneren derechos de propiedad intelectual. Esta es la batalla: enlazar no debe ni puede ser delito. Eso, señores míos, es censura.

Lean, lean: pacto del PP y PSOE sobre la Ley Sinde.

Me olvidaba: con la ley en la mano, deberíamos cerrar todos los buscadores y, pensándolo bien, voy a ponerme en contacto con la Asociación de Internautas para promover una denuncia contra aquéllos. Tal vez así se den cuenta (los políticos) de hasta dónde llega su estulticia.