En la web de La Cadena Ser hay un interesante artículo de Nicolás Castellano, realizado a raiz de las recomendaciones que ha realizado el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia sobre la discriminación existente entre Españoles “por opción” de españoles “de origen”.

El mismo pasaporte español, pero unos más “discriminados” que otros

La recomendación del Defensor del Pueblo insta al Ministerio de Justicia a que modifique la instrucción de 2008 sobre la Ley de Memoria Histórica para que aquellos emigrantes o exiliados que recuperaron la nacionalidad antes de esta ley puedan optar también a la llamada nacionalidad de origen. Y es que la mayoría de los españoles que intentaron recuperar el pasaporte de nuestro país hasta 2008 consiguieron ser españoles pero “por opción”, esto quiere decir que no pueden transmitir ese derecho a sus descendientes. Aquí esta la diferencia y la “discriminación” según el profesor de Derecho Internacional que lleva años batallando para acabar con esta diferenciación, porque la llamada nacionalidad “por origen ” que es la que han obtenido más de 170 mil descendientes de exiliados españoles de 1936 a 1955 , en base a la llamada “ley de nietos”, la disposición adicional de 2008, dentro de la ley de la memoria histórica, sí les permite transmitir el derecho a optar a la nacionalidad española a su vez a sus descendientes.

Según el abogado que ha llevado esta reclamación al Defensor del Pueblo, Eduard Segarra, después de que los ministerios de exteriores y justicia no respondieran a sus recursos, tuvo que acudir a la oficina del Defensor porque se está discriminando a todos aquellos que emigraron y obtuvieron la nacionalidad a través de las múltiples leyes que se desarrollaron desde 1978 y hasta 2008.

Según Segarra, en la actualidad, hay casos en una misma familia en la que unos han obtenido la nacionalidad “de origen” en base a la ley de nietos y la pueden transmitir a sus descendientes y otros en la misma familia que la obtuvieron antes de 2008 por tanto “de opción” y estos no pueden transmitirla a sus hijos o nietos. Para este experto en Derecho Internacional y Extranjería con una “sencilla circular de la dirección general de asuntos consulares se pondría fin a una discriminación que podría afectar a más de 200 o 300 mil personas”.