Entre dichos automóviles, que fueron rentados a la Embajada de Venezuela, según afirmarían los documentos, están los utilizados en el atentado con dinamita que sufrió el repetidor del canal Unitel en Yacuiba, en el departamento sureño de Tarija, el 21 de junio pasado, en vísperas a que se desarrollara el referéndum por el estatuto autonómico de la región.

El oficial del Ejército boliviano George Peter Nava Zurita y otros once civiles fueron detenidos e imputados, los que pudieron ser arrestados gracias a que sufrieron un accidente en el vehículo en que huían. Dicho oficial, junto a los otros subtenientes Ramiro Flores Montaño y Ronald Valdivia García, figuran en los contratos que la representación venezolana hizo con Imbex.

Ejército y contraterrorismo

Las copias que Buitrago entregó muestran que la misión diplomática permanente venezolana pagó un total de 8.910 dólares a la empresa Imbex Rent a Car por el alquiler de los vehículos, a nombre de tres de los acusados como autores del atentado, que formaban parte del grupo contraterrorista F10. Aparentemente, los autos alquilados se desplazaron por el interior del país antes y después del 22 de junio.

Las fechas de los alquileres de los motorizados datan desde el 9 de abril hasta el 24 de junio de este año. El contrato más reciente deja entrever que Flores Montaño -implicado en el atentado al canal 4 de Yacuiba? alquiló un vehículo el 16 de junio y lo devolvió el 24, es decir dos días después de los hechos que desataron un escándalo político.

El vehículo que alquiló Flores es una Toyota Land Cruiser con placa de control 1738-FPR y de color beige. El monto total que se pagó por el alquiler y el combustible fue de 2.774 dólares, según revela el documento.

Buitrago admitió mantener un vínculo comercial con la Embajada de Venezuela en La Paz desde comienzos de año, según admitió al comparecer ante la comisión del Senado boliviano. Efectivamente, el empresario cerró desde enero del 2008 al menos 170 contratos con la representación diplomática, según recoge el diario La Razón.

Por su parte, el senador opositor Roger Pinto subrayó que estos contratos revelan que los militares presuntamente implicados en el atentado mantuvieron una relación con la Embajada de Venezuela.

La oposición al Gobierno de Morales ha denunciado reiteradamente que la representación diplomática venezolana está involucrada en el atentado, algo que la Embajada rechazó "de manera categórica" en un comunicado el pasado 1 de julio.

EFE
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