Mañana se inaugura en Madrid la III Conferencia Mundial contra el Dopaje. Es, pues, un buen momento para plantear una cuestión sobre el tema sobre la que creo que se debería de debatir. Es la relativa a las sustancias prohibidas que no son tomadas por los deportistas para mejorar el rendimiento, sino por cuestiones en todo caso ajenas al deporte. Hablamos del cannabis y, en menor medida, pero también de la cocaína. Decimos en menor medida porque es más que probable que la cocaína esté presente en otras sustancias que sí se utilizan para una mejora del rendimiento.

Yo creo que en la lucha contra el dopaje habría que diferenciar bien entre aquellas sustancias prohibidas a las que recurren los deportistas para intentar conseguir una ventaja sobre sus competidores y aquellas que son tomadas por cuestiones relativas a la vida privada de los deportistas. Esta diferenciación debería traducirse en distintas estrategias a la hora de afrontar ambos casos, porque son de naturaleza muy distinta. Cuando un deportista ?hace trampa? a través de la química, debe ser consecuentemente sancionado, pues vulnera una de las normas más profundas del deporte: la competencia en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando el uso de sustancias prohibidas se debe a causas diferentes, relativas al ámbito privado, no se entiende razonable la sanción.

Me explico. No hay razón para la sanción deportiva, en la medida que el consumo de estas sustancias en todo caso reduciría el rendimiento, y nunca lo mejoraría. Por ello, la persecución es estas sustancias se antoja como una cuestión ?moral?. Se supone que el deportista ha de ser un ejemplo social y de ahí que se persiga el consumo por parte de éstos de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, aquí surgen varias cuestiones. La primera, por qué se impone al deportista esta condición de modelo social, de ejemplo moral, que él no necesariamente tiene por qué compartir y que, además, parece que no puede rechazar. La segunda, que si, efectivamente, esta invasión de la vida privada se justifica por la dimensión de ejemplo social del deportista, por qué no se aplica también a otras profesiones que del mismo modo trascienden en la escena social, por ejemplo, los políticos, los actores o los escritores. Ciertamente se antoja un absurdo injustificable retirar de su práctica profesional a un actor por el hecho de que, en su casa, se haya fumado un ?porro?. En la misma medida, no se entiende muy bien a cuento de qué las sanciones por consumo de, por ejemplo, cannabis, son habituales en el mundo del deporte hasta el punto de haber truncado las exitosas carreras de algunos deportistas (como el ex-portero internacional por Francia Bernard Lama, por ejemplo, que perdió su puesto de titular en el seleccionado blue en detrimento de Fabian Barthez por un positivo por marihuna dado justo después de sus vacaciones de verano).

En segundo lugar hay una cuestión mucho más profunda para rechazar las sanciones por el uso de este tipo de sustancias que no mejoran el rendimiento: el trato dado al deportista. Si un deportista da positivo por una sustancia estupefaciente de este tipo, debería considerársele, en todo caso, como alguien que puede tener un problema personal que, además, puede ser ciertamente grave. Apartarlo de su práctica profesional y señalarlo con dedo acusador no le va ayudar, seguro. Todo lo contrario, probablemente esto intensificará el problema. Cuando en la ?vida real? alguien demuestra tener una actitud adictiva, lo peor que se puede hacer es tratarlo como un apestado. Se asume que es un enfermo, se evitan los juicios morales (a todos nos puede pasar) y se le intenta ayudar. ¿Por qué con los deportistas se hace todo lo contrario? ¿Por qué cuando detectamos que un deportista puede tener un problema de adicción a las drogas se le aparta de su trabajo, se le acusa en un juicio público y se le condena al ostracismo? Son preguntas para las que no encuentro respuesta, máxime cuando el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, subraya que lo más importante es la salud del deportista.