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Las promesas del secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y las del jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, no devolverán la vida a Juan Luis Gómez Núñez y a Israel Polanco García, de 15 y 17 años, muertos a balazos. La fuerza de los hechos, obliga a no hablar de motivos y razones. ¡Cuántos sueños tronchados por el gatillo alegre!

La Policía se empeña en negar que las balas de sus agentes hayan causado la muerte a esos jóvenes, pero es innegable su protagonismo como institución en la creación de una situación de violencia.

Sucede que, en las tareas de vigilancia y preservación del orden (cabe preguntar si hay mayor desorden que el creado por la injusticia), la Policía Nacional incluye la intimidación y la represión contra las comunidades.

En las notas policiales se denomina ?desconocidos? a quienes disparan contra una persona en particular o contra grupos de personas. Con esa denominación, la Policía ha encubierto tradicionalmente a sus agentes. Si la acción crea un escándalo de grandes dimensiones, descubre a los que han actuado en forma directa, pero siempre niega que las patrullas hayan salido a las calles con la orden de disparar a matar. La admisión de esto último, sería confesión de culpa en el plano policial o militar, pero también responsabilidad política, y quienes dirigen el Estado que de ella se sirve, no lo tolerarían.

Las medidas de coerción contra agentes no siempre se cumplen. Se puede citar el caso de un sargento a quien el foto- reportero Franklin Guerrero captó en servicio cuando debía estar en prisión, pues fue condenado por un crimen. La represión a la protesta sí que es siempre real.

La reiteración de estropeadas declaraciones y promesas no es un recurso nuevo. Está tan manoseado que resulta ineficaz. El apresamiento de agentes no despoja a la Policía de la condición de ente de violencia.

A finales del año 1986, para sólo citar un caso, cuando se iniciaba el quinto período de gobierno de Joaquín Balaguer, agentes de la Policía mataron, en la misma comunidad de San Francisco de Macorís, al jovencito Salvador Then, quien participaba en una protesta comunitaria. La presión de la familia y la lucha organizada lograron que los agentes identificados como ejecutores fueran detenidos y condenados; pero se cuentan por decenas los jóvenes muertos en las mismas circunstancias después de ese hecho... y lo peor es que nadie responde.

Es el resultado de la impunidad que protege a quienes imparten las órdenes y, más que eso, la consecuencia de una política de coerción con evidente sello de clase, en cuya aplicación estuvo comprometido Joaquín Balaguer y lo están sus herederos.

En el inicio del presente mes, 22 años después del asesinato de Salvador Then, la gobernadora de San Francisco de Macorís, Luz Selene Plata, a pesar de su condición de oficialista, protestó por los asesinatos de jóvenes pobres (¿vale juzgarlos post mortem como delincuentes?) y pidió el traslado de la dotación policial de allí... Lo mucho, cualquiera lo ve...

Si se analiza la situación a nivel del país, habría que hacer lo mismo en Boca Chica, en Baní, y en otros lugares, lo que significa que la violencia es un componente de la coerción de clase, y, para sustituir la Policía Nacional por un cuerpo nuevo y distinto, no penetrado por la podredumbre y no forjado sobre el abuso y la brutalidad, se necesita decisión política.

Es deber de conciencia, pues, exigir al actual gobierno que abandone la práctica del abuso y pedir cuentas a sus antecesores por la sangre derramada. El Estado debe cubrir los gastos de salud a quienes han sido heridos en la represión a la protesta, pero las autoridades deben reconocer que con eso no pagan su deuda. ¿Con qué derecho obligan a las mayorías a tributar para el pago de lujosos sueldos a funcionarios demagogos, que, como si no bastara con la estafa política, son también agentes de la brutalidad?