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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido hacer algunas recomendaciones al Gobierno sobre el anteproyecto de la Ley de Extranjería, aconsejándole diferenciar entre quienes contratan ilegales y quienes les acogen con carácter solidario y sin ánimo de lucro.

Este es uno de los puntos incluidos en el informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley de Extranjería que será aprobado en el pleno de mañana jueves.

En su informe, el CGPJ aconseja que el texto excluya expresamente a las personas u organizaciones que apoyan a inmigrantes ilegales del apartado que detalla como “infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero” entendiendo que se produce “cuando el extranjero dependa económicamente del infractor”.

El CGPJ también considera necesario no dejar a las Comunidades Autónomas y organizaciones sindicales o empresariales fuera del proceso de determinación del cupo de trabajadores que se contratan en su país de origen.

Para el órgano judicial “no parece justificada dicha supresión especialmente a la vista las previsiones contenidas en distintos Estatutos de Autonomía sobre esta participación”.

De hecho, las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de la inmigración son objeto de un voto particular que argumenta que este anteproyecto de Ley no preserva la integridad competencial del Estado.

Así, subraya que, al pretender ajustarse a un principio de cooperación entre administraciones sin introducir cautelas concretas que garanticen esa cooperación, se desnaturaliza la relación entre el Estado y las Autonomías, y no se garantiza la exclusividad competencial del Estado en materia de política y control del hecho migratorio.

En cuanto a los menores no acompañados y el procedimiento por el que se decidirá sobre si debe regresar a su país de origen o debe quedarse en España, el CGPJ considera que la Ley debería incluir una mención expresa a que el menor debe ser escuchado durante la tramitación.

También detalla que el plazo de internamiento preventivo de un extranjero mientras se resuelve si debe ser expulsado “en ningún caso habría de ser superior a los 12 meses previstos” por la UE.

Esto incluso en los casos en que el cómputo del plazo de internamiento quede suspendido mientras se tramitan procedimientos de asilo o ‘habeas corpus’, advierte órgano.