Por Dr. Eduardo Barreira Delfino

1. Introducción.

La resonancia pública que tomaron los resonantes escándalos financieros acaecidos en las postrimerías del siglo XX, en los EEUU, dio lugar a la propagación y consolidación normativa de principios rectores en materia de gobierno corporativa y de supervisión de los administradores sociales aplicables a las empresas emisoras de capital (acciones) y de deuda (obligaciones), para ser negociados en las bolsas y mercados de valores, bajo el régimen de la oferta pública, con el propósito de tutelar la transparencia de los negocios y proteger a los inversores ? particularmente al cuidado común, denominado ?consumidor financiero? ? como a los accionistas de las compañías oferentes de sus propios títulos.

El paradigma de este proceso lo constituye el dictado en los EEUU de la ?SARBANES-OXLEY ACT?, en julio de 2002, de gran repercusión no solo local sino también internacional, dando origen a un nuevo posicionamiento en la supervisión del funcionamiento de los mercados financieros y en la conducta de los Estados en esta materia. Vale la pena destacar que nuestro país se anticipó a esta inquietud plasmada por la citada ley norteamericana, sancionando el Decreto 677/2001, con fecha 25 de mayo de 2001 (BO del 28 de mayo de 2001).

Para comprender este proceso es importante reparar en los condicionantes que caracterizaron el devenir económico y de las empresas durante la década de los 90.