SD. Contratación de auditores, conflictos internos entre jueces de la Junta Central Electoral (JCE), y finalmente un arbitraje del que el tribunal sale con la peor parte, son detalles de la historia del contrato suscrito el 13 de octubre del 2004 con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO).

Producto de una licitación internacional, la JCE adjudicó un contrato por un monto de US$62.6 millones, firmado el 13 de octubre del 2004 al consorcio SOMO, que resultó ganador en el concurso público.

Pero a finales del 2006, el tribunal electoral ordenó la paralización de los pagos, y alegó que la empresa no había cumplido con su responsabilidad de adecuar las oficialías del Estado Civil, ni colocado las líneas de comunicación, de conformidad con el contrato, lo que ha impedido la continuación del proyecto.

La actual cúpula de la JCE, con la excepción del presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, tomó posesión después de la firma del contrato.

Los nuevos miembros alegaron que no manejan la cantidad, calidad y entrega o no de los productos recibidos, por lo que decidieron detener los trabajos, que necesitan un experticio técnico que pueda establecer su nivel de calidad.

También argumentaron que el tribunal arbitral no tiene los elementos de convicción suficiente para fijar una opinión tecnológica, de todo lo que debe entregar SOMO. El 18 de enero del 2008, la empresa SOMO propuso a la Junta una conciliación del conflicto, pero el consorcio alega que el tribunal electoral no ha puesto interés en eso.

En ese marco, solicitó el pago inmediato de US$9 millones.

Las discrepancias llegaron a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), a la que le fue solicitada una investigación en julio del 2007, y en mayo de ese año esa dependencia de la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría del contrato.

Coincidentemente, SOMO decidió iniciar un proceso de arbitraje, para que se ordene a la JCE la ejecución total del convenio en la forma pactada y, si no lo hace, sea condenada al pago de un astreinte por cada día en que las obligaciones a cargo del tribunal electoral no sean ejecutadas.

Las raíces

El contrato con la empresa SOMO fue firmado el 13 de octubre del 2004 y el 12 de julio del 2005 fue suscrito un adendum.

SOMO alega que ha entregado cinco oficialías del Estado Civil, donde el sistema está funcionando y que la ejecución del contrato fue interrumpida unilateralmente por la JCE.

El tribunal arbitral establece que el contrato entre las partes en litis no fija como mecanismo para la solución de conflictos la realización de una auditoría o de un experticio técnico.

Ambas partes no pudieron conciliar las diferencias durante 2007.