Afortunadamente para los consumidores dominicanos finales de un crédito hipotecario, el derecho positivo dominicano, cuenta con una serie de mecanismos legales que garantizan sus derechos, los cuales pueden ser ejercidos administrativamente con solo presentarse al Departamento de defensa al consumidor de la Superientendencia de bancos o, en su defecto, al Proconsumidor, ambos organismos públicos han sido previstos por el Código Monetario o ley 183-02 y la ley 358-05, como los instrumentos administrativos para auxiliar a los consumidores de éstos servicios bancarios. Agréguese a ello, la presión que están ejerciendo las autoridades bancarias del país sobre los bancos y nos daremos cuenta que solo nos falta un elemento: que el consumidor decida hacer uso de las herramientas para su defensa que el derecho le garantiza, que pase de la denuncia a la acción en justicia.

Por ejemplo, la ley establece que cada sucursal bancaria de todo banco comercial o de servicios múltiples debe poseer un departamento o área de presentación de quejas y recepción de respuestas a satisfacción del consumidor bancario. La queja puede ser presentada directamente por el afectado (en uno de los lugares descritos), por intermedio de un abogado o representante legal, o bien, por intermedio del Proconsumidor o de una organización de defensa de los derechos del consumidor.

Entendemos que estos mecanismos previstos por la ley deben ser ejercitados por el consumidor dominicano como prerrogativas o herramientas que la ley le otorga para su defensa. En razón de que está más que probado que los bancos practican acciones contrarias a los intereses del consumidor o usuario de servicios bancarios. En nuestro país, quien observe el margen de intermediación de los bancos es decir, la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva, notará que existe una amplia brecha a favor del banquero y en perjuicio del consumidor. La tasa activa es lo que cobra el banco por los préstamos que realiza, en cambio, la pasiva es la que paga a los ahorrantes. La diferencia entre la una y la otra es el margen de beneficio que obtienen los bancos por la prestación de servicios bancarios, sin incluir, otras tasas y cargos operativos que éstos les cargan al consumidor por cada servicio prestado, los cuales, casi siempre, tienen una diversidad de tasas discrecionales que hacen más pesada la carga del consumidor.

Sobre éstos temas debemos todos incidir a los fines de evitarle al país los traumas en que están envueltos otros países, precisamente, por la no protección u aplicación de las normas previstas por la ley a favor y provecho del consumidor de servicios bancarios. En tal sentido exhortamos a los consumidores a ejercer sus derechos para lo cual basta ir a la sucursal bancaria con que tienen préstamos, a la supersentencia de bancos, al Proconsumidor, a la oficina de su abogado, o bien, solicitar auxilio en las oficinas de la organización de defensa de los derechos del consumidor de su preferencia.

El Estado Social del siglo XXI requiere para su funcionamiento, que los derechos sean ejercido no con base a las políticas neoliberales que tan nefastos resultados le están ocasionando al mundo, sino con base en políticas de equilibrio social en las que, el Estado y el Derecho vayan en auxilio de los sectores más vulnerables. En el caso dominicano, gracias a la prudente política que ejecuta el gobierno la crisis se espera no solo que no haya tocado fondo, sino que no llegue a tocarlo, para ello, es deber ahora de todo consumidor ejercer sus prerrogativas legales, como es obligación también de los inquilinos de cargos públicos relacionados directa e indirectamente con el tema, aunar toda su capacidad técnica, con miras a lograr que la economía no se nos venga encima por los excesos de actores privados especialistas en la práctica de lo que el papa Juan Pablo II, calificó de ?capitalismo salvaje.? DLH-23-3-2009.

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