El coronel (r) de la Guardia Nacional -disidente de la plaza Francia en 2002- Jesús Manuel Carpio Manrique, de 59 años de edad, fue ultimado a tiros en la garita de vigilancia del conjunto residencial El Encanto, ubicada en la vía La Arenosa, municipio Libertador de Valencia.

El vigilante de la referida urbanización no asistió este domingo, por lo que Carpio Manrique en su condición de residente y presidente del condominio, decidió hacer las labores de custodio en la entrada, comentaron fuentes policiales.

Cerca del cuerpo del coronel retirado, se encontraba una mesa en la que habían cuadernos y libros, de acuerdo a sus allegados habría estado aprovechando el tiempo para estudiar, pues era alumno de la escuela de Derecho de la Universidad Santa María.

La escena del crimen fue custodiada por una comisión del Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional y por una de la Policía de Carabobo, hasta la llegada del técnico y del detective de guardia, de la subdelegación Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), encargados del levantamiento del cadáver.

Del oficialismo a la oposición

El coronel (r) Jesús Manuel Carpio Manrique se desempeñó como jefe de Operaciones de la Aduana Marítima de La Guaira, entre 1999 y 2000. En el año 2002 fue uno de los militares disidentes de la plaza Francia, razón por la cual formó parte de la lista de los 31 efectivos de la Guardia Nacional pasados a retiro por orden presidencial y del Ministerio de la Defensa.

En el 2005 integró la Comisión de Patrimonio Público de la Coordinadora Democrática, que tenía como principal función, detectar irregularidades y actos de corrupción que atenten contra los recursos de todos los venezolanos. El 19 de junio de ese mismo año en una entrevista que concedió al diario El Universal, precisó que ante la Fiscalía, desde el año 2000, habrían denunciado cerca de 250 presuntos casos de corrupción del gobierno encabezado por el presidente de la República Hugo Chávez Frías, de los cuales, dijo que para ese momento ?no se sabe nada?.

En aquella entrevista Carpio Manrique acusó a la Fiscalía, a la Contraloría y Defensoría que también han sido informadas de las irregularidades, de hacer oídos sordos a las solicitudes de investigación y señaló que de los mil 150 fiscales que tiene la República, el grueso de las denuncias de corrupción se le asigna sólo a media docena. Además, aseguró que son los mismos funcionarios que se ocupaban de los casos políticos contra la oposición. Entre éstos mencionó a Mercedes Prieto Serra, Alejandro Castillo, Luisa Ortega Díaz, Gilberto Landaeta, José Benigno Rojas y Gledys Carpio, quienes dijo ?alegando que los denunciantes no somos víctimas directas del presunto delito cometido, no nos informan de los casos. Pero sabemos que algunos han sido sobreseídos de espaldas a nosotros. Ni siquiera nos dicen eso?.

A esto agregó que ?la denuncia contra irregularidades cometidas por la familia Chávez en Barinas se la reservó el llamado Poder Moral? y citando a este dijo que ?la actitud de los moralistas del oficialismo ha sido la siguiente: Rodríguez se ha manifestado muy poco, Russián jamás ha respondido y Mundaraín devolvió los casos porque dijo que no tiene facultad para investigar?.

En este sentido, Carpio Manrique solicitó en ese entonces que el Fiscal General, cumpliera con el artículo 85 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial el 7 de abril de 2003, para ?ver si demuestra que es una ley que está viva. Ese trozo jurídico induce a penar con prisión de dos a cuatro años a aquellos fiscales o representantes del Ministerio Público que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan acciones penales o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y de la protección debida al procesado?.

En la entrevista también manifestó que muchos de los casos que los fiscales manejan han sido denunciados públicamente y por diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Entre éstos mencionó la malversación de fondos en el INCE, introducida en noviembre de 2003; sobreprecio en importaciones de fertilizantes de Pequiven, manejos irregulares de divisas del BCV, dos casos de corrupción en el Seguro Social e irregularidades detectadas en VTV, Pdvsa, CVG-Edelca, contaminación ambiental por Pdvsa Oriente, filtración de información por recompra de deuda en Pdvsa e irregularidades en la concesión de orimulsión a China, todos de 2004.

Presuntas irregularidades ocurridas con los recursos del FIEM; depósitos ilegales en el exterior por funcionarios públicos; tres contratos con aparentes irregulares en el Aeropuerto de Maiquetía; uso indebido de impuestos y retención inapropiada del IVA; uso de dineros públicos para la campaña del ?No? y la falta de inversión y desviación de recursos financieros para el mantenimiento de pozos petroleros; denuncias de corrupción en Deltaven y en Pdvsa Marina, pérdida de generación de gas en el oriente del país e indebida contratación de personal y empresas en Pdvsa El Palito.

Vía El Carabobeño - Trina Intoci Ochoa

Según cita el diario:

En fuentes policiales se supo que este crimen pudo obedecer a una venganza, ya que el oficial había efectuado diversas denuncias sobre corrupción e irregularidades en el Gobierno, desde el año 2003, cuando se pronunció en la Plaza Francia.

Una de las denuncias más serias que hizo Carpio Manrique fue la referida a tráfico de armas, la cual fue realizada en la antigua oficina de Prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Según esta denuncia, el ex diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Néstor León Heredia (MVR), era el cabecilla de una organización dedicada a importar ilegalmente armas de guerra procedentes de Estados Unidos y Europa.

El coronel explicó en ese entonces, en una rueda de prensa en el Cicpc, que las armas ingresaban a Venezuela y luego eran enviadas a almacenadoras externas de las aduanas de Maiquetía y Puerto Cabello. En estas dependencias, supuestamente, eran robadas y vendidas en Colombia y Centroamérica.

El coronel Carpio Manrique aseguró en su denuncia que había notificado esta situación al Presidente, Hugo Chávez, además del ministro de la Defensa, fiscal general, Seniat y al Comandante de la GN.

En la denuncia involucró al gobernador del estado Cojedes, Johnny Yánez Rangel, como receptor de esas armas con las cuales se suponía que entrenaban a grupos paramilitares afectos al Gobierno. El oficial indicó que las armas de procedencia ilegal eran repartidas en los estado llaneros, los Andes, centro del país y el estado Lara.

Luego de esta denuncia, el comisario Marcos Chávez, director del Cicpc, ordenó un allanamiento en la oficina de Prensa de la antigua PTJ y ejecutó el cierre de esta dependencia.

El primer choque armado y con mayor cifra de bajas se registró en zona rural de Palmira, ciudad del departamento del Valle, suroeste, entre las tropas de la Tercera Brigada y rebeldes de una facción de las FARC. Según el Ejército, en esa región, conocida como El Cajambre, las tropas dieron de baja a cuatro guerrilleros, ?entre los que se encontraba alias ?Sancocho?, tercer cabecilla de la cuadrilla ?Alonso Cortés? de esta organización?, según un reporte oficial.

Según la fuente, alias ?Sancocho? era ?el directo responsable de realizar actos terroristas? en varias localidades vecinas a Palmira.

Otro enfrentamiento se produjo en zona rural de la localidad de Florida, también en el Valle, en el que fue muerto un rebelde de la ?columna móvil Gabriel Galviz?, igualmente de las FARC.

Dos guerrilleros del frente 36 fueron abatidos en zona rural de Yarumal, en el departamento de Antioquia, noroeste, y uno más en el municipio de Nariño, en ese mismo territorio.

En todos los casos las tropas se incautaron de armas, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones.

Vía Efe