La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en un pronunciamiento oficial, ratificó su cuestionamiento a la delegación legislativa del Parlamento en el Poder Ejecutivo y precisa que los 26 decretos-ley recientemente publicados en Gaceta, "presentan un contenido restrictivo a los derechos fundamentales, consagran principios y fines de un solo pensamiento ideológico, modifican normas constitucionales sin el debido procedimiento democrático de consulta", lo que configura su inconstitucionalidad.

Por los muchos vicios del referido paquete legislativo, los académicos estiman necesario demandar la inconstitucionalidad y nulidad, de acuerdo con la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública.

Si bien varios de los académicos manifestaron no abrigar ninguna esperanza de que se restituya el derecho violentado, señalaron la necesidad de agotar todas las vías institucionales, porque sólo así tendrá sustento el apelar al artículo 350 de la Constitución, relativo a la desobediencia civil, sobre el cual se manifestaron proclives, a título personal, Tatiana de Maekelt y René de Sola.

Entretanto, las cuestionadas leyes están en plena vigencia, admitieron.

La profesora Maekelt, presidenta de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, leyó en rueda de prensa el comunicado, en compañía de nueve individuos de número, así como de los presidentes de las academias de la Lengua, Oscar Sambrano Urdaneta; de Medicina, Antonio Clemente; de Ciencias Físicas y Matemáticas, Claudio Bifano y de Ingeniería y Hábitat, Aníbal Martínez.

La Academia alerta que los decretos "alteran el equilibrio entre poderes" e "irrespetan la voluntad popular" expresada el 2 de diciembre de 2007 cuando se rechazó la "reforma constitucional ideologizada y sustitutiva del sistema democrático". Además, "evade el control ciudadano" y "la inviolabilidad y la progresividad de los derechos humanos".

Alfredo Morles Hernández, luego de la lectura del texto, reforzó la posición de la academia y señaló que el paquete legislativo "es una deliberada y grave violación constitucional y una burla a la voluntad popular".

Morles fustigó con dureza a los magistrados de la Sala Constitucional, a quienes instó a renunciar a sus cargos, porque no cumplen con su deber de ser imparciales y "prefieren mantener la ventaja de uno de los contendores (Gobierno) en contra de los principios más elementales del Derecho Contitucional", así como "prefirieron acogerse a la vergüenza pública de sus decisiones, como ha ocurrido con las inhabilitaciones, a tener que enfrentar el temor de decirle que no al Presidente (Chávez)".

Instó también a dimitir al magistrado Pedro Rondón Haaz, quien "serviría mejor al país renunciando, que prestándose a darle un barniz de legitimidad a la Sala Constitucional".

El ex magistrado Román Duque Corredor, en su turno, aseveró que el paquete de 26 leyes "estatizan la intimidad" de los venezolanos, porque "permiten al Estado definir cómo divertirse, qué comer, cómo transitar, cómo vivir, qué comprar. Lo que está en juego es el derecho a la intimidad y el derecho al desenvolvimiento de la personalidad", alertó.

El ex magistrado René de Sola aseveró que las 26 leyes "son un fraude al referendo constitucional" y recordó que la Constitución es muy clara al señalar que "ni aun por la vía de una enmienda es posible plantear nuevamente la misma materia de la reforma constitucional en el presente período".

La ex magistrada Josefina Calcaño de Temeltas comentó al margen la posibilidad de solicitar la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional cuando se recurra a la solicitud de nulidad y, en caso de que se nieguen, como es de esperarse, recusarlos.

Tatiana de Maekelt comentó que a manera provisional -por cuanto no han revisado detalladamente la totalidad de las leyes del paquete- le preocupan varios aspectos, entre ellos la amenaza a la propiedad privada, lo relativo al suministro de alimentos y la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional.

"Una de las leyes prevé la posibilidad de una expropiación sin que sea considerada la utilidad pública previamente, lo cual es insólito".

En cuanto a la reforma militar aseveró que "la legitimación de la milicia convierte a este cuerpo en una especie de ejército político propio de los regímenes totalitarios, propio de la fenecida Unión Soviética, del gobierno de (Augusto) Pinochet (Chile) o de (Anastasio) Somoza (Nicaragua). Es un ejército paralelo que obedece a una sola persona, que es el Presidente".

El Universal

La presidenta y vicepresidenta de la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, Adriana Peña (de Uruguay) y Mirtha Palacios (de Paraguay), se quedaron ayer con las ganas de ser recibidas por representantes del oficialismo y por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián. "El que calla otorga", comentó la uruguaya.

Por el hotel Caracas Palace, desfilaron ayer representantes de los principales partidos de oposición, de los inhabilitados, del movimiento estudiantil y de los presos políticos. Hasta primeras horas de la tarde, la reunión con Russián estuvo en la agenda de las parlamentarias, pero a último minuto se les informó que el contralor estaba "muy ocupado".

"Lo que hemos podido apreciar es muy negativo, por eso pedimos tener una reunión con la contraparte, por eso necesitamos tener una visión total, porque lo que podamos volcar en la Comisión de Derechos Humanos, con esa salvedad que es parcial, no va a ser positivo, y para todos es preocupante", declaró Peña.

Por su parte, Mirtha Palacios dijo: "Nos dimos cuenta de que se han violado ciertos derechos, pero sin escuchar las dos partes es un poco difícil sacar una conclusión al respecto".

Adriana Peña explicó que ambas presentarán el 18 y 19 de agosto un informe ante la Comisión de Derechos Humanos, la cual deberá tomar una decisión si se lleva o no el caso a la plenaria del Parlamento.

La Comisión está compuesta por dos representantes de los miembros plenos (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), más dos de Venezuela, pero sin derecho a voto.

Actualmente hay un solo parlamentario de Brasil en la Comisión, porque no se ha designado el otro. Con ello la instancia está compuesta actualmente por siete miembros con derecho a voto y al menos cuatro -Peña, Palacios, el representante de Brasil y uno de Argentina-, estarían de acuerdo en pasar el caso a la plenaria.

Sobre el ingreso de Venezuela al bloque, Peña advirtió: "Para cualquier país entrar al Mercosur tiene que cumplir con toda la reglamentación y una de ellas es cumplir con la democracia plena en sus países".

No obstante, las dos parlamentarias mostraron su interés de que Venezuela fuera aceptada como miembro pleno, porque significaría "que están todos los derechos de los ciudadanos claramente establecidos", dijo la presidenta de la Comisión.

La representación de los partidos estuvo integrada por Juan José Molina (Podemos), Henry Ramos Allup (AD), José Antonio España (MAS), Luis Ignacio Planas (Copei), Gerardo Blyde (UNT), Gabriel Puerta Aponte (Bandera Roja), Antonio Ledezma (ABP), Carlos Arocha (Primero Justicia) y el secretario de Asuntos Internacionales de UNT, Timoteo Zambrano, quien sirvió de vocero.

Zambrano explicó que entregaron una carta a las parlamentarias denunciando la situación de los inhabilitados, el "paquetazo" de las 26 leyes aprobadas dentro de la Habilitante y la situación de los presos políticos, sometidos a procesos judiciales interminables.

Anunció que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, recibirá a una representación de la oposición durante la sesión pautada para el 18 y 19 de agosto en Montevideo, Uruguay.

El Universal

http://www.eluniversal.com/2008/08/08/pol_art_apreciacion-muy-neg_984831.shtml