El miércoles de esta semana Hugo Chávez se sentó frente a los presidentes de las grandes empresas del país, bancos, alimentos, construcción, mencionándoles públicamente como "queridos empresarios venezolanos" y proponiéndoles insistentemente "una alianza estratégica nacional productiva", en la que todos deberán "jugar duro, con responsabilidad, con compromiso, con seriedad".

Con este paso el líder de la revolución bolivariana restablece las relaciones con el gran capital, rotas desde el paro empresarial de 2002-2003, e inicia un giro estratégico en medio de una creciente inflación, que impacta con fuerza a los pobres, y señales evidentes de que la economía pierde impulso pese al salto inimaginable del petróleo.

Más allá de la urgencia por detener la tendencia negativa es palpable que entre 2004 y 2007 el proceso revolucionario trató de construir un modelo alternativo que muestra pocos avances y, al menos por ahora, no permite enfrentar un desajuste que revive el tema de los problemas estructurales de la economía, como la escasa inversión.

El modelo alternativo se ha fundamentado en utilizar la renta petrolera para alentar iniciativas no capitalistas bajo el norte de la "solidaridad", no las le- yes del mercado y el lucro, como cooperativas, "empresas de producción social", fundos zamoranos, que conviven con un Estado en expansión que nacionaliza sectores considerados estratégicos (Cantv, Elecar, Sidor, cementeras) y se alía con países como Irán, China y Cuba para crear nuevas empresas.

En un análisis sobre este modelo productivo, el economista y profesor universitario, Leonardo Vera, explica que el esquema basado en las cooperativas enfrenta el problema de que "son organizaciones de baja densidad tecnológica, con poca capacidad para crear eslabonamientos verticales, sin economías de escala y con escasas ganancias de productividad".

Añade que "no hay ninguna experiencia de desarrollo económico en el tercer mundo apoyado básicamente en un modelo de cooperativas".

En paralelo, corre lo que Leonardo Vera define como "un sector informal hipertrofiado y un sector industrial no petrolero en decadencia, que ha venido escapando sigilosamente hacia la vida más tranquila del negocio de las importaciones, que aumentan desde 12,7% del PIB en 2003 a 19% a fines de 2007".

A las debilidades para producir se van a sumar problemas macroeconómicos. Dudas sobre el derecho de propiedad, control de precios, control de cambio y una moneda sobrevaluada que alienta las importaciones, derivan en baja inversión de la gran empresa privada, de tal forma, que al coparse la capacidad que permanecía sin utilizarse después de la recesión de 2002, el desbalance entre una demanda impulsada por el gasto público y una oferta que no crece lo suficiente derivó en importantes alzas de precios.

La inflación entre mayo de 2008 y mayo de 2007 acumula 29% y los alimentos un salto de 47,3%, a pesar de que a partir de enero de este año el Gobierno aplicó medidas para disminuir la demanda incrementando las tasas de interés, moderando el gasto público y absorbiendo bolívares con la venta de bonos en dólares.

La desaceleración de la economía en el primer trimestre desde 8,8% a 4,8%, con la industria creciendo a tan sólo 1,4% y la construcción 2,6%, a la vez que la inversión se contrae 1,8%, terminan por encender las alarmas y obligan al viraje, a tender puentes con el gran capital.

Para reforzar el llamado a la alianza Hugo Chávez creó un fondo de mil millones de dólares para cubrir proyectos de inversión, no obstante, empresarios consultados insisten en que se requieren gestos de mayor alcance para crear confianza.

El Presidente afirmó que continuará aplicando el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que contempla la marcha al socialismo y que "el Estado conservará el control de todas las actividades productivas que sean de valor estratégico", por lo que no está claro en cuáles áreas y en qué condiciones los empresarios podrían invertir sin temor a una nueva ola de nacionalizaciones.

En sus gráficas el Plan de Desarrollo muestra que la estructura a la que se desea avanzar es una en la que el sector privado se reduce en aras de las "empresas de economía social" y la propiedad en manos del Estado, a lo que se añaden dudas sobre la rentabilidad de los proyectos en caso de que el control de precios no sea revisado.

El llamado a los empresarios fue acompañado con medidas de poco alcance en cuanto a la inflación y la desaceleración de la economía como la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, condonar deudas a los agricultores y disminuir los trámites para importaciones menores a 50 mil dólares.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que inmerso en una campaña electoral lo previsible es que el Gobierno aumente el gasto público, avivando la presión inflacionaria en el segundo semestre del año.