El empleo

Miguel Ceara-Hatton

jueves, 04 de septiembre de 2008 /clavedigital.com
Entre 2000 y 2007 se crearon aproximadamente 507 mil nuevos empleos, a un ritmo de 72,459 por año, lo cual no es suficiente porque la población económicamente activa, es decir las personas que pueden trabajar y desean hacerlo, aumentaron en 670 mil, lo que significa un ritmo de 95,677 por año. Esto quiere decir que alrededor de 163 mil personas no encontraron trabajo y engrosaron el ejército de desempleados, que aumentaba a un ritmo de 23,218 anualmente.
¿En donde se emplean las nuevas personas? De los 507 mil empleos adicionales, unos 233 mil, cerca de la mitad (46%) de los nuevos empleos fueron a cuatro actividades: "colmados, ventorrillos y colmaditos" (66 mil), en salones de belleza (46 mil), en el trabajo doméstico (68 mil), y choferes y ayudantes de carros públicos, motoconchos y transporte (53 mil).
Dos de cada 3 nuevos empleos se crearon el sector de "Otros servicios" que incluye el servicio doméstico y las peluqueras, en el de "Transporte y comunicaciones" que incluye a los choferes y el "Comercio al por mayor y al detalle" que incluye a los colmaderos, mayoritariamente de baja productividad y de bajo nivel tecnológico.
Los sectores productivos como el turismo (12%), la agropecuaria (6%) y la construcción (11%) crearon un 30% de los empleos adicionales, mientras que en las manufacturas disminuía el empleo en 25 mil.
Aunque es preferible tener un empleo que no tenerlo, es evidente que con esa estructura de ocupación que se está creando en la economía dominicana muy poco se podrá hacer por la revolución tecnológica que reclaman los nuevos tiempos.
Ese es un gran desafío.

¿Qué importa más, el país o el decreto?

Muchos temas quedaron fuera de la agenda del Presidente, pero al mirar las angustias por un nombramiento o una confirmación en el cargo, sentimos que poco importa, todo lo que faltó.
Amparo Chantada
Para analizar un discurso hay que ir a la Universidad, pero para desarrollar las habilidades del sentido común, hay que saber leer, nada más. Releyendo el discurso del Presidente (porque ese día, no hubo luz en Gascue) a partir de nuestra formación, vemos cómo temas importantes como medio ambiente, pobreza y marginalidad, la ciudad y la planificación territorial, se quedan sin respuestas frente a las imperiosas necesidades de cambio de gestión y de planificación y, por qué no decirlo, expectativas.
La primera sorpresa que provoca el discurso del presidente Fernández es que en lugar de fundamentarse en los numerosos informes de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, de indicadores de salud femenina del Cesdem, de indicadores de educación de la Cepal, prefirió partir de los informes vacíos de sus servidores públicos que son unas rendiciones de cuentas muy subjetivas donde nadie fracasa a pesar de la realidad del país.
Difícil es hacerse autocrítica en esos informes porque justifican los presupuestos y sueldos y no incorporan en sus políticas las situaciones de emergencia que se presentan. En esas esferas, se desconectan de la cotidianidad, se esfuma la humildad, el Poder enloquece. ¡Todo esta bien, Señor Presidente!, hasta para los que no declaran sus bienes patrimoniales contra la ?voluntad? de un Depreco sin funciones.
Por eso, el Presidente no enfatizó sobre los problemas nacionales persistentes como pobreza, marginalidad urbana, educación y salud, a priori no existen en las rendiciones de cuentas. En lugar de partir de la realidad, prefirió trasladarse al mundo de las ilusiones y enumeró obras y megaobras, como parte de un buen sistema presidencialista que no busca cambiar. Esa enumeración larga, irrealista, sin presupuesto proyectado, deslumbró a quienes creen todavía que la capital es el país, que desarrollo es sinónimo de obras y a quienes no cuestionan la concentración financiera-espacial de las inversiones publicas, como uno de los factores más importantes de la división de la sociedad dominicana en dos: la de la capital y el resto del país.

No se pronunció sobre temas modernizadores de la sociedad como la reforma de la Constitución por la vía de una Constituyente, no se pronunció sobre la regionalización de la planificación territorial y del presupuesto y ni mencionó la impostergable tecnificación de la Administración pública para que el Estado o profesionalice a todos sus organismos. Pasaron dos tormentas destructoras que evidenciaron los desajustes y las desigualdades sociales y territoriales, sin embargo no habló de las causas estructurales que transforman todas las poblaciones pobres en poblaciones vulnerables confundiendo así los desastres naturales con desastres sociales. No habló de asentamientos humanos integrales, de tierra, ni de presupuesto para un organismo de prevención y mitigación de desastres naturales, pero actualizó su discurso ambiental, evocando los cambios climáticos, tema obligado desde que Al Gore presentó el descalabro de los glaciares del Ártico.

El discurso ambiental debe referirse a la economía y a su relación con los recursos naturales, a las prácticas depredadoras eminentemente rentables de los granceros, a la modernización de las técnicas constructivas y enumerar soluciones ecológicamente menos costosas. Sin referencia a la falta de investigación, sin presupuesto para ella, sin presupuesto para la recomposición de la naturaleza, la reforestación y la rehabilitación de los cauces de los ríos, sin seguridad ambiental, sin programas de conservación y de mitigación de desastres, el discurso es contradictorio con todas las intenciones manifestadas en desarrollar la agropecuaria, en conservar los ríos y bosques del país. Por eso, uno se queda perpleja frente a los anuncios de mega obras cuyos impactos ambientales en los ríos y arroyos que rodean la capital, son eminentemente negativos. ¿de que hablara el Presidente cuando se refiere a cambios climáticos? Su referencia ambiental es la misma a cuando se refiere a Bill Gates en un país donde la crisis energética se agrava después las elecciones, sin hablar de las infraestructuras viales y puentes que parecen de cartón.

El discurso no se refirió a los temas persistentes como combatir la pobreza, crear empleos, redistribuir las riquezas producidas, reevaluar el Tratado de Libre Comercio por los impactos negativos que ya se perciben, disminuir los impuestos a los combustibles y al consumo, no habla de programas de viviendas sociales, de reubicación de familias vulnerables en lotes y servicios, no habla de empoderamiento de los grupos sociales.

La falta de referencia a la municipalización nos induce a pensar que no se cumplirá con el 10 % del presupuesto de la Nación para los municipios, ese primer espacio del territorio donde el presupuesto se debe adecuar a las necesidades de la población, queda relegado. Además, de ser el primer espacio, donde se debe reubicar a las poblaciones vulnerables, identificar terrenos y dotarlos de servicios e infraestructuras municipales: el municipio es el primer eslabón de una reforma necesaria a la gestión y planificación del territorio. Lastima que no se menciono, la regionalización del presupuesto, hubiera sido el primer paso hacia la integración de todos los sectores regionales hacia la búsqueda de soluciones políticas y económicas a la crisis y al rezago del interior del país.
Muchos temas quedaron fuera de la agenda del Presidente, pero al mirar las angustias por un nombramiento o una confirmación en el cargo, sentimos que poco importa, todo lo que faltó. Muchos aprovecharon para endiosar a un Presidente, que pocos minutos después, al finalizar el discurso, empezaba a firmar decretos de nombramientos.
Amparo Chantada Leer completo7dias.com.do

Cury afirma nombramientos son inconstitucionales

El Dr. Julio Cury afirmó hoy que el Presidente Leonel Fernández se está llevando de encuentro la Constitución al nombrar tantos Subsecretarios de Estado, lo que a su juicio no solo desacredita el régimen presidencialista, sino que también contribuye a ofrecernos un balance deficitario de las finanzas públicas.
El reconocido abogado expuso que el artículo 61 de la Constitución exige que las subsecretarías de Estado estén previstas por la ley. ?Sin embargo, ha sido tradición entre nosotros, que se acentúa peligrosamente con el correr del tiempo, que los mandatarios designen a su discreción una cantidad cada vez más creciente de subsecretarios que, en verdad, no rinden ninguna labor eficiente al Estado?, aclaró Cury.
Sostuvo que aunque el artículo 16 de la Ley 4378 deja a la consideración del Presidente la cantidad de subsecretarios y secretarios de Estado sin cartera, no puede perderse de vista que se trata de un texto del 1956, ?redactado por un congreso rebañego a imagen y semejanza de la desenfrenada apetencia de poder de Trujillo, y la Constitución entonces vigente, la de 1960, no requería que las subsecretarías fuesen creadas por ley, disposición que sí incorporó la revisión sustantiva de 1961 en su artículo 60, preservándose en las revisiones del 1962, 1966 y en las siguientes. Por tanto, al ser necesario que las subsecretarías estén amparadas por la ley de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución vigente, es claro que el Presidente no puede prevalerse de en una ley anacrónica, obsoleta y contraria a la Constitución, para designar tantos subsecretarios?.
Dijo que los subsecretarios, ayudantes civiles y asesores presidenciales se han convertido en posiciones ?únicamente útiles para inscribirse en la nómina del Estado. El Presidente ha nombrado asesores gastronómicos, artísticos, deportivos y de sabe Dios qué otras cosas, algunos incluso limitados a determinadas provincias, y ahora le ha endosado a cada Secretaría de Estado 10, 12 y 15 subsecretarios cuya improductividad es paradójicamente retribuida con los aportes que provienen del sacrificio laboral de la nación?. / Leer Más [+elnuevodiario.com.do]

La cuestión eléctrica en restrospectiva
Fausto Rosario Adames
jueves, 04 de septiembre de 2008 /clavedigital.com
Me cuento entre los ciudadanos que apoyó los esfuerzos de privatización del sector eléctrico, ante la imposibilidad del Estado de garantizar un servicio de energía eléctrica eficiente. Decíamos, hace 10 años, que era preferible un aumento en los precios del servicio con tal de tenerlo garantizado.
La vieja Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) era un verdadero lastre, con más de 6 mil empleados, que en su forma de trabajar reflejan una realidad que afectaba a todo el Estado: una brigada de servicios estaba integrada por cuatro y cinco personas, que se desplazaban en un vehículo, algo que hoy se realiza con una o a lo sumo dos personas.

El costo de operación de aquella empresa era mayor por la capacidad de reclamo de SITRACODE, el sindicato de los obreros energéticos. Era la época en que los partidos de izquierda dominaban los gremios profesionales y sindicatos especializados, con los cuales había que contar a la hora de paros nacionales o cualquier contingencia política.
Lo más grave era la incapacidad de la CDE para ofrecer un servicio energético decente. El dolor de cabeza lo tenía también el gobierno, por las implicaciones políticas de la baja calidad del servicio. Joaquín Balaguer en una ocasión se autodesignó Administrador de la CDE. Julio Sauri declaró en una ocasión que los apagones tenían su razón de ser en los daños que provocaban las chichiguas con las que jugaban jóvenes y adultos, que se enredaban en los cables y provocaban múltiples averías. Los apagones generales eran más frecuentes. Todo aquello, se prometía, quedaría atrás con la privatización.
Y no fue así. Ha habido mejoras, pero el Estado sigue siendo el responsable de los déficits financiero de las empresas eléctricas. El Congreso ha tenido que aprobar una resolución limitando las extraordinarias ganancias de las empresas privadas que entraron al sistema eléctrico.
Lo que se prometía era el regreso de la estabilidad del sector eléctrico. Las empresas se responsabilizarían de la generación, por un lado, la distribución, por otro, y la comercialización y cobro. Todo en manos del sector privado. Aquello que se prometió se ha vuelto un enredo que apenas unos pocos privilegiados entienden.
Los costos del Estado son mayores ahora. El equilibrio financiero hay que dárselo a las empresas distribuidoras, una parte de las cuales han vuelto a ser públicas. Los generadores le cortan la luz al gobierno, por falta de pago, el déficit cada año es mayor. Se estima para que el 2008 el déficit que corresponde pagar al gobierno es de 1,300 millones de dólares. Se oficializó el subsidio eléctrico a los barrios que no pagan. Las distribuidoras se comprometieron a aplicar programas para hacer que los barrios pagaran. No fue posible conseguirlo y el gobierno asumió el cargo. Un negocio extraño para el Estado.
Me puse a revisar lo que estaba pasando con las empresas públicas eléctricas y me encontré una realidad lamentable. Más empleados que antes, mayores costos financieros que antes, cuando existía SITRACODE, y una ineficiencia que a cualquiera espanta.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) tiene 2,169 empleados y una nómina de 58.7 millones mensuales. Edenorte tiene 2,590 empleados y una nómina de 51.8 millones de pesos mensuales. Edesur tiene 1,951 empleados y paga 53.9 millones de pesos mensuales.
Le sigue la Empresa de Transmisión Eléctrica, con 839 empleados y una nómina de 26.6 millones de pesos mensuales. Otra entidad se llama Empresa de Generación Hidroeléctrica, que tiene 1,013 empleados y paga 27.8 millones de pesos al mes. Existe además la Superintendencia de Electricidad, con 404 empleados y una nómina de 16 millones mensuales. No dependiente, pero relacionada, está la Comisión Nacional de Energía, que cuenta con 115 empleados y nómina de 5 millones de pesos.
El Estado se vio compelido a crear el Programa Nacional para la Eliminación del Fraude Eléctrico, que tiene 23 empleados y extrañamente solamente tiene registrados gastos de nómina por 238 mil pesos mensuales.
Es decir, La famosa reforma del sector eléctrico nos dejó instituciones desarticuladas con 8,096 empleados, sin contar los que corresponden a EdeEste, que es una empresa privada, y que atiende a todo el Este del país, desde la Máximo Gómez de Santo Domingo, hasta Higuey.

COE ofrece ubicación de 14 refugios oficiales en siete provincias y la Capital