En el siglo XX, el sector laboral venezolano emergió como un factor autónomo y con peso propio en la economía nacional. A partir de 1936, el movimiento sindical se constituyó en un verdadero poder. Los sindicatos no atendían líneas partidistas. Por el contrario, eran ellos quienes muchas veces las trazaban o en otras se apartaban de ellas. Su opinión fue escuchada por todos los gobiernos democráticos. Paradójicamente, en este decenio, cuando se ha insistido hasta el cansancio en que el poder del Gobierno de Hugo Chávez radica en el pueblo, es cuando más se ha propiciado la fractura del Poder Sindical y se ha desvirtuado su razón de ser.Muestra del menosprecio que el Gobierno le tiene a la masa trabajadora se evidenció claramente, cuando de manera unilateral Hugo Chávez decretó 26 leyes, sin ni siquiera considerar la opinión de los trabajadores en aquellos textos que directamente los afectan, a pesar de que con ello viola el mandato constitucional. No le consultó, por ejemplo, sobre la Ley de Transporte Ferroviario Nacional, donde le suprimen al trabajador de un plumazo el derecho a huelga que consagra la Constitución. Tampoco se le consultó sobre el conjunto de leyes de naturaleza social aprobadas por la habilitante que afectan de manera directa lo laboral. Entre ellas, la Ley del Seguro Social y la del Sistema de Seguridad Social, que entran en franca contradicción con la Ley Orgánica del Trabajo.Pero, el desprecio de Chávez al sector sindical no se circunscribe a estas leyes. Es harto conocido que desde el oficialismo, se han creado "sindicatos" paralelos que, lejos de representar y defender los derechos del trabajador, los traiciona para servir a su máximo empleador: El Gobierno. También es sabido que desde el inicio de su mandato, Chávez se ha negado a negociar los diversos contratos colectivos con los sindicatos legítimamente electos. Y en los pocos casos que lo ha aceptado, lo ha hecho con sindicatos espurios, integrados ex profeso por sus afectos. Uno de estos casos es la actual discusión del contrato del magisterio, donde el Gobierno sólo reconoce como interlocutor válido al Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) y la Federación de Empleados y Peritos, (FEP), excluyendo a otras organizaciones legítimamente electas del sector.Un caso emblemático de este menosprecio presidencial, es lo sucedido con el canal del Estado VTV. Este canal mantiene un contrato colectivo que contempla beneficios salariales que no son del agrado del mandatario. Como represalia, el Presidente, en vez de sentarse a negociar con los trabajadores de VTV, trasladó las transmisiones de su Aló Presidente al canal oficialista TVES, donde a los trabajadores no se les ha permitido formar sindicatos.Es lamentable, que los sindicatos se hayan reducido a ser grupúsculos temerosos y sumisos que aguardan por el visto bueno del partido de Gobierno para expresar su opinión o reclamar sus legítimos derechos.Da pena ajena que el movimiento sindical otrora aguerrido y que enfrentó muchas veces al poder en el pasado, sea el gran ausente en la economía nacional y en las políticas públicas.