La semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una serie de recomendaciones para revertir las desviaciones y debilidades que reveló el Examen Periódico Universal al que fuera sometido el Gobierno de Venezuela. Con la sordera y soberbia que caracteriza al Gobierno Nacional, la delegación que lo representó en Ginebra, rechazó de palmo unas 38 recomendaciones del Consejo. En su mayoría se tratan de las que se refieren a la libertad de expresión, el abuso de poder de las fuerzas de seguridad, la independencia del Sistema Judicial y una reforma al sistema de prisiones para asegurar el respeto al estándar mínimo en el trato a los presos establecido por la ONU. Este desacato a unas resoluciones de la ONU que son de obligatorio cumplimiento por los países miembros, va en directa concordancia con las violaciones a los derechos humanos a más de dos docenas de venezolanos que están hoy en prisión por diversos motivos políticos. Es inverosimil el cinismo y la crueldad en el trato que se da a estos prisioneros del Gobierno, que "pagan" por supuestos "delitos" que vinculan de una u otra manera a intereses o mandatos del presidente de la República, Hugo Chávez. Uno de los casos más emblemáticos es el de la juez María de Lourdes Afiuni, quien fue juzgada y sentenciada por Chávez en cadena nacional por aplicar una resolución de la ONU a favor de otro preso político. María de Lourdes Afiuni ha sido acosada desde entonces por la Fiscalía y por el juez de la causa, Alí Paredes, quien demoró inhumanamente por meses la atención médica de un quiste mamario y derrames que sufría la juez, y que pudo tener impredecibles consecuencias para la integridad de su salud. Igual inhumanidad ha manifestado la "justicia" venezolana en el caso de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, condenados sin pruebas a 30 años de prisión, sólo para salvalguardar la responsabilidad de Chávez en los sucesos del 11 abril de 2002. Hoy las malas condiciones e insalubridad del sitio de reclusión de los comisarios, así como las persistentes demoras en su atención médica han desmejorado la salud de los tres. Simonovis tiene múltiples dolencias, Forero fue operado de cáncer en la próstata y Vivas aún espera que le den autorización para tratarse un trastorno digestivo con células precancerosas y principio de glaucoma. Más inhumano aún es el trato dado a los polícías metropolitanos, quienes también pagan injusta prisión por los hechos de abril de 2002. Hoy, uno de estos funcionarios, el sargento Julio Rodríguez ha sido tardíamente diagnosticado de un cáncer de próstata que se extiende al sistema linfático, sin que el Gobierno autorice una medida humanitaria para ser tratado en su hogar. ¿Son estos venezolanos menos iguales que el primer mandatario, quien tiene a su disposición los últimos avances médicos para tratarse en Cuba y Venezuela el cáncer que lo aqueja?