Por una parte, solo existía la Universidad de Costa Rica. En ella eran aceptados estudiantes nuevos en número muy inferior al de bachilleres que concluían anualmente su educación secundaria. Además, la agitación, sobre todo izquierdista en esos años, en la Universidad pública, daba mala espina a los padres de familia, que se lamentaban de que una Universidad costeada por una nación cristiana y democrática tuviera que sufrir que en ella tuvieran tan desmedida influencia grupos sin vocación cristiana ni democrática.

Discutido el asunto, los universitarios respondieron a los padres de familia que sí era posible crear una Universidad privada en el país, sobre todo si eran los padres de los estudiantes los que anhelaban tal cosa, ya que la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, lo que comporta el derecho de fundar entidades educativas. Además la Constitución establece la libertad de enseñanza. El asunto es que si se seguía el modelo llamado napoleónico de Universidad, que es el de la Universidad de Costa Rica, probablemente resultaría de muy difícil financiamiento. Que era necesario considerar qué figura jurídica debería tener una Universidad privada, para que alcanzara solidez y tuviese flexibilidad en su desarrollo, y cuál modelo seguir para que fuera conforme con los propósitos de hacer una Universidad de amplia libertad interior, novedosa, financiable y rigurosa.

Hubo que enfrentar la oposición desmedida de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la oposición para que los estudiantes de esa carrera de la U.A.C.A consultaran expedientes y otras piezas en los juzgados; la oposición para que la Corte le diera cadáveres ... pero todo fue resolviéndose, conforme a derecho, a favor de la Universidad