Lo hemos dicho y lo reiteramos: el nuevo gobierno por asumir el 1 de junio debe exigir cuentas claras, recibir cada ministerio, instituciones autónomas y cada dependencia con una auditoria completa, donde se muestre palpablemente cómo se han invertido los presupuestos asignados, los préstamos y las ayudas internacionales. El presidente Saca se ha dedicado a ?promover un país saludable?, con finanzas fuertes y una ?economía blindada?. Los hechos que siempre limitan las palabras dicen lo contrario: un déficit mayor a los 500 millones de dólares, una recaudación fiscal deficiente, corrupción galopante y obras inconclusas.

El Ministerio de Salud Pública tiene muchas cuentas pendientes con la sociedad, con los salvadoreños: durante este mandato ha prevalecido el tráfico de influencias, la corrupción, las licitaciones amañadas y lo más grave de todo: hospitales públicos sin medicinas, pacientes con graves enfermedades esperando meses por una consulta, un examen médico o una operación quirúrgica. Nosocomios de primera importancia, lo son todos en realidad, como el de Maternidad, está a punto de colapsar. Las nuevas autoridades deben exigir un informe completo y detallado del préstamo millonario que se otorgó al país para su reconstrucción y modernización.

Lo mismo con los dineros invertidos en la reconstrucción de los hospitales de Usulután, Zacatecoluca y Santa Tecla. La Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, instancias sumisas a los mandatos del partido Arena y sus respectivos gobiernos, nunca han informado de auditorias al Ministerio de Salud Pública. La población desconoce cuánto se invirtió en tales obras. Lo que hasta ahora sabemos es que una misma compañía ganó las licitaciones para la reconstrucción de dichos nosocomios. O es una empresa importante y la más confiable o sus propietarios son miembros del partido Arena o son parientes o muy amigos del mandatario Saca y los funcionarios de Salud Pública. Los profesionales de CASALCO deberían tener respuestas a estas interrogantes.

Si nos vamos al Ministerio de Obras Públicas hay mucho por aclarar. No solamente los trabajos inconclusos de la calle Diego de Holguín (millones de dólares invertidos, daños irreversibles a la finca El Espino y a los propietarios de las viviendas a orillas de la arteria que supuestamente ayudaría a descongestionar el tráfico hacia el occidente del país), sino licitaciones y convenios hechos por esa dependencia gubernamental. ¿Recuerdan el contrato millonario para dotar de ?semáforos modernos? a la capital? El anterior Ministro, David Gutiérrez, simplemente renunció o fue separado de su cargo; pero nunca se dio una explicación clara de tal licitación.

No sólo eso: existe un programa conocido como Fovial supuestamente creado para hacer reparaciones en calles y avenidas de las principales ciudades del país; sin embargo, la mayoría de alcaldías, sobre todo las gobernadas por el FMLN, se quejan de su inoperancia y de ?hacer algunas obras? para favorecer políticamente a las comunas administradas por el partido Arena; también debe ser objeto de una auditoria detallada pues se trata de impuestos pagados por los salvadoreños. Obras son amores y no buenas razones.

En muchas carreteras primarias y secundarias del país, como la conocida como ?de Oro? y otras que conducen al occidente del país, el Ministerio de Obras Públicas ha invertido millones de dólares, así como cuantiosos recursos materiales y humanos. Los transportistas se quejan de lo rápido que se deterioran esas arterias: nunca se informa ni se deducen responsabilidades. A lo sumo el titular de esa cartera de Estado ha dicho que se ?exigirán explicaciones a la empresa constructora?; pero una vez más la Corte de Cuentas no aparece ni investiga.

Podríamos seguir con todos los ministerios, dependencias e instituciones autónomas; pero sería la de nunca terminar. Si el nuevo presidente y sus funcionarios por asumir el gobierno el 1 de junio, no exigen cuentas claras y responsables, serán los únicos culpables por omisión, complicidad o ?hacerse del ojo pacho?. En todas partes del mundo, existen las auditorias y la rendición de cuentas. Los funcionarios deben aclarar a cuánto asciende su fortuna y si esta corresponde a sus normales ingresos. Se supone que hace cinco años también lo hicieron, por lo tanto no hay donde perderse.

El presidente Saca y muchos de sus funcionarios ?están seditas?, declaran que el ?país está muy bien? (está bien patas arriba) y que ?las finanzas están sanas?. Los observadores internacionales únicamente hablan a partir de las elecciones y si estas dieron como resultado a un gobierno de izquierda y se ?cumple la alternancia?, pues El Salvador es un ejemplo; es lo que propala Saca y se aprovecha de ?la transición? y de la crisis del capitalismo mundial, para evitar los arqueos y las auditorias. Ojalá todo este triunfalismo, y esa peligrosa ?subida de humos? no haga deslizarse en una cascarita de plátanos a los dirigentes del FMLN y a los nuevos funcionarios. Sería peligroso y dañino para las nuevas autoridades que no tienen experiencia y conocen muy poco del manejo y la administración de la cosa pública. Y de ribete están tratando con personas que tienen años de medrar en el gobierno, además de contar con la asesoría de abogados y profesionales preparados y pagados por la oligarquía.