El proyecto de resolución ha sido presentado por los eurodiputados del Grupo Popular Europeo (PPE), formación que espera que el texto salga adelante con el apoyo del grupo liberal (ALDE) y del de la Unión para la Europa de Naciones (UEN), informó en un comunicado.

La resolución que se vota este jueves recoge la preocupación por la lista de inhabilitaciones presentada por el Controlador General de la República en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos --en su mayoría de la oposición al régimen de Chávez-- a presentarse a las elecciones regionales y municipales del próximo mes de noviembre.

"La utilización política de estas listas cercena los derechos civiles y políticos de los opositores al actual Gobierno venezolano, en concreto los derechos a ser elegido y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades locales, regionales y nacionales", según el proyecto de resolución.

Así, el texto de los 'populares' "exhorta" al Gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la justicia "en el marco de las disposiciones de los artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana que reconocen únicamente esta facultad de manera definitiva al poder judicial".

Sin embargo, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, en un comunicado conjunto con su colega Giusto Catania, consideró que con esta iniciativa el PPE "se ridiculiza y desacredita el mecanismo de defensa de los Derechos Humanos" de la Eurocámara.

A su juicio, con esta resolución la derecha del Parlamento europeo se convierte en "aliado objetivo de los corruptos en Venezuela --sean próximos de la oposición o del Gobierno de Venezuela--, porque ataca el sistema de inhabilitaciones, que obliga por ley a impedir que funcionarios públicos que han realizado malversaciones comprobadas se presenten como candidatos a elecciones por un tiempo determinado".

Según explicaron Meyer y Catania, las inhabilitaciones en Venezuela responden a un "sistema similar al que opera en varios países europeos" que permite "de manera prudente y en respeto del debido proceso", aplicar una legislación "anterior al actual Gobierno, que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela incluyendo la oposición y que ha sido refrendada por la Tribunal Supremo de Justicia en más de cuatro sentencias".

Así las cosas, Meyer y Catania reprochan al PPE que haya insistido en incluir esta cuestión en el orden del día de la Eurocámara "negándose rotundamente" a que considere otros temas "urgentes y graves", como "la represión y el brutal asesinato de decenas de indígenas y sindicalistas en Colombia, o el fallido intento de golpe de estado contra el presidente Evo Morales".

EXPULSIÓN DE MIEMBROS DE HRW

Por otra parte, de salir adelante la resolución también condenará "enérgicamente" el asesinato del líder estudiantil del partido Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exigirá a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen" y poner a sus responsables ante la justicia.

El PE condena la inhabilitación de políticos de la oposición ante las próximas elecciones regionales en Venezuela

La resolución fue adoptada este jueves en Estrasburgo tras un debate de urgencia sobre Derechos Humanos en el que no participó ningún eurodiputado español. El texto, presentado conjuntamente por PPE, ALDE y UEN, salió adelante con 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El eurodiputado del Grupo Popular Europeo (PPE) José Ribeiro e Castro abrió el debate y aseguró que los venezolanos viven desde hace años una "situación terrible" en la que "se violan los derechos fundamentales" de los ciudadanos. "Existen listas de persecución política siguiendo el modelo del totalitarismo", denunció Ribeiro e Castro, quien calificó este hecho de "inaceptable".

Además, criticó de igual manera la expulsión de "representantes de los Derechos Humanos" y exigió que "se aclare la verdad" sobre la muerte de Soto, "una víctima del clima de violencia que alimenta el partido en el poder".

Por su parte, las eurodiputadas Ewa Tomaszewska (UEN) y Renate Weber (ALDE), autoras del texto, denunciaron la situación que se vive en Venezuela, especialmente en las últimas semanas. "Hay que exigir que se respete la libertad de expresión y de asociación en Venezuela" y que el país sudamericano "vuelva a la democracia", pidió Tomaszewska. Weber advirtió de que la situación de la oposición durante años "ha sido muy difícil" y afirmó que "la democracia y el Estado de derecho en este país son realmente una broma".

Sin embargo, el representante de Izquierda Unida Europea Pedro Guerreiro censuró la "maniobra inaceptable y despreciable" que a su juicio es la resolución aprobada por la Eurocámara, a la que acusó de participar en una "operación de injerencia". "Este debate sólo tiene como objetivo dar respuesta a los que alimentan y promueven el larguísimo proceso de interferencia y desestabilización de un Estado soberano", criticó.

PREOCUPACIÓN POR LAS ELECCIONES REGIONALES

La resolución recoge la preocupación por la lista presentada por el Controlador General de la República en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos --en su mayoría de la oposición-- a presentarse a las elecciones regionales y municipales del próximo mes de noviembre.

"La utilización política de estas listas cercena los derechos civiles y políticos de los opositores al actual Gobierno venezolano, en concreto los derechos a ser elegido y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades locales, regionales y nacionales", según recoge la resolución citada por el PPE en un comunicado.

Así, el texto "exhorta" al Gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la Justicia "en el marco de las disposiciones de los artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana que reconocen únicamente esta facultad de manera definitiva al poder judicial". Los eurodiputados también recordaron al Ejecutivo de Chávez que "debe cumplir los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Venezuela", tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También se incluye la "enérgica" condena por el asesinato del líder estudiantil del partido Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exige a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen" y poner a sus responsables ante la justicia.

Finalmente, la resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión arbitraria" del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez". Dichas expulsiones suponen "un precedente muy grave" para la "libertad de expresión y crítica que ha de existir en toda sociedad democrática", según añade el texto.

Europa Press