Mientras miramos en un atardecer el reflejo de los rayos del sol en los vidrios de las casa de Ruitoque, comentamos lo que dice la prensa, que al fin van a entrar en funcionamiento los parqueaderos subterráneos del Parque San Pío. Nos deja pensando?

Hacemos unas cuentas:

Son 51 cupos de estacionamiento, las obras costaron aproximadamente 1.015 millones de pesos lo que da un costo de cerca de 20 millones cada uno. Se calcula que el parque automotor de la ciudad es de 250.000 automóviles. La solución equivale al 0.02%. Si a este costo se hicieran estacionamientos para la décima parte de los vehículos el valor total sería de 500 mil millones.

El área de parqueo para un vehículo normal de hoy en día es de aproximadamente 10 m², sin contar circulaciones. Si se asume que un vehículo tiene un área de estacionamiento permanente, por ejemplo el garaje de la casa y requiere por decir algo un décimo de cupo ocasional, en los centros comerciales, en las calle o en centros de actividad, esos 250.000 vehículos requerirían en la ciudad 10,10 m², resulta que la ciudad necesita algo más de 40 hectáreas para estacionamientos, lo que viene a ser algo así como la superficie equivalente a media Ciudadela Real de Minas. Y esos abrumadores cálculos resultan sin tener en cuenta las motocicletas, las cuales ya rondan por las 120.000.

Un análisis despreocupado nos muestra que los dichosos parqueaderos aunque necesarios, están mal ubicados (no están cerca a nada), son insuficientes (como se deduce del parágrafo anterior), y cualquier contrato de concesión carece de solidez legal, así pues, los posibles comodatarios o arrendatarios tendrán siempre la el fantasma de la prematura interrupción del contrato.

Por otra parte nacen varias inquietudes en el procedimiento que comenta la prensa. Nos parece que está mal enfocado y tarde o temprano dará como resultado en reversazo en el funcionamiento. Por inconstitucional. Algunos dice que el espacio público en nuestro ordenamiento jurídico es una totalidad, una integralidad absoluta y goza de garantías constitucionales. El espacio público es de todos, pertenece a la Nación y las entidades territoriales sólo son sus administradoras. Por eso mal puede la Administración Municipal de Bucaramanga, el Instituto Agustín Codazzi, las Notarías y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga desenglobar o desmembrar el espacio público. Una predicción: Va a volar mierda al zarzo. Ya se anuncian varias acciones populares. Un análisis despreocupado nos muestra que los dichosos parqueaderos aunque necesarios, están mal ubicados (no están cerca a nada), son insuficientes (como se deduce del parágrafo anterior), e inconstitucionales, por ello cualquier contrato de concesión carece de solidez legal, así pues, los posibles comodatarios o arrendatarios tendrán siempre la el fantasma de la prematura interrupción del contrato.