No es ir al TSJ para solicitar nulidades, consultas o pedir interpretaciones. Quien quiera hacerlo que lo haga y estamos dispuestos a acompañarlo. El problema central, detrás de esas normas, es que el pueblo está siendo despojado del poder que conquistó en la Constitución. Un poder que conquistó no sólo en lo legal, sino fundamentalmente en la lucha política y social de los últimos años", afirmó García en el acto "No al paquetazo", que también incluyó la presentación de los candidatos regionales.

La idea de Podemos es que el 23 de noviembre sirva de referéndum contra las normas.

"Las elecciones frenarán, definitivamente, este proyecto personal que se quiere imponer al pueblo".

Describió que hay "unos caramelos ácidos" en el paquete de leyes como, por ejemplo, cubrir 100% de los créditos hipotecarios, para viviendas pero, en contrapartida, se eliminan los institutos regionales y municipales de viviendas. El aporte de los trabajadores y de los patronos será calculado sobre el salario integral -que incluye vacaciones, bonos y utilidades- y no sobre el salario básico, como era hasta ahora.

"¿Hasta dónde esa voracidad del Gobierno por sacarles el dinero de los bolsillos a los pobres? ¿Por qué subsidiar casas en el exterior a costa del sacrificio del pueblo? La expropiación de Cemex es más sensacionalista y para decir que no hay cemento en el mundo para construir viviendas. La verdad es que este Gobierno es el que menos viviendas ha hecho en los últimos 60 años, desde Marcos Pérez Jiménez (...) Todo está hecho a conciencia, por eso es imperdonable que el contenido de las leyes vaya en sentido contrario a las aspiraciones del pueblo".

Denunció que la Ley de la Economía Popular prohíbe satisfacer las necesidades de quienes producen: "Resulta que no es sólo ser rico, sino que ahora, ganarse el pan con un trabajo propio también es malo (...) Un sistema que no acumule capital está condenado a muerte, pero esto parece no importarle al Gobierno".

Al revisar las leyes de salud agrícola, del Banco Agrícola, Crédito Agrario y pago de deuda, se percataron que eliminan la participación. "Todas las normas establecen un ministerio como rector, un administrador; ninguna incorpora la organización popular, ni las decisiones del pueblo tienen un carácter vinculante.

Los consejos comunales han quedado reducidos a entes del Estado subordinados a la Presidencia y a los ministros, y sus voceros al papel de funcionarios públicos de hecho. Los consejos serán parte del poder constituido, del Estado y sometidos al régimen del control fiscal, por manejar dineros públicos".

Podemos encontró que en las 26 leyes se menciona 32 veces la palabra pueblo; 384 veces Ejecutivo Nacional, 29 sociedad, 230 Presidente de la República, 10 veces patria y 551 veces la palabra ministerio.

"El Presidente ha legislado para darse a sí mismo un poder desmesurado, abusivo, dañino para el país", dijo García.

FEDECÁMARAS:

"Ya estamos ante un Estado que confisca"

José Manuel González dijo que el Asamblea Nacional tiene la obligación de derogar las leyes

El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, afirmó que el paquete de 26 leyes aprobadas por el presidente Chávez por la vía habilitante, confisca la propiedad privada y aumenta el control del Estado sobre la economía.

"Ya no estamos ante un gobierno socialista sino ante un Estado socialista que está confiscando la propiedad privada", dijo el dirigente empresarial.

González ?reseña la agencia DPA? señaló que una muestra del control estatal sobre las empresas es la confiscación de los activos de la cementera Cemex, y se preguntó: ¿por qué el Gobierno tiene que adueñarse de una empresa que está operando con eficiencia? "Las leyes tienden a generar no esa felicidad de la que habla el Presidente, sino una gran dependencia del Estado.

Al no haber sector privado, perdemos mucha soberanía alimentaria con estas leyes.

Eso trae escasez, desempleo y malestar para todos los venezolanos", afirmó.

González dijo que la AN tiene la obligación de corregir los entuertos y derogar las leyes, ya que fueron los diputados quienes le concedieron a Chávez los poderes especiales para legislar.

"Nosotros haremos las acciones que tengamos que hacer.

Ya sabemos la manera como fueron impuestas estas leyes, que son ideologizantes, controladoras y centralistas, y ya vimos cómo se ha empezado a actuar con base en ellas: disparo primero y averiguo después, es la ley que está aplicando el Gobierno", advirtió.

Aseguró que el modelo socialista que pregona Chávez se concreta con esas leyes en las que se ven "claras violaciones de la Constitución", en vista de que imponen artículos que estaban en la reforma que fue rechazada en el referéndum del 2 de diciembre.

Cuando empiece el año escolar 2008-2009, el 15 de septiembre, el escenario legal que espera a las sociedades de padres y representantes y al gremio estudiantil habrá dado un giro de 180 grados.

Cuando el hampa cobre una nueva víctima en los barrios, las reglas de juego ya no serán las mismas.

Antonio Ecarri, presidente de la fundación Casa Arturo Uslar Pietri, parece haber descubierto el motivo por el cual el Gobierno hizo uso de un jarabe tan amargo como el paquetazo de las 26 leyes insertas en la Habilitante.

"Déjenme decirles que si los estudiantes trancan las calles o si los habitantes de Petare toman el paso en la carretera Santa Lucía, son reos de los nuevos delitos tipificados en los artículos 139 y 147 de la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios que penaliza con 10 y hasta 20 años de cárcel. Por eso, creo que el Presidente nos está diciendo que viene una crisis económica sin precedentes en la historia venezolana y de allí estas amenazas contra la libertad de expresión", aclaró Ecarri.

La Casa Arturo Uslar Pietri anunció que se declara en campaña permanente para divulgar el alcance de estas normas que presentan las siguientes fallas: -Pone en gravísimo peligro el desarrollo de principios que consagran las libertades y la democracia.

-Siembra la cultura de la dependencia absoluta al Estado.

-Incorpora al sistema educativo formal la ideologización de nuestros hijos.

-Se escuda en los consejos comunales para disimular un centralismo agudo.

-Impone una excesiva discrecionalidad funcionarial.

-Establece sanciones que involucran la inhabilitación comercial de ciudadanos.

-Dicta normas que amenazan con cárcel a los venezolanos, como una clara evidencia del firme propósito de amedrentar a todo el país.

"En Venezuela se está creando la generación de la pobreza. Todos, hombres y mujeres se van a convertir en unos enfranelados obedientes del gobernante de turno", añadió.

Ayer, esa institución se declaró en campaña nacional informativa para la discusión y reflexión de lo calificó Ecarri como un "compendio de arbitrariedades que ameritan toda la atención del pueblo venezolano".

Ecarri advirtió que no queda otra vía que dirigirse a los organismos internacionales.