Por Jumanji el 15-Sep-2008 | 
Las empresas de energía solar, aglutinadas en distintas asociaciones, llevarán hasta las últimas consecuencias su pelea contra una normativa que, a su juicio, mata el negocio antes de que logre desarrollarse.
Las empresas fotovoltaicas empiezan a sacar los dientes. A través de distintas asociaciones sectoriales y de sus propios departamentos jurídicos o asesores legales externos, vienen armando todo un compendio de informes para defender sus intereses ante la nueva normativa sectorial que prepara el Ministerio de Industria.
Las empresas, y sus asociaciones, contemplan la posibilidad de llegar a los tribunales contra esa normativa, que supondrá importantes recortes a las primas que reciben las empresas fotovoltaicas por verter electricidad a la red y al número de instalaciones que se crean cada año.
Cuenta atrás
La cuenta atrás ha empezado. El secretario general de Energía, Pedro Marín, afirmó que Industria tramita ?con diligencia? la nueva normativa para que esté aprobada ?lo antes posible?. El secretario general de Energía explicó que el marco normativo actual se acaba el próximo 29 de septiembre y que el objetivo es que el nuevo real decreto esté aprobado ?lo antes posible?.
?Estamos a la espera del informe del Consejo de Estado?, añadió Marín. Tras este informe, el real decreto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, algo que podría ocurrir en la sesión del viernes 19 de septiembre o, como muy tarde, en la del 26.
La propuesta de Industria, a cuyo frente está Miguel Sebastián, fija en 29 céntimos por kilovatio/hora (KWh) la prima que recibirán las plantas fotovoltaicas instaladas en el suelo y en 33 céntimos las de los edificios, frente a 45 céntimos que reciben ahora ambas.
Con todo, lo que más problema provoca para el desarrollo de nuevas instalaciones es que Industria quiere fijar un tope (cupo) de 300 megavatios (MW) de nuevas instalaciones por año, repartidos en 200 MW para edificios y 100 MW para suelo. Ahora mismo, se calcula que puede haber en construcción más 300 MW, que no tardarían en comerse los cupos establecidos para el próximo año, cortando por tanto de raíz nuevos proyectos y bloqueando al sector.
En su último borrador, que es el que ha ido al Consejo de Estado, y en un intento de congraciarse con las empresas fotovoltaicas, Industria ha creado cierto margen para amortiguar lo que podría ser un parón del sector. Ha introducido un colchón de megavatios adicionales al cupo para el próximo año y para el siguiente de 200 MW y de 100 MW, respectivamente. Pero este cupo extra sigue pareciendo insuficiente a las compañías y sus respectivas patronales, como la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF).
Además de analizar las consecuencias de daños patrimoniales que podría suponer la nueva legislación, y cómo abordarlos jurídicamente, las asociaciones y sus integrantes han venido elaborando informes de negocio para reforzar sus argumentos, con el asesoramiento de grandes consultoras. Asif, por ejemplo, que tiene como asesor legal a KPMG, ha elaborado informes con la ayuda de Arthur D. Little. AEF cuenta con Boston Consulting Group.
Un informe de AEF estimaba que la nueva normativa supondría destruir 40.000 empleos y la renuncia a una inversión de 16.000 millones en 4 años. Tras la nueva normativa, subyace el deseo de Industria de recortar las primas para que no sobrecarguen la factura eléctrica, ya que esas primas se cargan contra el recibo de la luz.
Fuente: Expansión
Por supuesto, desde este Blog animamos cualquier medida jurídica contra esta sinrazón, prestando y ofreciendo apoyo informativo de choque. A vuestra disposición.
¡¡A POR ELLOS!!
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