Preocupado. Así dice sentirse el director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), Gustavo Hernández, en relación con la nueva Ley de Telecomunicaciones que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia. Su preocupación se debe a que el órgano legal no ha sido discutido por los diversos sectores de la sociedad y, lo que es peor, su contenido no ha sido dado a conocer.

-Se ha denunciado que la nueva Ley de Telecomunicaciones le otorga potestad al presidente de la República para ordenar un informativo...blackout

-La actual ley ya abre una posibilidad de que se pueda proceder a intervenir a los medios de comunicación. El Ejecutivo tiene el poder de suspender todo tipo de mensajes si considera que atentan contra los intereses de la nación o cuando así lo exigiere el orden público. Puede incluso suspender la transmisión de comunicaciones cruzadas a través de distintos medios.

-¿Cree que se ha informado sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones?

-No. Y nos preocupa que no se haya convocado a la sociedad civil y al sector académico a una discusión pública. Una discusión de una ley no es un capricho. La consulta está consagrada por la Ley de Administración Pública y por la Constitución.

-También se ha dicho que la ley actual tiene 23 motivos para sancionar a los canales de TV y el proyecto 57 motivos...

-Dentro de la actuación gubernamental, no me asombra que se incremente el número de sanciones. Son medidas para poder controlar, intimidar y cohibir las comunicaciones públicas y privadas, algo que va en contra de la libertad de expresión y de pensamiento. Disentir es un pecado en Venezuela, lo cual es algo negativo porque al controlar más a los medios se cercena la posibilidad de decirle a la sociedad lo que está pasando y lo que se está pensando.

-¿Cómo cree que se afectaría el uso de Internet con este nuevo órgano legal?

-Esta ley adelanta la posibilidad de que el Estado pueda controlar las telecomunicaciones, que pueda controlar espacios públicos de Internet como blogs, páginasweb y hasta el Facebook, y la comunicación privada en Internet como chats y correos electrónicos. Estamos hablando de la invasión de lo privado, controlando la libertad de expresión y de pensamiento que circula en Internet. Una situación donde la sociedad de la información está controlada por el sector gubernamental.

-También se ha dicho que esta ley propone un punto único de Internet...

-La renacionalización de la Cantv establece la plataforma para el control de la información que transita por Internet. Y la Ley de Telecomunicaciones garantiza ese control de las comunicaciones no tradicionales como Internet y los satélites. Así, se crea una autopista de la información gubernamental.

-¿Puede decir qué significa eso en la práctica?

-Puede pasar que subjetivamente y sin ningún criterio teórico o metodológico, el Gobierno considere que hay información que atenta contra la seguridad nacional y clausure esa información. Al sector gubernamental entrometerse en la información de los usuarios de Internet puede utilizar esa información para intimidar, lo cual cristalizaría algunos elementos del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia. La misión que tiene el Gobierno en el campo de las telecomunicaciones es el control absoluto de todo lo que ellos quieren que se transmita y lo que no se transmita.

-¿Cree que el Gobierno ya tiene una hegemonía comunicacional?

-Hoy en día el Estado-comunicador ha avanzado en una creciente concentración de medios de comunicación para uso exclusivo del Gobierno y su partido con fines propagandísticos. El Gobierno controla siete televisoras de alcance nacional, una en VHF y seis en UHF, incluyendo Telesur, y 35 televisoras abiertas comunitarias habilitadas en UHF. Mientras que en el sector de radiodifusión sonora tiene bajo su dominio Radio Nacional de Venezuela, la cadena YVKE, y 231 emisoras comunitarias de radio operando en Frecuencia Modulada. También se suma una agencia de noticias y 73 periódicos comunitarios. Las radios y televisoras comunitarias reciben apoyo financiero del Gobierno para operar. Además, hay un hecho inédito en el mapa comunicacional del país y es que el principal anunciante es el Gobierno y así también ejerce presión en los formatos informativos y de opinión.

-¿Cuánto le cuesta al Gobierno mantener tantos medios de comunicación?

-La Ley de Presupuesto de 2008 nos dice que el Gobierno ha invertido 176 millardos de bolívares en telecomunicaciones en los siguientes rubros: campañas comunicacionales, proyectos de radio y televisión, proyectos de Gaceta Oficial y de imprenta nacional, proyectos audiovisuales independientes, promoción de la red de medios alternativos, promoción del Estado, creación de oficinas de información regionales y financiamiento del programa Aló Presidente. La Ley de Telecomunicaciones legitimaría una vez más el poder de emisión que tiene el Gobierno en el campo de las telecomunicaciones, tanto en medios tradicionales: radio y televisión, como en medios no tradicionales: telefonía móvil, Internet, satélites.

-¿Por qué se critica que el Gobierno tenga tantos medios de comunicación?

-Por ejemplo, VTV y TVes son canales gubernamentales que atienden a los intereses ideológicos del partido. Es inadmisible que se utilice el canal del Estado para difundir la campaña política gubernamental para las próximas elecciones. VTV no es el canal de todos los venezolanos. Se está haciendo uso de su señal para propagar los candidatos del Gobierno para las elecciones regionales y nos preocupa que el Consejo Nacional Electoral no haya hecho nada al respecto. La programación de VTV es gubernamental, tendenciosa y con una crítica irracional a la oposición. A través de los programas gubernamentales de radio y televisión, se promueve el odio contra el otro, el vilipendio contra el que pueda criticar al Gobierno. Eso significa intimidar a la opinión pública para que se cohíba a manifestar su posición con respecto a la realidad social venezolana.

-¿Qué opina acerca del anuncio del satélite Simón Bolívar?

-El satélite Simón Bolívar es un segundo capítulo de lo que significa Telesur. Telesur propaga lo que el Presidente quiere propagar: su ideología. Le sirve de plataforma política y económica a nivel regional. A nivel planetario, el satélite Simón Bolívar le garantiza la información económica, militar, política y cultural del país. El Presidente quiere ampliar su cobertura utilizando los canales gubernamentales a través del satélite Simón Bolívar. Y utilizando el satélite determinará, dentro de su concepción gubernamental, qué es lo que viene a nosotros desde el exterior. Va a filtrar la información, privilegiando la visión gubernamental, política e ideológica del Gobierno.

-¿El satélite Simón Bolívar podría bloquear ciertas informaciones?

-La tecnología satelital administra difusión internacional de radio, televisión y datos que no tienen que ver solamente con el sector de telecomunicaciones, con el sector radioeléctrico tradicional como radio y televisión; también se encarga de administrar todo tipo de datos militares, económicos, políticos, gubernamentales. Se encarga de administrar las señales. Por ejemplo, cualquier bolsa de valores podría tener una conexión con el satélite directamente y podría tener un acceso inmediato a otros países para tener información adecuada, pero estoy hablando de un régimen realmente democrático. Si el Gobierno administra el satélite lo administrará de acuerdo con unos criterios que tienen que ver obviamente con las políticas gubernamentales.

El Universal

Uno de los aspectos que más ha causado polémica del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales, se refiere al posible control estatal de Internet con la creación de un punto único de interconexión. A la pregunta de si es posible técnicamente tal control, el especialista en comunicación digital, Fernando Nuñez Noda, asevera que sí.

Explica que un punto único de acceso es un gran concentrador de conexiones de las grandes autopistas de información y su objetivo fundamental es bajar sustancialmente los costos de conexión a Internet.

A través de ese mecanismo, los revendedores de acceso a Internet, en vez de tener que conectarse a un punto de acceso fuera del país, lo pueden hacer en Venezuela.

Otra ventaja es que acelera la velocidad de conexión. Según Nuñez Noda, la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen una actividad sustancial en la red, tienen su punto de acceso único, que es llamado IPX, (punto de conexión a Internet, por sus siglas en inglés).

"Desde un punto de vista técnico y estratégico tiene sentido tener un IPX -dice el especialista-. El problema es el uso político que se le puede dar a lo que puede ser una herramienta valiosa.

"En el caso de Venezuela, donde sabemos que el Gobierno actúa de forma progresiva hacia un mayor control de la sociedad de la información, del tránsito de la información, eso puede ser preocupante, porque los accesos únicos se usan también para controlar el tráfico de Internet", explica Núñez Noda.

A pesar de que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones -que estaba listo para ser incluido en el paquete habilitante, pero que finalmente fue reservado para ser enviado a la Asamblea Nacional- ha sido desmentido por el presidente de la República, Hugo Chávez, la ministra de las Telecomunicaciones y la Informática, Socorro Hernández, lo reconoció la semana pasada como "uno de los borradores" e incluso defendió parte del contenido revelado por El Universal.

El proyecto señala que "El Ejecutivo Nacional creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en el espacio geográfico de la República (...)".

Al respecto, la ministra Hernández señaló a CNB: "¿Por qué todas nuestras comunicaciones van a Miami? ¿Por qué es desde ahí que tienen que salir necesariamente todas nuestras comunicaciones? (&) ¿Por qué no hacemos esa comunicación aquí mismo? (...) Nuestras comunicaciones viajan innecesariamente hasta ese punto"

Al respecto, Carlos Correa, director de la Organización No gubernamental Espacio Público -que monitorea permanentemente el estado de la libertad de información y expresión en el país- sostiene: "La preocupación es sobre los mecanismos de control de contenidos que pueda aplicar, si se tiene un solo punto de interconexión".

Núñez Noda -quien además es profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello- expresa también su inquietud: "Lo preocupante es que, dada la actitud que tiene el Gobierno hacia la empresa privada, no parece que un punto de acceso único lo puedan usar para bajar los costos del servicio de los proveedores pequeños, más bien me hace pensar que se hace para establecer algún punto de control sobre el tráfico".

Pero, ¿cómo puede el Gobierno ejercer el control sobre la red, usando el punto de acceso?, Núñez responde: "Imagínate que el agua que se distribuye en una ciudad viniese a través de una sola tubería y de allí se dirigiera a estaciones de bombeo que atienden zonas específicas y de allí a estaciones más pequeñas que atienden a urbanizaciones. Quien controle esa gran tubería central, pudiera en cualquier momento cerrarla y dejar sin agua a todos. Eso es una posibilidad que tiene el que controle ese gran punto de acceso a Internet, porque todo el mundo tiene que pasar por allí".

En ese sentido -explica el especialista- "si hubiese una emergencia o una situación que el Gobierno considerara que atente contra la seguridad nacional, podría cortar Internet".

¿Pero puede el Gobierno, además, limitar los sitios accesibles en la WEB? "Técnicamente sí, -responde Núñez Noda-. porque hay un software de filtrado, que permite que quien tiene el canal pueda bloquear los sitios selectivamente". De tal forma que el Gobierno podría "hacer una lista de sitios que considere inadecuados e inconvenientes".

No obstante, hay normas internacionales administradas por autoridades que controlan los puntos de acceso y los servidores IPX que establecen que quienes tengan esos puntos, sean públicos o privados, no pueden filtrar contenido.

"El tránsito debe ser libre y si hay filtrados debe ser a un nivel local, pero desde el punto de vista de servicio público, los convenios internacionales prohíben que se bloquee contenido, si no hay una causa internacionalmente establecida, como pornografia infantil", dice el investigador universitario.

"Desde el punto vista técnico se puede (filtrar el contenido), desde el punto de vista de convenios internacionales no se puede, y desde el punto vista legal tampoco, porque eso atenta contra la libertad de expresión, eso es como que el Gobierno diga, este periódico puede circular y este no", sostiene Núñez Noda. Por lo pronto el control estatal de la red es sólo una posibilidad, pero, ¿se concretará?

El Universal