Este lunes 28 de febrero Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, fue sentenciado a siete años, seis meses, 22 días y 12 horas de prisión, a pesar de no tener pruebas en su contra. Luego de dos días de fuertes protestas en Guayana en rechazo a la sentencia, a González se le dio libertad bajo régimen de presentación. Será en adelante otro más de los cerca de 2.500 venezolanos que hoy enfrentan procesos judiciales por ejercer el derecho de protesta, a pesar de estar consagrado en la Constitución y considerado un derecho humano universal. Rubén González, estaba detenido desde septiembre de 2009 acusado de provocar supuestamente disturbios en agosto de ese año, durante una manifestación que reclamaba el pago de los pasivos laborales de los trabajadores de la estatal Ferrominera del Orinoco. Con esta sentencia el Gobierno trata de ponerles una mordaza a los trabajadores, y condenar al sindicalismo y al derecho a la protesta al ostracismo. Desde hace muchos años el Gobierno ha demostrado que no tolera protestas a su mandato. Una de las primeras víctimas de esta política de Estado fue el general de la Guardia Nacional, Alfonzo Martínez, enjuiciado y condenado por su participación en una manifestación organizada por una asociación de vecinos en la plaza Madariaga de El Paraíso en diciembre de 2002. A partir de 2005, esa restricción a las protestas siguió en aumento. Se reformó el Código Penal para incluir normas de desacato, que castigan ofensas a las autoridades y funcionarios públicos, y se estipulan sanciones más severas para quienes propicien interrupción del tráfico o las actividades de los organismos públicos. A esto se le suman las persistentes declaraciones del mandatario nacional y muchos de sus ministros, incitando a las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes. Una de ellas, señalada por el informe de Provea como característica de esa instigación, fue la orden de Chávez en enero de 2009: "a quien salga a quemar un carro, unos árboles o trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso". A esta política represiva contra todo venezolano que proteste, se le suma la persecución judicial contra los activistas sindicales, debido a la creciente ola de reclamos de reivindicaciones económicas, laborales y sociales establecidas en las contrataciones colectivas. La determinación confesa de Chávez, es apagar cuanta candelita se prenda en el país, más aún en momentos cuando están ardiendo las barbas de algunos de sus compinches universales.
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