demolición de las casas del barrio Las Luces en Puerto Ordaz, ordenado por la Corporación Venezolana de Guayana y avalado por las oficinas de Regulación y Planificación Urbana de la Alcaldía de Caroní, fue ejecutada ayer en la mañana dejando construcciones en el piso y familias devastadas tras no poder hacer nada. La Policía del estado Bolívar y la Guardia Nacional Bolivariana mantenían en orden el procedimiento hasta que los afectados se enfrentaron con piedras provocando el descontrol y el uso de gas lacrimógeno para disuadir la manifestación.

? ?Por qué no se habían abocado antes y vienen sin ni siquiera un aviso previo, esto es una arbitrariedad?, dijo Carolina Castañedo, una de las mujeres afectadas.

? ?Aquí no se puede habitar porque hay dos cárcavas que están socavando la zona y puede ocurrir un deslave?, afirmó el comandante de la Policía del estado Bolívar.

Estefania Todisco
Foto José Leal

Las familias del sector Las Luces -ubicado en las adyacencias de Colinas de Unare- despertaron este martes con el rugir de la maquinaria y la voz de alerta de los cuerpos policiales del estado Bolívar que ingresaron a la zona para desalojarlas y luego proceder a la demolición de sus construcciones y viviendas.

La razón que dieron las autoridades radica en el riesgo de los terrenos habitados por su cercanía con la cárcava formada que ya ha causado accidentes, como también el tema de la propiedad, ya que esos terrenos pertenecen a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), según declaraciones oficiales.

El plan de recuperación tomó por sorpresa a los habitantes quienes no tenían conocimiento del procedimiento que se haría esa mañana. Los vecinos explicaron que nadie les informó de esa toma, la cual ellos consideran irregular por ser repentino.

"Nadie de la CVG vino, nadie nos dijo que no nos metiéramos. Todas estas viviendas nos la hemos sudado y ahora nos tumban todo", declaró Yesenia Zabala, propietaria afectada.

Razones sin propuestas
El comandante de la Policía del estado Bolívar Julio César Fuentes Manzulli aclaró a los medios: "El desalojo de las invasiones de estas áreas es de acuerdo a la regulación urbana con orden de la Alcaldía Socialista Bolivariana de Caroní (Alsobocaroní) y Fiscalía. Aquí no se puede habitar porque hay dos cárcavas que están socavando la zona y puede ocurrir un deslave".

Carolina Castañedo, quien poseía una construcción en la zona, expresó "tenemos casi dos años en este proyecto, muchos hemos dejado dinero en autogestión para levantar todo esto, hasta luz tenemos e hicimos un análisis topográfico. ¿Por qué no se habían abocado antes y vienen sin ni siquiera un aviso previo, esto es una arbitrariedad".

En cuanto a los datos aportados por Manzulli con respecto a las bienhechurías y familias registradas dijo: "son un total de 40 casas por demoler de las cuales sólo 5 están habitadas". No obstante los afectados gritaban que eran más de 200 familias perjudicadas por la medida de demolición.

El comandante también indicó que no hay propuestas de alojo ni indemnización de las casas y construcciones porque era una invasión en tierras privadas y con alto peligro en el suelo.

Desastre dejó detenidos
Alrededor de las 10:00 de la mañana la situación se complicó debido a la frustración de las personas que perseguían las maquinarias para que no derrumbaran sus casas. Gritos y llantos se oían por el desespero y la impotencia.

Tras el desastre y descontrol de los perturbados los cuerpos policiales y uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispersaron a las personas con gas lacrimógeno. A cambio recibieron una lluvia de piedras y trozos de bloques.

La llegada de la comisionada del gobernador, Mayelis Lara, provocó la rabia vecinal. Lara no pudo dar informaciones a la prensa ya que fue embestida por todos los presentes teniendo que retirarse inmediatamente del lugar.

Como resultado de los sucesos fueron detenidas cuatro personas por desestabilizar el proceso de demolición, por agresión a los funcionarios y por no querer colaborar con el desalojo.

Graves consecuencias
Varias familias se quedaron sin hogar y con sus inversiones en el suelo. Los habitantes del sector Las Luces denuncian que son más de 200 familias que quedarían en la calle y con su dinero perdido. Exigían respeto y una mejor medida, reclamaban que la forma de ejecución no fue la más adecuada, pues las consecuencias son muchas y graves.

Cuando todo parecía haber terminado apenas empezaba. Salieron a la calle en protesta por la disposición efectuada, quemaron cauchos y lanzaron bombas de preparación casera (molotov).

Iniciaron en la Avenida Norte Sur 1, cerca de la Terminal de Pasajeros de Puerto Ordaz, luego trasladaron la concentración hacía el Paseo Caroní hasta llegar al semáforo del antiguo Fridays para hacer escuchar sus reclamos y exigir propuestas o soluciones a lo sucedido durante la mañana; el procedimiento de desalojo y destrucción.

    Oficinas municipales apoyan medida de CVG

Las direcciones de Regulación y Planificación Urbana de la Alcaldía de Caroní apoyaron la orden de demolición de bienhechurías impuesta por la Gerencia de Bienes Inmuebles de la CVG alegando que se trata de una "defensa de los ejidos municipales".

Mediante un comunicado de prensa, la directora de Regulación Urbana, Yanina Battaglia manifestó que las personas que ocupaban los terrenos de manera ilegal, incumplieron con la referida ordenanza, pues los terrenos ocupados son una zona de protección, ya que la zona no es apta para la construcción de residencias, deforestando más de una hectárea del cerro Roberto.

Destacó que quienes invadieron los terrenos afectaron de manera arbitraria al ambiente donde existe una micro cuenca, que impide que éstos sean aptos para las construcciones.

Dijo que se actuó de manera inmediata -aunque los ocupantes ilegales tenían dos años en las tierras-, apegados a la ordenanza de zonificación en su artículo 25 que establece que toda construcción en las zonas P, deberá ser aprobada y condicionada por la Corporación Venezolana de Guayana.

Indicó que además de las autoridades policiales, durante el operativo estuvieron presentes funcionarios de la Guardia Ambiental, que luego de presentados los informes de la Policía del estado, sobre las faltas cometidas por estas personas en materia ambiental, aplicarán las multas correspondientes de acuerdo a la ley.